Ciudadano:
Dr. Carlos Alexis Castillo
Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del
Trabajo
Su despacho. -
Ciudadano ministro:
Los trabajadores y trabajadoras
de Venezuela, reunidos en la legítima defensa de nuestros derechos
constitucionales, nos dirigimos a su despacho en una hora apremiante para la
vida nacional. La paz laboral de la república no se decreta mediante la
coacción ni el silenciamiento de las exigencias legitimas de los trabajadores;
es el fruto ineludible de la justicia social, el respeto irrestricto a la
Constitución y la restitución de la dignidad salarial que le ha sido arrebatada
a la clase trabajadora.
En primer lugar, queremos
recordarle formalmente que su despacho no ha dado respuesta al pliego de
exigencias laborales entregado el pasado mes de marzo de 2026, donde se le hizo
un resumen exhaustivo de todos los derechos conculcados a los trabajadores en
los últimos años. Esta actitud de invisibilizar e ignorar las peticiones de los
trabajadores y sus organizaciones, resulta totalmente condenable, más aún
cuando el artículo 51 de la Constitución Nacional faculta expresamente a los
ciudadanos a solicitar y exigir oportuna respuesta de los ministros y de las
instituciones del Estado venezolano. Ignorar este mandato legal y
constitucional vulnera flagrantemente nuestros derechos, mientras el mayor peso
de la crisis económica ha sido echado injustamente a nuestras espaldas
En esta oportunidad
resaltamos de extrema gravedad lo siguiente:
I. La destrucción
sistemática del trabajo y el salario (2018–2026)
Desde el año 2018 venimos
padeciendo una política de confiscación de la riqueza social que pulverizó el
poder adquisitivo de los trabajadores activos, jubilados y pensionados. La
implementación de medidas de corte neoliberal como el Memorándum 2792 y la
profundización de este modelo a través del Instructivo ONAPRE, homologaron e
igualaron hacia abajo los tabuladores salariales, congelaron los aumentos de
sueldos y anularon de facto la negociación colectiva libre y democrática.
Los beneficios históricos
consagrados en contratos colectivos —como los seguros de salud (HCM) y la
gestión soberana de nuestros fondos de ahorro y cajas de ahorro— fueron
cercenados. Las prestaciones sociales, diseñadas como un ahorro para la vejez y
la seguridad del trabajador, quedaron reducidas a polvo cósmico por la
hiperinflación y la devaluación. Hoy, más de 5 millones de pensionados y 4
millones de trabajadores activos sobreviven condenados a la pobreza extrema,
devengando un salario pulverizado que viola flagrantemente el artículo 91 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el cual obliga a
que el salario mínimo tenga como referencia el costo de la canasta básica.
II. Renta petrolera
extraordinaria vs. hambre en el bolsillo del trabajador.
Esta tragedia social
adquiere un matiz de absoluta contradicción e indignidad en el escenario
actual. Mientras se publicita la cristalización de un gigantesco convenio
petrolero a largo plazo (de hasta 100 años) con los Estados Unidos, engranado
con la flexibilización de licencias energéticas y un incremento sustancial de
la renta nacional e ingresos fiscales, esta bonanza brilla por su total ausencia
en el bolsillo de la clase trabajadora. La inmensa riqueza generada por el
esfuerzo y el sacrificio de nuestro pueblo sigue acumulándose en el factor
capital y en las altas esferas de la renta privada y financiera, mientras al
trabajador se le mantiene confinado a bonificaciones discrecionales y no
salariales que no inciden en las vacaciones, los aguinaldos ni en las
prestaciones sociales.
III. Exigencias Claras de
la Clase Trabajadora.
Por todo lo expuesto, los
abajo firmantes —en representación genuina del movimiento sindical, gremial,
profesional y social del país— EXIGIMOS:
1. Aumento general de
sueldos, salarios y pensiones, cuyo piso mínimo de arranque esté indexado al
costo real de la Canasta Básica, dando fiel cumplimiento al artículo 91 de la
CRBV.
2. El pago íntegro,
completo y no fraccionado de los aguinaldos recalculados conforme al nuevo
salario exigido, garantizando estricta igualdad para los pensionados del IVSS y
la Misión Amor Mayor.
3. La derogación
inmediata del Instructivo ONAPRE y del Memorándum 2792, con el consiguiente
reinicio y respeto a las discusiones de las convenciones colectivas vencidas,
tanto en el sector público como privado.
4. Respeto absoluto a la
intangibilidad y retroactividad de las prestaciones sociales (Art. 142 LOTTT) y
cese a la pretensión de aprobar leyes de emergencia que vulneren el ahorro de
los trabajadores al final de su vida útil.
5. Libertad plena para
todos los trabajadores y dirigentes sindicales y sociales injustamente
detenidos y judicializados por protestar pacíficamente, así como el cese
definitivo de la persecución y criminalización de la lucha sindical.
Señor ministro, la paz y
la estabilidad económica de la nación solo serán posibles mediante la
restitución de la justicia social y el respeto a la dignidad del trabajo. De no
obtener una respuesta satisfactoria y pronta a estas demandas impostergables,
la protesta de los trabajadores, pensionados y jubilados seguirá en las calles
de manera firme y consecuente hasta lograr la reivindicación de nuestros derechos
vulnerados por el Ejecutivo Nacional y la patronal privada.
Atentamente,
John Muñoz, Robert
Rodríguez, Héctor López, Alberto Centeno, Iván Briceño y Jesús Elorza
Coordinadores de Gente
del Deporte
Todas las luchas una sola
lucha.
Salarios y Pensiones
dignas, Democracia y Libertad.
Libertad Plena para los
presos políticos
Por un Deporte Mejor en
una Sociedad Mejor