“Si San Juan lo tiene, Sanjuán no lo da”

Jesús Elorza

A una sola voz, obreros, empleados y profesores —tanto activos como jubilados— entonan en los pasillos universitarios una frase que trasciende la devoción popular del cada 24 de junio para convertirse en un reclamo categórico de dignidad. El tradicional lema popular reverbera hoy con un sesgo amargo y desgarrador para retratar la política salarial y de exclusión impuesta por la Ministra de Educación Superior, Ana María Sanjuán.

La comunidad universitaria, articulada a través de sus autoridades académicas y representaciones gremiales, ha alzado la voz para denunciar el atropello y la discriminación sistemática que ejerce el Ministerio de Educación Universitaria. El foco del conflicto se centra en la negativa del Ejecutivo a cancelar el “Bono de Responsabilidad Académica” (anteriormente denominado “Bono de Responsabilidad Profesional”) a la totalidad del personal docente, administrativo y obrero de las Universidades, extendiendo la afectación tanto a trabajadores activos como a jubilados.

Los hechos que sustentan esta grave denuncia revelan un patrón de desmantelamiento institucional. En primer lugar, la asignación de este beneficio obedece a una decisión unilateral del Ejecutivo Nacional, adoptada a espaldas de las instituciones superiores y sin consulta alguna con las autoridades universitarias. El pago ha sido procesado mediante la data del Sistema Patria, despojando a la universidad de sus competencias históricas de control y gestión de nómina. Aunque la institución elabora y envía rigurosamente las maquetas para el procesamiento de los salarios y el bono de alimentación, no tiene participación ni fiscalización sobre la entrega de bonificaciones adicionales. Se desconocen los criterios técnicos aplicados, los montos definitivos y la lista real de beneficiarios.

Esta discrecionalidad se agrava con la ausencia de canales formales de comunicación. El Ministerio ha sustituido las vías institucionales y resoluciones oficiales por la difusión informal de flyers digitales. En la práctica, el bono ha sido entregado de manera excluyente, opaca y caótica, sumiendo a las familias universitarias en la incertidumbre y profundizando los niveles de pobreza extrema a los que ha sido sometido el sector.

No existen fundamentos legales, contractuales, económicos ni sociales que justifiquen la exclusión del personal jubilado de estas bonificaciones. La actuación ministerial quiebra flagrantemente los principios constitutivos de igualdad, no discriminación y progresividad de los derechos laborales consagrados en las leyes venezolanas. Para colmo de la arbitrariedad, la gestión ministerial ha introducido un sesgo de discriminación interinstitucional al limitar el pago efectivo de dicho bono a los profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), dejando desamparados a los trabajadores del resto de las casas de estudio del país.

Ante la ola de reclamos, la respuesta de la cartera ministerial ha sido evadir su responsabilidad, argumentando falsamente que la omisión en el pago responde al supuesto incumplimiento de las universidades en la entrega de sus nóminas. Cabe preguntarse con indignación: ¿Cómo se le pretende decir al país que un ministerio ignora la nómina de las universidades bajo su tutela? ¿Se ejercen responsabilidades de Estado sin conocer a los trabajadores que integran el sector?

Frente a este descalabro laboral y administrativo, la respuesta ministerial ha pretendido desviar la atención planteando la reforma de la Ley de Universidades. La contestación de la comunidad universitaria ha sido inmediata y contundente: lo urgente y prioritario es frenar la violación sistemática de los derechos laborales, restituir salarios dignos, respetar la autonomía universitaria, levantar el asfixiante cerco presupuestario y atender integralmente a los estudiantes mediante el rescate de comedores, transporte, bibliotecas y becas.

En el contexto actual, cualquier discusión legislativa solo buscaría afianzar el autoritarismo y consolidar la eliminación de los derechos conquistados. La verdadera transformación solo será posible garantizando elecciones libres y democráticas para renovar las autoridades rectorales y decanales en un ambiente de pleno respeto a la institucionalidad.

 

 

Estancamiento y retroceso en los Juegos

Jesús Elorza

En las instalaciones deportivas de toda Venezuela, el ambiente que se respira tras la conclusión de las citas internacionales es de perplejidad, frustración e indignación. Atletas, entrenadores y dirigentes deportivos coinciden en un mismo espacio de discusión planteándose las mismas interrogantes incriminatorias: ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo es posible que sigamos estando a la cola de Colombia? ¿Cómo explicar que Brasil nos triplique en medallas de oro (122 a 48)? ¿Quiénes son los responsables de este fracaso? ¿No y que éramos Potencia Deportiva? ¿Generación de Oro? ¿Venezuela se arregló?

Lo más grave y alarmante ante este escenario es que ninguna autoridad gubernamental o deportiva ha dado la cara ni ha ofrecido explicaciones coherentes sobre la actuación del país en los recién finalizados XIII Juegos Deportivos Suramericanos, celebrados en la Provincia de Santa Fe, Argentina.

