lunes, 20 de julio de 2026

 







 


¡BOLIVAR VIVE!

Jesús Elorza

Si Bolívar renaciera, me pregunto, cuál sería su conducta o posición frente al régimen usurpador de los hermanos Rodríguez y al tutelaje norteamericano.

Esta es una de las preguntas más fascinantes y recurrentes en el debate político hispanoamericano. Si Simón Bolívar despertara hoy, se encontraría con un escenario complejo donde ambas facciones en pugna suelen reclamar su legado, pero cuyas acciones prácticas chocan frontalmente con los pilares fundamentales de su pensamiento: la soberanía absoluta, la institucionalidad republicana y el rechazo a la opresión.

Analizando sus cartas, discursos (como el de Angostura) y su praxis política, podemos inferir cuál sería su postura ante ambos factores:

1. Frente al régimen de los hermanos Rodríguez

Para Bolívar, la legitimidad de un gobierno no residía en la retórica, sino en la justicia, la libertad de los ciudadanos y el respeto a las leyes. El Libertador tenía una obsesión casi existencial con el peligro de la tiranía y la perpetuación en el poder.

  • Rechazo absoluto a la autocracia: En su Discurso de Angostura (1819), Bolívar dejó una máxima lapidaria que condena la perpetuación en el cargo:

"Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía".

  • El uso de las armas contra el pueblo: Para un militar que concebía el ejército como el garante de la libertad, ver a las fuerzas del Estado o a estructuras políticas sometiendo a la población civil le resultaría intolerable. Él mismo escribió: "Maldito sea el soldado que vuelve las armas contra su pueblo".
  • Instituciones vacías: El régimen actual utiliza la etiqueta de "bolivariano", pero Bolívar defendía una República con separación de poderes e instituciones fuertes (aunque adaptadas a la realidad americana). Un sistema centralizado, con instituciones cooptadas y altos niveles de corrupción y pobreza, violaría su principio de que "el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible".

La conducta de Bolívar: Sería de oposición frontal y combativa. Probablemente denunciaría la manipulación de su nombre y memoria como una distorsión de su verdadera gesta emancipadora, asumiendo una postura de rebelión frente a lo que consideraría una nueva forma de despotismo.

2. Frente al tutelaje norteamericano

Por otro lado, pensar que Bolívar se aliaría ciegamente con la política exterior de los Estados Unidos o aceptaría un tutelaje de Washington es ignorar su profunda desconfianza hacia la naciente potencia del norte.

  • La advertencia histórica: En una famosa carta a Patricio Campbell en 1829, Bolívar pronunció una de sus frases más proféticas:

"Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la Libertad".

  • Antiiimperialismo y soberanía: Bolívar buscaba la integración de Hispanoamérica (la "Madre de las Naciones") precisamente para crear un bloque geopolítico capaz de equilibrar el poder frente a Europa y frente a los Estados Unidos. No concebía que el destino de las naciones americanas se decidiera en oficinas extranjeras.
  • Rechazo a la intervención: El Libertador defendía la autodeterminación. Una intervención directa, el diseño de políticas locales desde Washington o la dependencia económica y política absoluta bajo el ala estadounidense serían vistas por él como una nueva forma de colonialismo, sustituyendo el yugo español por el anglosajón.

La conducta de Bolívar: Sería de firme rechazo al tutelaje. Bolívar exigiría que la solución a la crisis venezolana fuera conducida por los propios venezolanos e hispanoamericanos, sin subordinar la soberanía nacional a los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos.

Si Bolívar renaciera, no encajaría en ninguno de los dos polos actuales. No sería un aliado del régimen de los hermanos Rodríguez (al que combatiría por tiránico, corrupto y opresor), pero tampoco sería un peón de la política exterior estadounidense (a la que denunciaría por injerencista). Su posición sería la de una tercera fuerza radicalmente republicana y soberana: una que busque restaurar la libertad ciudadana y la legalidad interna, pero defendiendo con celo la independencia absoluta del país frente a cualquier potencia extranjera. Para el Libertador, la libertad no se negocia ni con tiranos locales ni con tutores externos.

 


 










Construir sobre escombros o reconstruir con la verdad:

 la urgencia de una Comisión Independiente

Jesús Elorza

La tierra se movió dos veces en Venezuela, y al detenerse, no solo nos dejó el peso del dolor y el silencio de las pérdidas; también desnudó una realidad estructural que ya no podemos seguir ignorando. En los días posteriores al desastre sismo-ambiental, mientras el polvo se asentaba, lo que presenciamos no fue la respuesta robusta de un Estado preparado, sino un profundo y preocupante vacío institucional. La fase más crítica de la emergencia evidenció una alarmante incapacidad operativa y un desmantelamiento logístico que terminó delegando, por la fuerza de los hechos, las labores más urgentes en manos de una sociedad civil desasistida. Fuimos nosotros, los ciudadanos de a pie, quienes con valentía, pero sin recursos técnicos, tuvimos que asumir la primera línea de respuesta para rescatar a nuestros vecinos bajo los escombros.

