Primero el
botín de petróleo y oro… después veremos
Jesús
Elorza
A siete meses de la
incursión militar de Estados Unidos el 3 de enero de 2026 y la posterior
captura de Nicolás Maduro, Venezuela no ha entrado en una transición
democrática limpia. Lo que vive el país es una etapa de tensa calma, profunda
incertidumbre y una reconfiguración caracterizada por el tutelaje
internacional, la fragilidad institucional y una crisis social agravada por
desastres naturales recientes. Lejos de haber restaurado la institucionalidad,
la dinámica actual responde a un híbrido de negociaciones pragmáticas y
reacomodos de poder entre cúpulas.
El alto mando político
del chavismo se mantiene en funciones ejecutivas bajo la presidencia encargada
de Delcy Rodríguez. Ante esto, sectores de la oposición denuncian que no se han
restituido las plenas garantías electorales ni se ha concretado una transición
abierta; la represión persiste y los presos políticos siguen tras las rejas.
La geopolítica del
"botín"
El motor principal de esta
nueva etapa no ha sido el bienestar social, sino el control de los recursos
estratégicos. Se reactivaron masivamente los envíos de crudo venezolano al
mercado estadounidense bajo la supervisión directa de Washington. El presidente
Donald Trump no ha dudado en declarar abiertamente que el petróleo venezolano
pertenece a EE. UU. como un botín de guerra, asumiendo su comercialización y
dejando solo migajas para el país. Un esquema similar opera sobre el Arco
Minero, percibido hoy como un enclave de explotación bajo tutela
norteamericana.
Aunque los datos reflejan
un incremento en la recaudación derivada de la venta de hidrocarburos, en la
calle persisten graves dudas sobre el destino real de estos recursos. Los
ingresos no se traducen en mejoras de salarios, pensiones ni jubilaciones para
los trabajadores.
Contrario a la narrativa
oficial de los tutores externos, la gente no está celebrando. En las
comunidades reina la indignación ante:
- Salarios, pensiones y jubilaciones de
miseria que devoran el poder adquisitivo.
- El colapso crónico de los servicios
de agua y energía eléctrica.
- El alza constante de la cotización
oficial del dólar en el Banco Central de Venezuela (BCV), que encarece la
canasta básica y el transporte.
Frente a este panorama,
los ciudadanos observan con frustración que del promocionado "plan de tres
fases" solo se ejecuta con rigor la primera: el manejo y reparto del botín
petrolero.
Desconexión en la mesa de
diálogo
La desconexión política
se hizo evidente en las primeras reuniones de la mesa de diálogo entre las dos
asambleas nacionales. En lugar de acordar mecanismos urgentes para frenar la
emergencia socioeconómica, las prioridades de los negociadores viraron hacia la
reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la solicitud formal a Inglaterra
para repatriar las 3 toneladas de lingotes de oro (valorados en más de 4.000
millones de dólares) retenidos por la banca británica.
Como representantes
tutelados, la prioridad de las élites locales parece centrarse en acelerar la
entrega y distribución de activos al tutor externo, postergando la agenda
humanitaria y económica de las familias venezolanas.
¿Qué hacer desde la
ciudadanía?
Ante el riesgo de que el
futuro del país se decida exclusivamente entre corporaciones internacionales y
cúpulas políticas, la acción ciudadana organizada debe reactivarse desde las
bases para evitar la apatía y la desmovilización.
1. Fortalecer la
contraloría social
Frente a la solicitud de
retorno del oro en Inglaterra y la reforma del TSJ, la sociedad civil no puede
ser un espectador pasivo:
- Exigencia de cuentas:
ONG, gremios y academias deben exigir que cualquier activo repatriado sea
canalizado a través de un fondo fiduciario internacional auditable,
evitando que termine en una "caja negra" estatal.
- Veeduría judicial:
Auditar los perfiles de los nuevos magistrados del TSJ para denunciar si
el proceso responde a un simple reparto de cuotas o si realmente se abren
espacios para juristas independientes.
2. Articular la agenda
social desde abajo
- Gremialismo y movilización:
Reactivar la protesta pacífica y sistemática por parte de sindicatos,
partidos y sectores organizados para exigir salarios dignos, Democracia y
Libertad.
- Redes de apoyo humanitario:
Ante los daños causados por el terremoto de junio y la precariedad de los
servicios, la organización vecinal junto a la Iglesia y las ONG
constituyen la red de contención inmediata. Es urgente exigir la creación
de una Comisión de Expertos para la reconstrucción de las zonas afectadas.
3. Presionar a los
mediadores internacionales
Canalizar denuncias ante
las agencias de la ONU y organismos internacionales para visibilizar que los
acuerdos de la mesa de diálogo ignoran la emergencia humanitaria. Asimismo, la
ciudadanía debe presionar para que cualquier acuerdo político garantice
obligatoriamente un cronograma electoral con observación internacional estricta
y auditoría del padrón electoral.
4. Evitar la
desmovilización
El mayor peligro bajo
esquemas de tutela es el repliegue por frustración. Mantener vivo el tejido
social en comunidades, universidades y centros de trabajo es la única vía para
impedir que Venezuela quede indefectiblemente a merced de las decisiones de las
élites.