En medio de la consternación, un entrenador caminaba de un lado a otro manifestando su incredulidad:

—No puede ser, no puede ser. No logro entender cómo fuimos desplazados por Chile y Argentina, países que en los últimos veinte años siempre estaban por debajo de nosotros y ahora nos desplazan a la quinta posición en la tabla final de los juegos.

Un colega del área técnica ratificó la declaración y aportó un análisis cronológico detallado para precisar el origen y la evolución del deterioro competitivo:

—Certifico lo señalado por mi colega. Para ser más exactos, me permito recordar que en los VII Juegos Suramericanos de 2002 logramos alcanzar el segundo lugar con 97 medallas de oro. Pero ojo: este resultado, gústele o no al gobierno, fue producto de los ciclos de preparación desarrollados en las administraciones anteriores, mal llamadas por este régimen como la "IV República".

Posteriormente, la narrativa gubernamental disfrazó ese logro deportivo institucional con una consigna demagógica conocida por todos como la "Generación de Oro". Sin embargo, la historia se ha encargado de desmentir el discurso oficial, dejando al descubierto la progresiva pérdida de competitividad a lo largo de las últimas décadas:

• Juegos Suramericanos 2010: La cosecha de metales dorados descendió a 89 medallas de oro.
• Juegos Suramericanos 2014: Se registró una caída abrupta al obtener únicamente 47 medallas de oro.
• Juegos Suramericanos 2018: En pleno ciclo promocionado como la "Potencia Deportiva del Siglo XXI", el rendimiento cayó a 43 medallas de oro.
• Juegos Suramericanos 2022: La debacle se profundizó al cosechar apenas 31 medallas de oro, lo que relegó al país al quinto lugar del medallero.
• Juegos Suramericanos 2026: El estancamiento se consolida al no poder superar la barrera habitual, alcanzando 48 medallas de oro y manteniéndose en el quinto puesto general.

En un período de más de dos décadas (2002-2026), la gestión deportiva estatal ha provocado un retroceso de más del 50% en la obtención de preseas doradas. La delegación venezolana permanece estancada sin poder superar el techo de las 50 medallas de oro, perdiendo progresivamente posiciones de liderazgo frente a sus pares continentales.

Más allá del análisis estadístico y de los cuadros de rendimiento, los dirigentes deportivos destacan la necesidad de determinar las causas sistémicas que originaron esta pérdida de nivel competitivo. Factores de índole social, económica, política, ética, moral y laboral convergen en el diagnóstico de la crisis.

Entre las políticas y omisiones implementadas por la administración pública durante las últimas décadas, se sintetizan los siguientes elementos determinantes:

1. Violación sistemática y constante de la autonomía del Comité Olímpico Venezolano y de las Federaciones Deportivas Nacionales.
2. Suspensión arbitraria del Registro de las Organizaciones Deportivas, dejando en un limbo legal e institucional a todo el sector deportivo federado.
3. Concentración de esfuerzos ministeriales y olímpicos en la disputa por el poder político e institucional, desplazando la atención del desarrollo atleta y forzando a las federaciones a someterse a maniobras de cooptación.
4. Falta de transparencia en la ejecución y manejo de los cuantiosos recursos del Fondo Nacional del Deporte, sumada a la irregularidad en la asignación de divisas a través de antiguos mecanismos de control cambiario como Cadivi.
5. Encubrimiento de hechos ilícitos vinculados a la logística, transporte, viáticos y alimentación de las delegaciones en compromisos internacionales.
6. Firma de convenios leoninos con Cuba para la contratación e importación masiva de entrenadores, en detrimento del talento y la formación nacional.
7. : Inexistencia de auditorías ante las irregularidades en la construcción de obras deportivas (como el Estadio Iberoamericano de Atletismo en Maracay) y el abandono progresivo de más del 80% de las instalaciones deportivas del país.
8. Carencia recurrente de asignación presupuestaria para los Programas Operativos Anuales (POA) de las distintas disciplinas.
9. Congelamiento de convenios colectivos desde el año 2000, salarios insuficientes, desprotección en materia de salud (HCM)
10. La suspensión prolongada de los Juegos Deportivos Nacionales desde 2013 eliminó la principal vitrina de talento juvenil para el recambio generacional de los ciclos olímpicos.

La resistencia del atleta y el balance final

A pesar del colapso estructural, entrenadores y dirigencia nacional coinciden en reconocer el esfuerzo sobrehumano de los atletas venezolanos. Los deportistas asumen sus entrenamientos y competencias con entereza, enfrentando la falta de insumos, instalaciones deterioradas, becas de cuantía simbólica y una protección social deficiente.