La tragedia nos ha dejado sumidos en la incertidumbre, pero el dolor no puede anular nuestra capacidad crítica. Como ciudadanos, nos enfrentamos hoy a interrogantes legítimas y urgentes que las autoridades no pueden evadir con discursos o propaganda. Necesitamos saber con precisión científica por qué colapsaron edificios tanto recientes como antiguos, y si realmente se respetaron las normas de ingeniería sismorresistente vigentes en el país. Es imperativo aclarar dónde estaba el equipamiento oficial en las primeras horas, por qué persiste la opacidad informativa sobre el número real de víctimas y bajo qué condiciones de dignidad operan los refugios. Asimismo, la transparencia en la administración de la ayuda internacional y los criterios técnicos para la demolición segura y la disposición ecológica de los escombros son respuestas que el país entero exige.

No podemos permitir que el futuro y el plan macroeconómico de reconstrucción de las zonas devastadas queden en manos de la improvisación política de siempre. Por esta razón, considero que la única vía para recuperar la confianza y garantizar un proceso transparente es la designación inmediata, por parte de la Asamblea Nacional, de una Comisión Especial e Independiente para la Evaluación de Causas, Daños y Plan de Reconstrucción. Esta comisión no debe responder a intereses partidistas, sino a la excelencia científica e idoneidad profesional que la gravedad de la situación demanda.

Para que esta propuesta tenga éxito y credibilidad pública, la comisión debe estructurarse bajo un esquema estrictamente técnico, sumando las capacidades de sectores clave de nuestra sociedad civil y el ámbito internacional:

Componente / Sector

Rol y Justificación Técnica

Academia Venezolana

Representantes de las Facultades de Ingeniería y Arquitectura de nuestras universidades autónomas, aportando el aval científico y de investigación indispensable.

Gremios Profesionales

Especialistas designados por el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) y el Colegio de Arquitectos, garantizando la experiencia en la práctica profesional y la fiscalización rigurosa de las obras.

Expertos Internacionales

Ingenieros especialistas en sismología, estructuras y gestión de catástrofes provenientes de países aliados que han enviado asistencia humanitaria y técnica.

Sociedad Civil Veedores

Ciudadanos y miembros de las comunidades directamente afectadas, encargados de canalizar y defender las necesidades locales en cada fase del proyecto.

Para salvaguardar la objetividad de este cuerpo técnico, es indispensable aplicar un principio de imparcialidad y no interferencia política. Los representantes gubernamentales y del Poder Ejecutivo deben abstenerse estrictamente de formar parte de esta comisión. El rol del Estado debe limitarse exclusivamente a lo que le corresponde: facilitar los recursos económicos, el acceso a las zonas afectadas y la información pública que los expertos requieran para cumplir sus funciones.

La reconstrucción de nuestras comunidades y la prevención de futuras tragedias no pueden basarse en la improvisación o en la retórica oficial. Venezuela necesita una verdadera "autopsia forense" de la infraestructura colapsada y un plan de desarrollo estructurado por las mentes más brillantes y capacitadas de nuestra academia, nuestros gremios y la comunidad internacional. Esperamos que el parlamento actúe con una celeridad cónsona con la gravedad de la crisis. La reconstrucción del país debe comenzar, antes que nada, por reconstruir la verdad y la transparencia institucional.

 


viernes, 10 de julio de 2026

 







El bono vacacional de la infamia:

La demolición del salario universitario en Venezuela

Jesús Elorza

El personal docente, administrativo y obrero de las universidades públicas venezolanas enfrenta la agresión laboral más severa de su historia contemporánea. Bajo la gestión del Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez, la política hacia el sector de la educación superior se ha consolidado como una estrategia sistemática de asfixia económica, precarización y discriminación que violenta de forma flagrante los derechos contractuales y constitucionales de los trabajadores.

La farsa de la "bonificación" y el congelamiento salarial

Desde marzo de 2022, el salario mínimo y las tablas salariales de la administración pública permanecen rígidamente congelados. Para evadir los compromisos legales, el régimen ha implementado una agresiva política de bonificación del ingreso, disfrazando los ajustes mediante figuras como el "Bono de Guerra Económica" y los bonos de alimentación.

Esta práctica carece deliberadamente de incidencia salarial. Al no formar parte del salario básico, estos montos quedan excluidos del cálculo de beneficios históricos fundamentales:

  • Prestaciones sociales: El patrimonio acumulado de los trabajadores por años de servicio se devalúa hasta desaparecer.
  • Primas de antigüedad y geográficas: Los méritos y años de servicio quedan anulados.
  • Escalas e intercategorías: Se aplana la estructura laboral; un profesor titular con doctorado percibe un ingreso base prácticamente idéntico al de un instructor novel.

