EL CRUDO ACUERDO SOBRE EL CRUDO
Jesús Elorza
El acuerdo petrolero
firmado el 28 de agosto de 2026 entre la usurpadora presidenta encargada Delcy
Rodríguez, el "Bolichico" Alejandro Betancourt y la administración
Trump contempla la explotación de diecisiete campos, 65.000 millones de
barriles y cien años de concesión para la empresa NABEP. En el mismo se
establece que Estados Unidos obtiene el 35% de participación accionaria y
derechos preferenciales sobre la producción. Venezuela recibirá regalías e
ingresos fiscales a lo largo de los años. El petróleo ya tiene dueño, fecha de
inicio y flujo de caja. La democracia, en cambio, sigue siendo un proyecto a
futuro, un eventualmente que se desvanece.
Arturo Uslar Pietri intuyó
que el petróleo sería el demonio de las oportunidades, la fuerza que malograría
la vocación del país. Ese demonio, ahora, ha encontrado nuevos sacerdotes: ya
no hablan de sembrar el petróleo, como en el viejo aforismo, sino de
administrarlo en cuentas de espera mientras la democracia se posterga. El
acuerdo no hace sino reafirmar el diagnóstico de Uslar: el subsuelo sigue
siendo más poderoso que cualquier proyecto de nación.
Marco Rubio viaja por
Sudamérica para justificar el acuerdo sobre el crudo. De Miami a Barranquilla,
de Barranquilla a Quito, de Quito a Lima. Cada ciudad es una estación de un
mismo ritual: el protocolo, la comitiva, la bandera. Pero hay algo que no
figura en la agenda y que llega antes que él, la pregunta:
—Secretario, ¿cuándo
habrá elecciones presidenciales en Venezuela?
Es la pregunta que todo
lo puede. La que desnuda las contradicciones de su política, la que convierte
el discurso sobre libertad en un ejercicio de malabarismo verbal. Rubio la ha
escuchado tantas veces que podría responderla dormido. Pero la respuesta,
precisamente, es lo que lo mantiene despierto.
"Más temprano que
tarde", dice. Y añade el complemento que convierte la promesa en coartada:
"a través de un gobierno electo democráticamente". La frase tiene la
estructura de una respuesta y la sustancia de una evasiva. No hay cronología en
"más temprano", ni garantía en que "tarde". Es un adverbio
que no se compromete con el calendario, una puerta abierta que da a un pasillo
sin salida. Rubio lo sabe. Los periodistas lo saben. Los venezolanos que
escuchan la transmisión lo saben. Pero la fórmula se ha vuelto indispensable,
porque es el único puente que conecta dos realidades incompatibles: la urgencia
democrática que exige su discurso y la paciencia geopolítica que exige su
acuerdo.
Con ella, intenta
conciliar lo inconciliable: justificar el negocio presente con la redención
futura. Pero el mecanismo argumentativo es frágil, porque la pregunta original
vuelve siempre al punto de partida: si el gobierno electo es la condición para
que los ingresos lleguen al pueblo, ¿qué hacemos mientras tanto con el petróleo
que ya se está extrayendo, facturando y embarcando? La respuesta, que Rubio
calla, es que el dinero se acumula en cuentas de espera, administradas por el
mismo tutor que hoy controla la transición. El nuevo chavismo o el chavismo
traidor, como lo llaman algunos, sigue ahí: menos ruidoso, más pragmático, más
receptivo al capital occidental, pero igualmente dueño de las palancas reales
del poder.
Para el petróleo, todo
fue urgente. Para las elecciones, todo es paulatino. Esa asimetría es lo que
alimenta al fantasma que persigue a Rubio. El secretario se defiende invocando
la complejidad técnica de una transición: hay que reconstruir el CNE, la Corte
Suprema, el sistema de partidos, la prensa libre. Todo eso es cierto, pero suena a excusa cuando se contrasta con la
velocidad con que se firmó el acuerdo petrolero. Las concesiones se redactaron
en semanas. El cronograma electoral, en cambio, sigue sin fecha. El
argumento de Rubio contiene una contradicción interna: si el gobierno interino
tiene capacidad para firmar un contrato de 65.000 millones de barriles por cien
años, ¿por qué carece de capacidad para organizar un proceso electoral? La
pregunta queda flotando sin respuesta.
Los venezolanos, que han
desarrollado una fina sensibilidad para los eufemismos, saben traducir la
fórmula. "Más temprano que tarde", en el diccionario real de la
geopolítica, significa cuando el petróleo haya rendido lo suficiente como
para que el riesgo electoral valga la pena. O, más crudamente: no
tenemos fecha, pero tenemos el crudo. Esa es la verdad que el tutor y el
régimen tutelado no pueden decir, pero que todos escuchan entre líneas. El acuerdo petrolero y la respuesta
evasiva son dos caras de la misma moneda: la certeza de que el poder prefiere
el barril que la boleta, la regalía que el voto, la certidumbre del negocio a
la incertidumbre de las urnas.
Es el síndrome del
barril. En cualquier latitud donde el subsuelo vale más que el ciudadano —Nigeria,
Angola, el golfo Pérsico— la fecha electoral se convierte en un lujo que el
poder se concede cuando la renta ya no basta para sostener el consenso. La
democracia, en esas geografías, no es un derecho: es un gasto que se posterga
hasta que el oro negro deja de redimir al gobierno. El caso venezolano no es
una excepción; es la regla que el petróleo escribe en cada país donde la
riqueza no se trabaja, se extrae. Y mientras se extrae, la libertad, la
democracia, salarios y pensiones dignas y la liberación de los presos políticos
esperan.