       MEDALLERO GENERAL - JUEGOS SURAMERICANOS 2026      

       Posición | País        | Desempeño

       ----------|-------------|------------------------------------

           1°    | Brasil      | Líder continental (122 Oros)

           2°    | Argentina   | Consolidado en podio

           3°    | Colombia    | Crecimiento ostensible

           4°    | Chile       | Superación competitiva

           5°    | VENEZUELA   | Estancamiento y retroceso (48 Oros)

El cuadro final de medallas refleja la realidad del deporte nacional: Venezuela ha sido superada holgadamente por Brasil, Argentina, Colombia y Chile, quedando relegada a la quinta casilla de la región.

El balance negativo en los Juegos Suramericanos no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de la incompetencia, el afán de control totalitario y el uso propagandístico del deporte por parte de las autoridades gubernamentales. La reconstrucción del sistema deportivo nacional y la meta de alcanzar "Un Deporte Mejor en Una Sociedad Mejor"  solo será posible con la sustitución de el régimen usurpador .

 

 

Los deportistas en la calle

Jesús Elorza

Los trabajadores del sector deportivo —atletas, entrenadores, dirigentes, empleados, obreros, médicos, periodistas, abogados, profesores de educación física, padres y representantes— se sumaron activa y solidariamente a la marcha del pasado jueves 24 de septiembre. La movilización tuvo como propósito exigirle al Ministro del Trabajo una respuesta a los pliegos que en distintas oportunidades han presentado las organizaciones gremiales y sindicales, los cuales hasta el momento solo han recibido por respuesta un silencio cómplice.

La paz laboral de la República no se decreta mediante la coacción ni el silenciamiento de las exigencias legítimas de los trabajadores; es el fruto ineludible de la justicia social, el respeto irrestricto a la Constitución y la restitución de la dignidad salarial y las pensiones.

Los representantes del sector deportivo recordaron formalmente al despacho ministerial que aún no ha dado respuesta al pliego de exigencias entregado en marzo de 2026, donde se detallan los derechos conculcados en los últimos años. Esta actitud de invisibilizar las peticiones resulta condenable, más aún cuando el artículo 51 de la Constitución Nacional faculta a los ciudadanos a exigir oportuna respuesta de las instituciones del Estado. Ignorar este mandato vulnera los derechos laborales mientras el peso de la crisis económica se descarga injustamente sobre los trabajadores.

Desde el año 2018, el sector laboral padece una política de confiscación de la riqueza social que pulverizó el poder adquisitivo de activos, jubilados y pensionados. Medidas de corte neoliberal como el Memorándum 2792 y el Instructivo ONAPRE aplanaron los tabuladores salariales, congelaron aumentos y anularon de facto la negociación colectiva libre y democrática. Beneficios históricos consagrados en contratos colectivos —como los seguros de salud (HCM) y la gestión de cajas de ahorro— fueron cercenados, mientras las prestaciones sociales quedaron reducidas a polvo cósmico por la hiperinflación. Hoy, más de 5 millones de pensionados y 4 millones de trabajadores activos sobreviven en pobreza extrema con salarios que violan el artículo 91 de la Constitución (CRBV), el cual establece que el salario mínimo debe tomar como referencia el costo de la canasta básica.

Esta realidad adquiere un matiz de indigna contradicción. Mientras se promociona un gigantesco convenio petrolero a largo plazo con Estados Unidos y la flexibilización de licencias energéticas que incrementan la renta nacional, esta bonanza brilla por su ausencia en el bolsillo trabajador. La riqueza sigue acumulándose en el factor capital y en las altas esferas financieras, mientras al trabajador se le confina a bonificaciones discrecionales no salariales que no inciden en vacaciones, aguinaldos ni prestaciones.

Por ello, el sector deportivo tomó la calle exigiendo atender la crisis mediante peticiones concretas:

1. Aumento general de sueldos, salarios y pensiones, con piso de arranque indexado al costo real de la Canasta Básica (Art. 91 CRBV).
2. Pago íntegro y no fraccionado de aguinaldos recalculados conforme al nuevo salario, en estricta igualdad para pensionados del IVSS y la Misión Amor Mayor (Bono no es salario).
3. Derogación inmediata del Instructivo ONAPRE y del Memorándum 2792, restituyendo las convenciones colectivas vencidas.
4. Respeto a la intangibilidad y retroactividad de las prestaciones sociales (Art. 142 LOTTT), rechazando leyes de emergencia que vulneren el ahorro laboral.
5. Libertad plena para trabajadores y dirigentes sindicales o políticos detenidos por protestar pacíficamente, así como el cese a la criminalización de la lucha laboral.