El atropello del bono vacacional: Una burla de 65 dólares

La más reciente estocada contra el gremio universitario se ejecuta bajo la figura de un pretendido "Bono Especial de Vacaciones". El Ejecutivo ha pretendido saldar este derecho contractual con un monto fijo de 65 dólares, una cifra que representa una burla descarada frente a las realidades contractuales del sector.

Para el caso de los profesores universitarios, las convenciones colectivas históricas y los acuerdos federativos establecen que el emolumento vacacional equivale a 115 días de salario integral (es decir, 3.83 meses).

El cálculo de la vulneración

Si el régimen pretende fijar el valor de la bonificación mensual en una base de 65 dólares, para respetar mínimamente el derecho contractual de los docentes, dicho monto debería multiplicarse por 3.83 meses, lo que resultaría en un pago base de 248.95 dólares. Pagar únicamente la tarifa plana de 65 dólares constituye un despojo flagrante de más del 70% del beneficio real que por ley corresponde a los académicos.

Mantener el beneficio limitado a una bonificación lineal de 65 dólares representa, a juicio de las federaciones de trabajadores y asociaciones de profesores (FAPUV), una vulneración directa de la progresividad laboral y un desconocimiento de los acuerdos bilaterales firmados entre el Estado y los trabajadores de la educación superior.

Exclusión y segregación: El ensañamiento contra los jubilados

La política del sector laboral de la administración de Rodríguez no solo es precarizadora, sino abiertamente discriminatoria. Los trabajadores jubilados, quienes dedicaron su vida a la construcción de la academia venezolana, son tratados como ciudadanos de tercera categoría mediante dos mecanismos de exclusión explícita:

  1. Exclusión del Bono de Profesionalización: Se les priva del reconocimiento económico a sus títulos de cuarto y quinto nivel (maestrías y doctorados), un beneficio que legalmente les corresponde de por vida.
  2. Cronogramas de pago segregados: El anuncio oficial del bono vacacional establece una fecha de cobro inmediata para el personal activo, relegando al personal jubilado a una fecha posterior indeterminada. Esta diferenciación temporal no posee justificación técnica ni administrativa; responde únicamente a una política de segregación.

La destrucción del salario no es un error de cálculo ni una consecuencia inevitable de la crisis; es una política de Estado orientada a quebrar, por la vía del hambre, la moral de la universidad venezolana. Al violar las cláusulas contractuales, congelar los sueldos y sustituirlos por bonos de miseria, el Ejecutivo atenta de forma directa contra el derecho a la educación y destruye el sustento de miles de familias. La exigencia académica y sindical se mantiene firme: el ingreso debe ser solarizado, indexado y ajustado estrictamente a los 115 días que la ley y la dignidad del profesorado exigen.

 


miércoles, 8 de julio de 2026

 









EL LADO OSCURO DE INFANTINO

Jesús Elorza

Cuando el 27 de mayo de 2015 el lujoso hotel Baur au Lac de Zúrich fue escenario de las detenciones que hicieron saltar por los aires la cúpula de la FIFA, el mundo del fútbol creyó asistir al fin de una era. Joseph Blatter, el ajedrecista político que había sobrevivido a décadas de sospechas basando su permanencia en la compra de lealtades, se vio forzado a dimitir. Su delfín y favorito, Michel Platini, cayó con él en el efecto dominó. La organización quedó expuesta, carente de legitimidad y con un vacío absoluto de poder. Fue en ese preciso instante de cenizas institucionales donde emergió la figura de Gianni Infantino.

El entonces secretario general de la UEFA se presentó ante el mundo con el pulcro traje de un reformista. Habló de transparencia, límites de mandatos, democracia y de una profunda reestructuración ética. Incluso, en un calculado ejercicio de modestia, aseguró que se retiraría si Platini era exonerado. Pero tras la fachada del burócrata moderno y componedor, Infantino comprendió de inmediato la lección más antigua y efectiva del "Blatterismo": en los pasillos de la FIFA, la retórica convence, pero el dinero compra la sumisión.

"El dinero de la FIFA es vuestro dinero", proclamó Infantino ante el Congreso antes de su primera elección, un mantra que repitió palabra por palabra en su reelección de 2019. Al prometer un aumento drástico en las distribuciones financieras a las federaciones locales, el suizo no inauguraba una nueva era; continuaba un sistema donde el desarrollo del fútbol es el argumento perfecto para asegurar votos y perpetuarse en el cargo.

Sombras domésticas: El Comité de Ética bajo asedio

La gestión de Infantino no necesitó tiempo para ensuciarse; las dudas lo acompañaron desde el primer mes. Su nombre apareció en los Papeles de Panamá debido a contratos comerciales de televisión firmados durante su etapa en la UEFA con una empresa offshore. Apenas se acomodaba en el sillón presidencial cuando, en 2016, el propio Comité de Ética de la FIFA abrió una investigación interna en su contra. Las alarmas saltaron por el uso discrecional de aviones privados financiados por países aspirantes a organizar el Mundial, gastos personales desproporcionados facturados directamente a la FIFA —que incluían desde colchones y flores hasta lavandería personal— y el nombramiento sospechoso de altos cargos como la secretaria general, Fatma Samoura, sin procesos reales de idoneidad.

