El vacío de la respuesta del régimen al terremoto

Jesús Elorza

La ocurrencia de desastres socio ambientales, de naturaleza sísmica, desnuda de forma inmediata el nivel de resiliencia y el apresto operacional de las instituciones de un país. Ante los devastadores efectos de un reciente movimiento sísmico, la respuesta del régimen venezolano evidenció un profundo vacío estructural, arraigado en la incapacidad operativa, el desmantelamiento logístico y la total ausencia de protocolos preventivos rigurosos. En lugar de articular una acción institucional articulada, técnica y eficiente, la fase inicial del desastre se caracterizó por una severa ineficiencia del funcionariado público, delegando de facto el rescate de las víctimas atrapadas bajo los escombros en manos de la sociedad civil desasistida.

El colapso de la respuesta oficial no fue un accidente, sino el resultado de años de desmantelamiento institucional. Los puntos clave de este vacío gubernamental incluyen:

• Ausencia total de maquinaria y equipos: Zonas fuertemente golpeadas, como el estado La Guaira, enfrentaron saqueos y colapsos estructurales graves sin la más mínima presencia del Estado. Ante la escasez absoluta de maquinaria pesada —como retroexcavadoras y payloaders— y la falta de equipos especializados de búsqueda y rescate, los civiles se vieron obligados a intentar remover inmensas masas de concreto utilizando únicamente sus manos y herramientas caseras.
• Vacíos legales e improvisación técnica: En medio de la confusión, el alto mando decretó una "emergencia nacional", una figura jurídica que no existe en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Expertos en derecho constitucional señalaron de inmediato que el marco legal aplicable para catástrofes y calamidades públicas es estrictamente el Estado de Alarma. La Constitución establece una lista cerrada de tres estados de excepción:
1. Estado de Alarma: Diseñado de forma preventiva para catástrofes y calamidades públicas (con una duración de hasta 30 días, prorrogable).
2. Estado de Emergencia Económica: Para coyunturas financieras extraordinarias.
3. Estado de Conmoción Interior o Exterior: Para conflictos que amenacen la seguridad nacional.

El uso de un término inventado evidenció una profunda ignorancia y una total improvisación en la gestión de riesgos. Técnicamente, el estado de alarma se declara preventivamente para alistar recursos ante un fenómeno inminente, mientras que el estado de emergencia busca ejecutar acciones inmediatas. Al inventar un concepto, el régimen solo demostró su incapacidad técnica para manejar el desastre.

• Reacción tardía: Mientras la ciudadanía reportaba con desesperación la desaparición de miles de personas bajo las ruinas, la cúpula oficialista tardó hasta 24 horas en coordinar comparecencias gubernamentales y dar una fe de vida institucional, demostrando una preocupante lentitud y falta de empatía.

Crítica institucional: Militarización y control antes que ayuda

La prioridad fundamental del régimen no se centró en el despliegue inmediato y coordinado de asistencia humanitaria, sino en la preservación de su propia arquitectura de control. Esto se tradujo en el nombramiento apresurado de autoridades militares de corte netamente político, cuya formación técnica en materia de gestión de riesgos, ingeniería de rescate o atención prehospitalaria era nula. El escenario de la tragedia fue rápidamente militarizado con el propósito de ejercer un control informativo y territorial absoluto, bloqueando iniciativas ciudadanas autónomas sin aportar soluciones reales a la desesperada situación comunitaria.

     "En lugar de actuar conjuntamente con un pueblo voluntarioso y comprometido en ayudar a sus compatriotas afectados por el terremoto, el régimen, fiel a su esencia autoritaria, prefirió militarizar la situación y darle la espalda a los afectados..."

Lejos de facilitar el apoyo, la administración implementó un control burocrático restrictivo a través de la obligatoriedad de un registro en las instalaciones del Poliedro de Caracas con el fin de emitir una credencial de acceso a las zonas de desastre. Mientras los funcionarios encargados de dicho trámite operaban bajo esquemas rígidos de "horario de oficina", miles de voluntarios, médicos y rescatistas se vieron retenidos en prolongadas colas y horas de espera forzosa, retardando el auxilio en los focos críticos. A este panorama se sumaron declaraciones de carácter sectario por parte de autoridades locales; tal es el caso de un alcalde que instó públicamente a sus milicianos comunales a vigilar y denunciar si miembros de sectores de la oposición política organizaban centros de acopio o redes de ayuda voluntaria, manifestando explícitamente que la gestión del desastre era materia de monopolio exclusivo del régimen, aun cuando dicha ayuda estatal no se materializaba en el terreno.

En conclusión, el vacío en la respuesta estatal frente al terremoto pone de relieve el proceso de desinstitucionalización que atraviesa el país, donde las estructuras preparadas para la defensa y asistencia ciudadana han sido supeditadas a lógicas de control político y seguridad de Estado. Mientras la gestión interna colapsaba entre la ineficiencia operativa y las restricciones burocráticas, fueron los equipos de asistencia internacional y la solidaridad de la propia sociedad civil organizada los que asumieron la primera línea de rescate, mitigando el impacto de una tragedia que el Estado fue incapaz de gestionar.