De manera clara y contundente los deportistas le señalaron al ministro que, la paz y la estabilidad económica de la nación solo serán posibles mediante la restitución de la Democracia, la Libertad, la justicia social y el respeto a la dignidad del trabajo. Rechazaban que la crisis humanitaria que padecen los adultos mayores y los trabajadores siga ausente de las prioridades de quienes hoy ejercen poder e influencia sobre el futuro de Venezuela. Mientras se anuncian millonarios ingresos y se habla de una supuesta recuperación económica, los pensionados, jubilados y trabajadores venezolanos continúan condenados a sobrevivir con una pensión y un salario mínimo de 130 bolívares mensuales, congelados desde marzo de 2022 y reducidos, por efecto de la devaluación, a un ingreso incapaz de garantizar siquiera la alimentación o la compra de medicinas.

Las pancartas mostradas en la jornada resumieron con claridad la proclama de los deportistas en la calle: Todas las luchas una sola lucha; Salarios y Pensiones dignas, Democracia y Libertad; Libertad Plena para los presos políticos; Elecciones Ya; Por un Deporte Mejor en una Sociedad Mejor.

 

Caracas, 24 de septiembre del 2026

Ciudadano:

Dr. Carlos Alexis Castillo

Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo

Su despacho. -

Ciudadano ministro:

Los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, reunidos en la legítima defensa de nuestros derechos constitucionales, nos dirigimos a su despacho en una hora apremiante para la vida nacional. La paz laboral de la república no se decreta mediante la coacción ni el silenciamiento de las exigencias legitimas de los trabajadores; es el fruto ineludible de la justicia social, el respeto irrestricto a la Constitución y la restitución de la dignidad salarial que le ha sido arrebatada a la clase trabajadora.

En primer lugar, queremos recordarle formalmente que su despacho no ha dado respuesta al pliego de exigencias laborales entregado el pasado mes de marzo de 2026, donde se le hizo un resumen exhaustivo de todos los derechos conculcados a los trabajadores en los últimos años. Esta actitud de invisibilizar e ignorar las peticiones de los trabajadores y sus organizaciones, resulta totalmente condenable, más aún cuando el artículo 51 de la Constitución Nacional faculta expresamente a los ciudadanos a solicitar y exigir oportuna respuesta de los ministros y de las instituciones del Estado venezolano. Ignorar este mandato legal y constitucional vulnera flagrantemente nuestros derechos, mientras el mayor peso de la crisis económica ha sido echado injustamente a nuestras espaldas

En esta oportunidad resaltamos de extrema gravedad lo siguiente:

I. La destrucción sistemática del trabajo y el salario (2018–2026)

Desde el año 2018 venimos padeciendo una política de confiscación de la riqueza social que pulverizó el poder adquisitivo de los trabajadores activos, jubilados y pensionados. La implementación de medidas de corte neoliberal como el Memorándum 2792 y la profundización de este modelo a través del Instructivo ONAPRE, homologaron e igualaron hacia abajo los tabuladores salariales, congelaron los aumentos de sueldos y anularon de facto la negociación colectiva libre y democrática.

Los beneficios históricos consagrados en contratos colectivos —como los seguros de salud (HCM) y la gestión soberana de nuestros fondos de ahorro y cajas de ahorro— fueron cercenados. Las prestaciones sociales, diseñadas como un ahorro para la vejez y la seguridad del trabajador, quedaron reducidas a polvo cósmico por la hiperinflación y la devaluación. Hoy, más de 5 millones de pensionados y 4 millones de trabajadores activos sobreviven condenados a la pobreza extrema, devengando un salario pulverizado que viola flagrantemente el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el cual obliga a que el salario mínimo tenga como referencia el costo de la canasta básica.

II. Renta petrolera extraordinaria vs. hambre en el bolsillo del trabajador.

Esta tragedia social adquiere un matiz de absoluta contradicción e indignidad en el escenario actual. Mientras se publicita la cristalización de un gigantesco convenio petrolero a largo plazo (de hasta 100 años) con los Estados Unidos, engranado con la flexibilización de licencias energéticas y un incremento sustancial de la renta nacional e ingresos fiscales, esta bonanza brilla por su total ausencia en el bolsillo de la clase trabajadora. La inmensa riqueza generada por el esfuerzo y el sacrificio de nuestro pueblo sigue acumulándose en el factor capital y en las altas esferas de la renta privada y financiera, mientras al trabajador se le mantiene confinado a bonificaciones discrecionales y no salariales que no inciden en las vacaciones, los aguinaldos ni en las prestaciones sociales.

III. Exigencias Claras de la Clase Trabajadora.

Por todo lo expuesto, los abajo firmantes —en representación genuina del movimiento sindical, gremial, profesional y social del país— EXIGIMOS:

1. Aumento general de sueldos, salarios y pensiones, cuyo piso mínimo de arranque esté indexado al costo real de la Canasta Básica, dando fiel cumplimiento al artículo 91 de la CRBV.

2. El pago íntegro, completo y no fraccionado de los aguinaldos recalculados conforme al nuevo salario exigido, garantizando estricta igualdad para los pensionados del IVSS y la Misión Amor Mayor.