Aunque estas acusaciones iniciales fueron archivadas sin sanciones, el patrón de control y neutralización de la disidencia interna no tardó en consolidarse. En 2017, la tensión estalló cuando Cornel Borbély, jefe de la cámara de investigación del Comité de Ética, comenzó a indagar si Infantino y Samoura habían maniobrado políticamente para imponer al controvertido Ahmad Ahmad en la presidencia de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Poco después, Borbély fue apartado de su cargo. Ahmad Ahmad, por su parte, terminaría cayendo por malversar fondos de desarrollo del fútbol para pagar viajes religiosos a La Meca.

El episodio más turbio a nivel legal ocurrió en 2020, cuando la justicia suiza abrió una investigación penal por una serie de reuniones secretas y no registradas oficialmente entre Infantino y el Fiscal General de Suiza, Michael Lauber. En ese momento, Lauber lideraba las investigaciones contra la corrupción de la era Blatter. Que ni el fiscal ni el presidente de la FIFA lograran recordar de qué hablaron en esas citas, y que no existieran actas oficiales de los encuentros, dejó una mancha indeleble sobre la independencia de la justicia helvética. Aunque el caso se cerró en 2023 sin cargos criminales, la señal fue contundente: el reformista prefería los pactos en la sombra a la rendición de cuentas pública.

De Zúrich a Moscú: El fútbol al servicio de la autocracia

El verdadero giro en la presidencia de Infantino ocurrió cuando trasladó su tablero de operaciones de la política interna de Zúrich a la geopolítica de los Estados autoritarios. El Mundial de Rusia 2018 fue el bautismo de fuego de una estrategia clara: alinearse con el poder estatal, complacer al autócrata de turno y criminalizar la crítica externa.

Meses antes del inicio del torneo en Rusia, Infantino fustigó públicamente lo que llamó una "tendencia occidental" a denigrar todo lo que provenía de Oriente. Con ello, el presidente de la FIFA tendió una cortina de humo sobre un régimen, el de Vladimir Putin, que ya había invadido Georgia en 2008, anexado Crimea en 2014 y diseñado el mayor sistema de dopaje de Estado en la historia del deporte, destapado por los denunciantes Yuliya y Vitaly Stepanov junto al periodista Hajo Seppelt. A Infantino no le importaron las denuncias de violaciones de derechos humanos, las leyes persecutorias contra la comunidad LGBTQ+ ni los abusos laborales en la construcción de los estadios.

La recompensa a su docilidad llegó en 2019 en el propio Kremlin, donde Putin le condecoró con la Orden de la Amistad de la Federación Rusa. Infantino, conmovido, agradeció el "honor inimaginable" y defendió que Rusia 2018 había derribado los "prejuicios" del mundo. El fútbol se había convertido en la herramienta perfecta de lavado deportivo (sportswashing) para dictaduras globales.

El negocio del silencio: De Qatar a Arabia Saudita

El libreto ensayado en Moscú alcanzó niveles paroxísticos en el Mundial de Qatar 2022. Ante el clamor internacional por la muerte y explotación de miles de trabajadores migrantes, la falta de libertad de expresión y la criminalización de las minorías sexuales, Infantino ofreció una de las ruedas de prensa más bochornosas del deporte moderno. Acusó a Europa de "hipocresía" occidental, minimizó la tragedia humana argumentando que los salarios de los migrantes en Doha eran superiores a los de sus países de origen y se declaró ciegamente alineado con el emirato.

Sin embargo, el triunfo definitivo de este modelo de sumisión financiera y geopolítica tiene fecha de llegada: el Mundial de Arabia Saudita 2034. En una maniobra de ingeniería burocrática, la FIFA eliminó cualquier proceso de licitación competitivo y transparente, entregando el torneo en bandeja de plata al Reino saudí.

La designación ignora deliberadamente una realidad interna represiva donde activistas como Loujain Alhathloul son encarceladas, torturadas y violadas por defender los derechos de las mujeres, y donde las ejecuciones masivas y el silenciamiento de periodistas son política de Estado. Para cubrir el expediente, la evaluación de riesgos de la FIFA se apoyó en un informe de derechos humanos elaborado por Clifford Chance, un bufete legal con intereses económicos vinculados al propio gobierno saudí. El fútbol vuelve a ser el bálsamo para normalizar un régimen autocrático a cambio de contratos milmillonarios.

El cortesano de la Torre Trump

Un estudio realizado en 2023 por el periodista Anders Dehn para la revista noruega Josimar desveló una estadística demoledora: en sus apariciones y fotografías públicas oficiales, Gianni Infantino posa casi el triple de veces junto a líderes de corte autoritario que al lado de mandatarios democráticos. El suizo se siente cómodo en las esferas del poder absoluto, donde las decisiones no pasan por parlamentos ni controles institucionales.

Esta fascinación por el poder personalista explica su estrecha y sumisa relación con Donald Trump, de cara al Mundial de 2026. Infantino ha dejado de comportarse como el líder neutral de un organismo global para actuar como un cortesano político. Ha elogiado sin pudor al magnate, se ha colocado bajo su órbita e incluso creó de la nada un "Premio de la Paz de la FIFA" —sin criterios públicos ni comités independientes— para entregárselo en mano. Durante las reuniones de la Junta de Paz de Trump, se le vio luciendo una gorra roja con la inscripción "45-47", tomando partido de forma explícita en el devenir electoral estadounidense, e incluso llegó al extremo de "anular" arbitrariamente una tarjeta roja a un jugador tras una petición informal y jocosa del mandatario.

El eterno retorno: Regreso a la Torre Trump

Hay círculos que se cierran con una ironía macabra. La gran investigación del FBI que en 2015 desmanteló la vieja FIFA comenzó gracias a los informes de Chuck Blazer, el corrupto secretario general de la CONCACAF que guardaba sus secretos en la Torre Trump de Nueva York, donde incluso alquilaba un lujoso apartamento exclusivo para sus gatos.

En julio de 2025, bajo el mandato del supuesto reformista Gianni Infantino, la FIFA inauguró oficialmente sus nuevas y flamantes oficinas neoyorquinas precisamente allí, en la Torre Trump.

Tras una década de promesas de regeneración, códigos éticos renovados y discursos sobre una organización limpia, la FIFA de Infantino ha regresado físicamente al kilómetro cero del escándalo. El viaje de diez años no transformó a la institución; solo perfeccionó sus mecanismos. Gianni Infantino apagó el fuego de 2015 no para limpiar la casa, sino para reconstruir sobre sus cenizas un imperio más hermético, inmune a la fiscalización, entregado al lavado de imagen de los regímenes más cuestionables del planeta y profundamente cómodo en los salones del poder autocrático. La "Nueva FIFA" resultó ser, al final del día, la versión más sofisticada y peligrosa de la vieja.

             Lo que se corrompió no fie el juego, fue el poder que aprendió a vivir de el. 

 

 

 

 

 




 









                 La factura del fracaso: 

Cuando el Mundial se convierte en tragedia y terremoto político

Jesús Elorza

El Mundial de Fútbol se presenta a menudo como la cumbre del heroísmo moderno, pero su reverso es un abismo despiadado. Cuando la Copa del Mundo amplifica la gloria, el fracaso no se mide simplemente en puntos o eliminaciones; se traduce en un terremoto multidimensional. Un error en la máxima cita puede demoler carreras en noventa minutos y, en los casos más extremos, desatar un reguero de violencia, condenas sociales y crisis institucionales.

A lo largo de la historia, el "silbatazo final" ha cobrado facturas asombrosas a los cuatro estamentos del juego.

1. Jugadores: Del repudio social a la tragedia física

Para los futbolistas, el error mundialista puede transmutar el estatus de ídolo local en el de paria absoluto. La consecuencia más atroz y recordada de la historia ocurrió tras el Mundial de Estados Unidos 1994. El defensor colombiano Andrés Escobar, apodado "El Caballero del Fútbol", intentó interceptar un centro rasante y terminó marcando un autogol contra el equipo anfitrión. La derrota certificó la eliminación de una selección que llegaba como favorita. Diez días después, tras regresar a Medellín y exigir respeto en una discusión en un estacionamiento, Escobar fue asesinado a tiros. Su error en la cancha colisionó de forma fatal con el violento submundo de las apuestas ilegales y el narcotráfico de la época.

En regímenes totalitarios, las consecuencias han tomado un cariz institucional. Tras el Mundial de Sudáfrica 2010, la selección de Corea del Norte sufrió una estrepitosa goleada de 7-0 ante Portugal, transmitida en vivo para su país. Al regresar, el plantel completo fue sometido a una humillación pública de seis horas en el Palacio de la Cultura del Pueblo de Pionyang, donde fueron obligados a criticar a su propio director técnico frente a estudiantes y funcionarios estatales.

Tras el "Maracanazo" de 1950, el arquero brasileño Moacir Barbosa fue condenado socialmente de por vida. Brasil entero lo culpó del gol del uruguayo Alcides Ghiggia. Décadas después, Barbosa declaró: "En Brasil, la pena máxima por un crimen es de treinta años. Yo cumplo condena desde hace cincuenta por un crimen que no cometí".

 

2. Entrenadores: Chivos expiatorios y exilios forzados

El director técnico es siempre el fusible más fácil de quemar. Cuando el fracaso estalla, el entrenador no solo pierde su empleo, sino que a menudo debe huir de la hostilidad de todo un país.

Tras el fracaso de Corea del Norte en 2010, el seleccionador Kim Jong-hun no solo fue expulsado del Partido de los Trabajadores, sino que los reportes de inteligencia indicaron que fue obligado a realizar trabajos forzados en la construcción.