3. La derogación inmediata del Instructivo ONAPRE y del Memorándum 2792, con el consiguiente reinicio y respeto a las discusiones de las convenciones colectivas vencidas, tanto en el sector público como privado.

4. Respeto absoluto a la intangibilidad y retroactividad de las prestaciones sociales (Art. 142 LOTTT) y cese a la pretensión de aprobar leyes de emergencia que vulneren el ahorro de los trabajadores al final de su vida útil.

5. Libertad plena para todos los trabajadores y dirigentes sindicales y sociales injustamente detenidos y judicializados por protestar pacíficamente, así como el cese definitivo de la persecución y criminalización de la lucha sindical.

Señor ministro, la paz y la estabilidad económica de la nación solo serán posibles mediante la restitución de la justicia social y el respeto a la dignidad del trabajo. De no obtener una respuesta satisfactoria y pronta a estas demandas impostergables, la protesta de los trabajadores, pensionados y jubilados seguirá en las calles de manera firme y consecuente hasta lograr la reivindicación de nuestros derechos vulnerados por el Ejecutivo Nacional y la patronal privada.

Atentamente,

John Muñoz, Robert Rodríguez, Héctor López, Alberto Centeno, Iván Briceño y Jesús Elorza

Coordinadores de Gente del Deporte

Todas las luchas una sola lucha.

Salarios y Pensiones dignas, Democracia y Libertad.

Libertad Plena para los presos políticos

Por un Deporte Mejor en una Sociedad Mejor

 

 

De «Patria o Muerte» al «Chanel Nº 5»

Jesús Elorza

Hubo un tiempo en que las paredes de la Organización de las Naciones Unidas temblaron bajo el retumbo de la retórica antiimperialista. Corría el año 2006 y el difunto Hugo Chávez, en un arranque de teatralidad tropical, persignándose e invocando la salvación del Altísimo, declaraba desde el podio neoyorquino que en el recinto todavía "olía a azufre" porque por allí había pasado el "diablo" en persona: George W. Bush. Aquel drama revolucionario, saturado de gas metano ideológico, pólvora y soberanía de micrófono, marcó una época.

Pero los tiempos cambian, la geopolítica evoluciona y el sentido del olfato del régimen venezolano ha sufrido una metamorfosis tan drástica que dejaría atónito al mismísimo Jean-Baptiste Grenouille el protagonista de la novela El perfume, del escritor alemán Patrick Süskind.

En la Asamblea General de la ONU de 2026, el turno al bate le correspondió a la usurpadora vicepresidenta e “ilustre diplomática” Delcy Rodríguez. Sin embargo, quienes esperaban el habitual libreto de "pitiyankis", "bloqueos criminales" e "imperio voraz", se quedaron atónitos. Delcy no llevó al recinto Biblia alguna ni invocó el tufo del averno. En su lugar, ajustándose los anteojos y con una sonrisa que destilaba una devoción casi celestial, bajó la cabeza con elegancia sumisa ante el mapamundi para rendir honores a su verdadero guía espiritual y protector internacional: Donald J. Trump.

Olvidado quedó el azufre. La nueva diplomacia de la "revolución" no huele a petróleo pesado del Orinoco ni a combustión social; huele, según palabras de la propia portavoz, a la más pura y refinada fragancia de Chanel Nº 5.

«Que el mundo entero lo sepa», proclamó con orgullo no disimulado desde el estrado. «Gracias a las sabias enseñanzas de mi excelso tutor, el presidente Donald Trump, he podido alcanzar este nivel supremo de la diplomacia global. Solo bajo la mirada protectora de nuestro tutor el mundo puede finalmente escuchar nuestras políticas y comprender la sublime belleza de nuestra sumisión al vasallaje. Aceptamos nuestro rol con hidalguía, gallardía y perfume francés».

En un discurso histórico que dejó perplejos a los internacionalistas más experimentados, la representante del gobierno venezolano dejó bien claro que las viejas alianzas y las amistades de ayer han pasado al cesto de la basura de la historia. «Que no haya confusiones en esta sala: yo no tengo nada que ver, ni en pensamiento ni en olor, con Nicolás Maduro, y mucho menos con el trasnochado pensamiento de Hugo Chávez. Mi aroma no es de caca, es de Coco», enfatizó en tono categórico.

Acto seguido, la alta funcionaria se tomó un momento para saldar viejas rencillas de pasillo y vestidor con la otrora intocable "primera combatiente", Cilia Flores. «Durante años tuve que soportar esa pestilencia de colonia barata Jean Marie Farina que usaba Cilia en los consejos de ministros. ¡Ya basta de mediocridad olfativa! Que el mundo entero sepa desde este templo de la diplomacia que la nueva consigna oficial e indestructible de nuestro proceso es: ¡Chanel y Tutor por Siempre!».

El desglose de la agenda gubernamental bajo este nuevo y perfumado esquema de protectorado no escatimó en detalles técnicos ni en promesas de lealtad. Rodríguez anunció que los acuerdos petroleros recientemente pactados con las corporaciones norteamericanas están impregnados de una "exquisita y envolvente fragancia de Coco Chanel". Y para despejar cualquier duda sobre el compromiso del régimen con su benefactor, sentenció con autocrática firmeza: «No habrá elecciones en Venezuela hasta que no hayamos entregado a nuestro tutor la última gota de nuestro petróleo. Ese es el precio de la paz y de las buenas costumbres».

En cuanto a la política interna, el rigor del régimen no perderá su esencia, solo ganará distinción. Los presos políticos continuarán tras las rejas, e incluso se prevé una ampliación de la infraestructura carcelaria para alojar a nuevos inquilinos que no sepan apreciar el aroma del nuevo orden. Por su parte, la renovación de los poderes públicos promete una pluralidad matemática envidiable: la conformación del nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ostentará una impecable correlación de 25 a 5 a favor de la causa tutelada, mientras que los cinco rectores del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) serán "cinco personas sumamente amorosas" encargadas de velar por la estética del proceso.

Tras culminar la alocución, Delcy Rodríguez detalló con ilusión su agenda privada en Nueva York. Aclaró que, sostuvo una cumbre bilateral de altísimo nivel con el presidente Trump, en la que contamos con la grata presencia de la primera dama Melania Trump. Lejos de aburrirse con farragosos tratados de extradición o macroeconomía, los temas centrales de la agenda oficial giraron estrictamente en torno a la elegante manera de vestir de la pareja presidencial, la combinación de sus corbatas y vestidos y la curaduría de sus perfumes de alta gama.

Sin embargo, el clímax de la jornada no ocurrió en el micrófono, sino en el ambiente.

Conforme avanzaba la oda al tutelaje y el elogio desmedido al Chanel Nº 5, una extraña sensación comenzó a apoderarse de la sala. Los delegados de las diferentes naciones comenzaron a carraspear, a cubrirse la nariz con pañuelos y a cruzarse miradas de profundo malestar. El ambiente dentro de la Asamblea General se volvió denso, pesado, irresistible. Uno a uno, los diplomáticos de Europa, Asia, África y América Latina abandonaron sus escaños en estampida, huyendo no de un ataque químico, sino de un hedor sofocante.

Al finalizar el emotivo discurso, el majestuoso recinto de las Naciones Unidas estaba absolutamente vacío. Bueno, casi vacío. En medio del desierto de sillas de madera, solo permanecía sentado, con expresión de perplejidad y una ligera mueca de incomodidad, el delegado de los Estados Unidos.

A las afueras del edificio, en los pasillos de la ONU, el consenso de los diplomáticos fue unánime e incisivo. El régimen usurpador e interino de Venezuela había logrado una hazaña inédita en la historia de la diplomacia mundial: intentar disfrazar la descomposición política con cosmética de importación. En los corrillos internacionales no se hablaba de otra cosa: la llamada revolución bolivariana había completado su más brillante y grotesca evolución geopolítica, pasando sin escalas —pero con mucho descaro— del Azufre al Chanel... aunque fuera un Chanel Nº 5 chimbo.

 

 

EL CRUDO ACUERDO SOBRE EL CRUDO

Jesús Elorza

El acuerdo petrolero firmado el 28 de agosto de 2026 entre la usurpadora presidenta encargada Delcy Rodríguez, el "Bolichico" Alejandro Betancourt y la administración Trump contempla la explotación de diecisiete campos, 65.000 millones de barriles y cien años de concesión para la empresa NABEP. En el mismo se establece que Estados Unidos obtiene el 35% de participación accionaria y derechos preferenciales sobre la producción. Venezuela recibirá regalías e ingresos fiscales a lo largo de los años. El petróleo ya tiene dueño, fecha de inicio y flujo de caja. La democracia, en cambio, sigue siendo un proyecto a futuro, un eventualmente que se desvanece.

Arturo Uslar Pietri intuyó que el petróleo sería el demonio de las oportunidades, la fuerza que malograría la vocación del país. Ese demonio, ahora, ha encontrado nuevos sacerdotes: ya no hablan de sembrar el petróleo, como en el viejo aforismo, sino de administrarlo en cuentas de espera mientras la democracia se posterga. El acuerdo no hace sino reafirmar el diagnóstico de Uslar: el subsuelo sigue siendo más poderoso que cualquier proyecto de nación.