 En democracias occidentales la violencia física no es la norma, pero el linchamiento mediático provoca muertes civiles: carreras de élite quedan reducidas a cenizas, obligando a los estrategas a refugiarse en ligas menores o en el exilio deportivo para escapar del estigma de "fracasados". Entre otros, podemos citar como ejemplos a:

Gian Piero Ventura (Italia, 2017): Luego de fracasar rotundamente al no clasificar a la Copa del Mundo de 2018 (caída ante Suecia en el repechaje), el estratega fue despedido de forma fulminante en medio de un absoluto descrédito mediático que sepultó su carrera al más alto nivel.

Vicente del Bosque (España, 2014): Pese a ser el técnico campeón vigente, la histórica eliminación de España en la fase de grupos de Brasil 2014 marcó un punto de quiebre. Aunque se mantuvo un tiempo más, el fracaso aceleró el fin de la era dorada de la selección y forzó un doloroso relevo generacional.

Al término de la fase de grupos y la primera ronda eliminatoria del Mundial 2026, un total de siete directores técnicos dejaron sus cargos. Cuatro seleccionadores renunciaron tras quedar eliminados en la fase de grupos: Marcelo Bielsa (Uruguay), Hong Myung-bo (Corea del Sur), Steve Clarke (Escocia) y Miroslav Koubek (República Checa). Además, Sabri Lamouchi (Túnez) fue destituido tras la primera fecha. Tras quedar fuera en los dieciseisavos, presentaron su renuncia Ronald Koeman (Países Bajos) y Sebastián Beccacece (Ecuador)

3. Directivos: El colapso de imperios y purgas internas

Para las federaciones y los altos mandos, el fracaso en el Mundial suele destapar la caja de Pandora de la corrupción y la incompetencia. Cuando la pelota no entra, los Gobiernos y las auditorías fijan sus ojos en los libros de contabilidad.

Las eliminaciones tempranas privan a las federaciones de decenas de millones de dólares en premios de la FIFA y contratos de patrocinio. Esto suele provocar:

  • Purgas institucionales: Despidos masivos y dimisiones de juntas directivas completas para aplacar la ira de la afición.
  • Investigaciones fiscales: El fin de la protección política; sin el opio del triunfo, los directivos quedan expuestos a juicios por malversación de fondos, como ocurrió en múltiples federaciones latinoamericanas y africanas tras participaciones desastrosas.

4. Gobernantes: El fútbol como termómetro del poder

Los políticos entienden el Mundial como una herramienta de cohesión social o propaganda. Por ende, la derrota puede desestabilizar gobiernos enteros.

En un contexto aún más extremo, la famosa "Guerra del Fútbol" (1969) entre El Salvador y Honduras se encendió tras una serie de partidos de eliminatoria para el Mundial de México 1970. Las tensiones agrarias y políticas preexistentes entre ambas naciones utilizaron los incidentes y las derrotas en la cancha como el catalizador definitivo para un conflicto armado real que duró cien horas y dejó miles de muertos.

Gobierno de Francia (Sudáfrica, 2010): El escándalo de la eliminación francesa (que incluyó huelgas de futbolistas en pleno torneo) escaló a nivel de Estado. La Asamblea Nacional francesa convocó a una comisión parlamentaria de investigación donde los ministros interrogaron formalmente a directivos y técnicos para exigir cuentas por dañar el honor del país.

Gobierno de Ghana (Brasil, 2014): Tras un caótico torneo marcado por protestas de los jugadores por falta de pagos, el presidente del país tuvo que enviar un avión con 3 millones de dólares en efectivo. Tras la pronta eliminación, el gobierno ordenó una auditoría interna masiva y la creación de una Comisión Presidencial que destituyó a los ministros de Deportes involucrados

Zaire perdió sus dos primeros partidos en el mundial de 1974, el segundo, 9-0 contra Yugoslavia. El dictador africano Mobutu, envió entonces unos emisarios al hotel para decirles que si perdían por más de tres goles contra la Brasil campeona de 1970 no volverían a ver a sus familias.

En ningún otro deporte la línea que separa el estatus de deidad nacional del exilio, la condena o la muerte es tan delgada. El Mundial no es solo un torneo; es un espejo amplificado de las tensiones, las neurosis y las oscuridades de las sociedades que lo juegan. El Mundial no es un simple torneo de fútbol; es un gigantesco espejo social y político. Cuando la pelota rueda, la estabilidad emocional de millones de personas pende de un hilo, y cuando se rompe, la realidad suele reclamar sus facturas con una dureza implacable.