Marco Rubio viaja por Sudamérica para justificar el acuerdo sobre el crudo. De Miami a Barranquilla, de Barranquilla a Quito, de Quito a Lima. Cada ciudad es una estación de un mismo ritual: el protocolo, la comitiva, la bandera. Pero hay algo que no figura en la agenda y que llega antes que él, la pregunta:

—Secretario, ¿cuándo habrá elecciones presidenciales en Venezuela?

Es la pregunta que todo lo puede. La que desnuda las contradicciones de su política, la que convierte el discurso sobre libertad en un ejercicio de malabarismo verbal. Rubio la ha escuchado tantas veces que podría responderla dormido. Pero la respuesta, precisamente, es lo que lo mantiene despierto.

"Más temprano que tarde", dice. Y añade el complemento que convierte la promesa en coartada: "a través de un gobierno electo democráticamente". La frase tiene la estructura de una respuesta y la sustancia de una evasiva. No hay cronología en "más temprano", ni garantía en que "tarde". Es un adverbio que no se compromete con el calendario, una puerta abierta que da a un pasillo sin salida. Rubio lo sabe. Los periodistas lo saben. Los venezolanos que escuchan la transmisión lo saben. Pero la fórmula se ha vuelto indispensable, porque es el único puente que conecta dos realidades incompatibles: la urgencia democrática que exige su discurso y la paciencia geopolítica que exige su acuerdo.

Con ella, intenta conciliar lo inconciliable: justificar el negocio presente con la redención futura. Pero el mecanismo argumentativo es frágil, porque la pregunta original vuelve siempre al punto de partida: si el gobierno electo es la condición para que los ingresos lleguen al pueblo, ¿qué hacemos mientras tanto con el petróleo que ya se está extrayendo, facturando y embarcando? La respuesta, que Rubio calla, es que el dinero se acumula en cuentas de espera, administradas por el mismo tutor que hoy controla la transición. El nuevo chavismo o el chavismo traidor, como lo llaman algunos, sigue ahí: menos ruidoso, más pragmático, más receptivo al capital occidental, pero igualmente dueño de las palancas reales del poder.

Para el petróleo, todo fue urgente. Para las elecciones, todo es paulatino. Esa asimetría es lo que alimenta al fantasma que persigue a Rubio. El secretario se defiende invocando la complejidad técnica de una transición: hay que reconstruir el CNE, la Corte Suprema, el sistema de partidos, la prensa libre. Todo eso es cierto, pero suena a excusa cuando se contrasta con la velocidad con que se firmó el acuerdo petrolero. Las concesiones se redactaron en semanas. El cronograma electoral, en cambio, sigue sin fecha. El argumento de Rubio contiene una contradicción interna: si el gobierno interino tiene capacidad para firmar un contrato de 65.000 millones de barriles por cien años, ¿por qué carece de capacidad para organizar un proceso electoral? La pregunta queda flotando sin respuesta.

Los venezolanos, que han desarrollado una fina sensibilidad para los eufemismos, saben traducir la fórmula. "Más temprano que tarde", en el diccionario real de la geopolítica, significa cuando el petróleo haya rendido lo suficiente como para que el riesgo electoral valga la pena. O, más crudamente: no tenemos fecha, pero tenemos el crudo. Esa es la verdad que el tutor y el régimen tutelado no pueden decir, pero que todos escuchan entre líneas. El acuerdo petrolero y la respuesta evasiva son dos caras de la misma moneda: la certeza de que el poder prefiere el barril que la boleta, la regalía que el voto, la certidumbre del negocio a la incertidumbre de las urnas.

Es el síndrome del barril. En cualquier latitud donde el subsuelo vale más que el ciudadano —Nigeria, Angola, el golfo Pérsico— la fecha electoral se convierte en un lujo que el poder se concede cuando la renta ya no basta para sostener el consenso. La democracia, en esas geografías, no es un derecho: es un gasto que se posterga hasta que el oro negro deja de redimir al gobierno. El caso venezolano no es una excepción; es la regla que el petróleo escribe en cada país donde la riqueza no se trabaja, se extrae. Y mientras se extrae, la libertad, la democracia, salarios y pensiones dignas y la liberación de los presos políticos esperan.

 

Rechaza el leonino “Acuerdo petrolero del siglo”

Atletas, entrenadores, profesores de Educación Física, dirigentes, médicos, periodistas, empleados y obreros del sector deportivo miembros de la organización Gente del Deporte nos pronunciamos ante la firma de lo que el ilegitimo gobierno de la usurpadora Delcy Rodríguez y la administración Trump denominan "el acuerdo del siglo"

De entrada, no hay ninguna duda de que el desarrollo de nuestras potencialidades energéticas es fundamental para proporcionar la base económica a fin de sacar al país de la profunda crisis en que lo ha sumergido estas más de dos décadas de gobiernos nefastos.
Igualmente, el desarrollo de dichas potencialidades amerita llegar a acuerdos comerciales con empresas extranjeras poseedoras del capital y la tecnología necesaria.
Sin embargo, es inaceptable que, bajo estas premisas, se someta al país a la firma de convenios petroleros en condiciones de total desequilibrio contra los intereses de la Nación y bajo una opacidad casi absoluta.

Estos acuerdos, en particular el establecido con la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), cuyo titular es el “Bolichico” Alejandro Betancourt, vulneran el marco constitucional e, incluso, se hacen en condiciones más desfavorables para la República que las ya de por sí retrógradas de la nueva ley de hidrocarburos, recientemente impuesta por el actual régimen político venezolano.

Convenios resaltantes, como el establecido con NABEP o el más reciente con la empresa Primavera infinita, liderada por otro de los chicos preferidos Manuel Ignacio Iribarren, tienen como contraparte a empresas de reciente creación con poca o ninguna experiencia petrolera o, en el caso de NABEP, encabezadas por empresarios acusados de financiamiento ilícito y corrupción. Por cierto, en la empresa Primavera infinita se señala al magnate Fred Ehrsam (Bolichico norteamericano) estrechamente vinculado a Donald Trump.

Tampoco están claras las condiciones de dichos convenios y de lo poco que sale a la luz se desprenden condiciones desfavorables para Venezuela.
En el llamado "acuerdo del siglo", Venezuela entrega 65000 millones de barriles de sus reservas petroleras por un período de 25 años, extensible hasta 100 años de explotación, con una dudosa ganancia para la República que, en el mejor de los casos, alcanzaría los $19/barril, aunque, probablemente, sea mucho menor. Adicionalmente, el Gobierno de EE. UU. se garantiza una jugosa participación del 35% en las acciones de NABEP, la opción a acceder al 20% del petróleo producido a precio de costo, prioridad en opción de compra del resto y dirimir cualquier reclamo en tribunales estadounidenses.

Lo concreto, más allá de toda consideración, es que hoy nuestro país está atrapado en un acuerdo político económico entre la administración Trump y el Gobierno ilegítimo y autoritario encabezado por Delcy Rodríguez. Sin que esto signifique, hasta ahora, avances significativos en la transición democrática, ni mejoras en la situación económica y social de la gran mayoría de los venezolanos.

En este oscuro proceso se insertan, también, otras negociaciones y consideraciones que pueden afectar dramáticamente el presente y futuro de nuestro país, de acuerdo a la información disponible de fuentes de EEUU en las primeras operaciones de venta de crudo venezolano se recaudó más de 500 millones de dólares los cuales fueron depositados en bancos de Qatar bajo la supervisión del EEUU, y luego han sido desembolsados por etapas, todo esto es por concepto de la exportación de 15,7 millones de barriles de petróleo según información suministrada por el Secretario de Estado de los EEUU, Marco Rubio, en tal sentido es prioridad en el marco de reinstitucionalización y transparencia necesaria en un proceso de transición que se informe a la ciudadanía y se busquen los mecanismos que permitan la inversión necesaria para recuperar la economía, infraestructura y los salarios y gastos para la salud y la educación, por otra parte se encuentra el proceso de renegociación de la deuda, acuerdos de importación de productos norteamericanos con bajos aranceles y la posible dolarización de nuestra economía.

Ante este panorama no podemos caer en la trampa de la inmediatez. Ciertamente, la urgencia es económica, pero, la salida realmente sostenible es política. Para que los acuerdos comerciales, financieros y políticas económicas tengan un impacto real favorable a los intereses de la mayoría de los venezolanos, se deben desarrollar en el marco de un régimen democrático, cuya institucionalidad y división de poderes permita aspirar alcanzar situaciones que apunten efectivamente a nuestro desarrollo nacional en beneficio de todos los venezolanos. Tanto en términos de los beneficios a obtener en los acuerdos comerciales, como en relación al manejo transparente y soberano de los recursos en lo que al presupuesto de la Nación se refiere.

Rechazamos que la crisis humanitaria que padecen los adultos mayores y los trabajadores siga ausente de las prioridades de quienes hoy ejercen poder e influencia sobre el futuro de Venezuela. Mientras se anuncian millonarios ingresos y se habla de una supuesta recuperación económica, los pensionados, jubilados y trabajadores venezolanos continúan condenados a sobrevivir con una pensión y un salario mínimo de 130 bolívares mensuales, congelados desde marzo de 2022 y reducidos, por efecto de la devaluación, a un ingreso incapaz de garantizar siquiera la alimentación o la compra de medicinas.

En este sentido, rechazamos los acuerdos establecidos por el actual gobierno y exigimos se establezca un cronograma claro para llegar a un proceso electoral que permita elegir un presidente legítimo e igualmente los distintos poderes republicanos en un régimen democrático.
Únicamente en este contexto, será posible avanzar, realmente, en salir de la profunda crisis en que han sumido al país quienes hoy detentan el poder.