 


jueves, 2 de julio de 2026

 








El sueño roto del 3 de julio
Jesús Elorza
En la sesión del 3 de julio, un diputado opositor sueña despierto en su curul de la Asamblea Nacional. En su mente se mezclan dos momentos clave de la historia de Venezuela:
  • El 5 de julio de 1811: El día en que los próceres firmaron el Acta de la Independencia. Nacía una patria libre del yugo extranjero.
  • El 3 de julio de 2026: El día en que vencen los 90 días de prórroga por la falta temporal del presidente. Es la fecha límite para declarar la vacante absoluta.
Para el legislador, el reloj del destino une estas dos fechas. No es una casualidad. Es un llamado de la historia para rescatar la democracia perdida.
El sueño del diputado se apoya en una herramienta muy poderosa: la ley. El artículo 233 de la Constitución dice que, si el presidente falta de forma absoluta en sus primeros cuatro años, se debe hacer algo de inmediato:
  • Elecciones ya: Convocar a votaciones en los siguientes 30 días.
  • Voto libre: El pueblo debe elegir de forma universal, directa y secreta.
  • Fin de la usurpación: Terminar con el control ilegal del poder.
En su imaginario, el diputado ve el texto constitucional brillar como una antorcha. Usar este artículo es el equivalente moderno a firmar el acta de una nueva independencia.
En el corazón del asambleísta, la sesión del 3 de julio de 2026 no es un trámite más. Es una batalla pacífica pero contundente. El diputado se imagina levantando la mano con fuerza para votar. Siente el peso de la historia y el dolor de millones de venezolanos que quieren un cambio. En su mente, el aire del Palacio Federal Legislativo se siente puro, como el de aquel 5 de julio de 1811. Imagina que las paredes de oro y blanco del hemiciclo recuperan su solemnidad. Visualiza a los diputados de hoy transformados en los próceres civiles de nuestra primera república. En su delirio patriótico, escucha la voz firme de Juan Germán Roscio y el eco de Francisco de Miranda exigiendo romper las cadenas del despotismo. El diputado sueña que levanta el acta del 3 de julio de 2026 como una nueva declaración de libertad. Piensa que la ley es un rayo que destruye la tiranía y repite para sí una frase inspirada en los fundadores: "¡No es la fuerza, sino la justicia de nuestra causa la que nos devolverá la patria libre!". Cree, por un segundo, que se cumplirán los 90 días de prórroga para declarar la vacante absoluta y rescatar el hilo constitucional. Cumplir el artículo 233 no es una opción, es un deber patriótico. El sueño concluye con una imagen de esperanza: las urnas electorales abiertas y un pueblo celebrando su segunda y definitiva independencia.
Un ruido estrambótico destruye el sueño de golpe. No hay próceres, no hay libertad. El diputado abre los ojos bruscamente y se topa con la cruda realidad del hemiciclo actual. El ambiente es pesado, dominado por una mayoría chavista que viste de rojo y sonríe con arrogancia. A su lado, ocupando puestos clave, están los diputados "alacranes". Son aquellos políticos que dicen ser de oposición, pero que actúan como favorecedores del régimen para asegurar su permanencia.
El estruendo proviene de los aplausos ruidosos y los golpes en las mesas que dan los chavistas y los alacranes juntos. Celebran la entrada al hemiciclo de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada que mantiene la estructura del régimen. Las tribunas y las curules se inundan de un solo grito coreado a todo pulmón:
¡Maduro sigue, la ausencia es forzada y no absoluta! ¡Maduro sigue! —gritan los legisladores oficialistas, justificando la ausencia del mandatario tras su captura.
Lejos de Caracas, la sesión se transmite por televisión. En Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, observa las imágenes en una pantalla junto al presidente Donald Trump. Rubio sonríe con ironía, mira al mandatario y le dice:
Sabes, Donald, esos diputados tienen una parte de razón. Tienen razón parcial puesto que Maduro sigue... pero sigue preso. Y nuestra amiga Delcy solo suple la vacante.
Trump asiente con la cabeza en silencio, mientras la televisión muestra el caos en el parlamento venezolano.
De vuelta en el hemiciclo, el diputado soñador, aún aturdido por el despertar y con el pulso acelerado, decide romper el guion del miedo. Se pone de pie, alza la voz por encima del griterío y se atreve a lanzar una pregunta directa que congela el ala oficialista:
¿Tendremos elecciones en los próximos 30 días como establece la constitución? —interroga, invocando el artículo 233.
El silencio se apodera del salón por un instante. Los diputados del régimen y los alacranes se miran entre sí. Luego, de forma automática, todas las miradas se dirigen hacia la figura de Jorge Rodríguez, quien preside la sesión con frialdad.
Rodríguez no se inmuta. Mira al diputado opositor con una sonrisa burlona, se acomoda en su asiento y se limita a decir con total desprecio:
Sí, Luis... ponte a creer.
De inmediato, Rodríguez golpea el mallete con fuerza y da por terminada la sesión, dejando la promesa de la Constitución sepultada bajo las risas del poder.

sábado, 27 de junio de 2026

 











El vacío de la respuesta del régimen al terremoto

Jesús Elorza

La ocurrencia de desastres socio ambientales, de naturaleza sísmica, desnuda de forma inmediata el nivel de resiliencia y el apresto operacional de las instituciones de un país. Ante los devastadores efectos de un reciente movimiento sísmico, la respuesta del régimen venezolano evidenció un profundo vacío estructural, arraigado en la incapacidad operativa, el desmantelamiento logístico y la total ausencia de protocolos preventivos rigurosos. En lugar de articular una acción institucional articulada, técnica y eficiente, la fase inicial del desastre se caracterizó por una severa ineficiencia del funcionariado público, delegando de facto el rescate de las víctimas atrapadas bajo los escombros en manos de la sociedad civil desasistida.

El colapso de la respuesta oficial no fue un accidente, sino el resultado de años de desmantelamiento institucional. Los puntos clave de este vacío gubernamental incluyen:

  • Ausencia total de maquinaria y equipos: Zonas fuertemente golpeadas, como el estado La Guaira, enfrentaron saqueos y colapsos estructurales graves sin la más mínima presencia del Estado. Ante la escasez absoluta de maquinaria pesada —como retroexcavadoras y payloaders— y la falta de equipos especializados de búsqueda y rescate, los civiles se vieron obligados a intentar remover inmensas masas de concreto utilizando únicamente sus manos y herramientas caseras.
  • Vacíos legales e improvisación técnica: En medio de la confusión, el alto mando decretó una "emergencia nacional", una figura jurídica que no existe en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Expertos en derecho constitucional señalaron de inmediato que el marco legal aplicable para catástrofes y calamidades públicas es estrictamente el Estado de Alarma. La Constitución establece una lista cerrada de tres estados de excepción:
    1. Estado de Alarma: Diseñado de forma preventiva para catástrofes y calamidades públicas (con una duración de hasta 30 días, prorrogable).
    2. Estado de Emergencia Económica: Para coyunturas financieras extraordinarias.
    3. Estado de Conmoción Interior o Exterior: Para conflictos que amenacen la seguridad nacional.

El uso de un término inventado evidenció una profunda ignorancia y una total improvisación en la gestión de riesgos. Técnicamente, el estado de alarma se declara preventivamente para alistar recursos ante un fenómeno inminente, mientras que el estado de emergencia busca ejecutar acciones inmediatas. Al inventar un concepto, el régimen solo demostró su incapacidad técnica para manejar el desastre.

  • Reacción tardía: Mientras la ciudadanía reportaba con desesperación la desaparición de miles de personas bajo las ruinas, la cúpula oficialista tardó hasta 24 horas en coordinar comparecencias gubernamentales y dar una fe de vida institucional, demostrando una preocupante lentitud y falta de empatía.

Crítica institucional: Militarización y control antes que ayuda

La prioridad fundamental del régimen no se centró en el despliegue inmediato y coordinado de asistencia humanitaria, sino en la preservación de su propia arquitectura de control. Esto se tradujo en el nombramiento apresurado de autoridades militares de corte netamente político, cuya formación técnica en materia de gestión de riesgos, ingeniería de rescate o atención prehospitalaria era nula. El escenario de la tragedia fue rápidamente militarizado con el propósito de ejercer un control informativo y territorial absoluto, bloqueando iniciativas ciudadanas autónomas sin aportar soluciones reales a la desesperada situación comunitaria.

     "En lugar de actuar conjuntamente con un pueblo voluntarioso y comprometido en ayudar a sus compatriotas afectados por el terremoto, el régimen, fiel a su esencia autoritaria, prefirió militarizar la situación y darle la espalda a los afectados..."

Lejos de facilitar el apoyo, la administración implementó un control burocrático restrictivo a través de la obligatoriedad de un registro en las instalaciones del Poliedro de Caracas con el fin de emitir una credencial de acceso a las zonas de desastre. Mientras los funcionarios encargados de dicho trámite operaban bajo esquemas rígidos de "horario de oficina", miles de voluntarios, médicos y rescatistas se vieron retenidos en prolongadas colas y horas de espera forzosa, retardando el auxilio en los focos críticos. A este panorama se sumaron declaraciones de carácter sectario por parte de autoridades locales; tal es el caso de un alcalde que instó públicamente a sus milicianos comunales a vigilar y denunciar si miembros de sectores de la oposición política organizaban centros de acopio o redes de ayuda voluntaria, manifestando explícitamente que la gestión del desastre era materia de monopolio exclusivo del régimen, aun cuando dicha ayuda estatal no se materializaba en el terreno.

En conclusión, el vacío en la respuesta estatal frente al terremoto pone de relieve el proceso de desinstitucionalización que atraviesa el país, donde las estructuras preparadas para la defensa y asistencia ciudadana han sido supeditadas a lógicas de control político y seguridad de Estado. Mientras la gestión interna colapsaba entre la ineficiencia operativa y las restricciones burocráticas, fueron los equipos de asistencia internacional y la solidaridad de la propia sociedad civil organizada los que asumieron la primera línea de rescate, mitigando el impacto de una tragedia que el Estado fue incapaz de gestionar.