ENROQUE: ROJO x ROJO
Jesús Elorza
La reciente designación
de Larry Devoe como Fiscal General de la República y de Eglée
González Lobato como Defensora del Pueblo, por parte de la Asamblea
Nacional, no representa un avance hacia la democracia, sino la consolidación de
un sistema de "enroques" rojo x rojo, diseñado para garantizar la
supervivencia del régimen. Este proceso, lejos de cumplir con el espíritu de la
Constitución, ha sido una puesta en escena para revestir de legalidad una
decisión tomada en los despachos del Poder Ejecutivo.
La Ley Orgánica del Poder
Ciudadano y la Constitución exigen para estos cargos una trayectoria técnica
intachable y, sobre todo, autonomía e independencia política. Los
perfiles designados contradicen estos principios:
- Larry Devoe (Fiscal General):
Su mérito no reside en la defensa de la justicia, sino en su rol histórico
como escudo jurídico del régimen ante organismos internacionales. Su
vinculación directa con el Ejecutivo lo inhabilita moral y legalmente para
ejercer una acción penal autónoma, especialmente en casos de violación de
derechos humanos donde él mismo actuó como defensor de los presuntos victimarios.
- Eglée González Lobato (Defensora del
Pueblo): Su designación es el resultado de
una maniobra de distracción política. Su perfil, aunque presentado bajo un
barniz de academia y moderación, carece de la independencia necesaria para
enfrentar al Estado en defensa de los ciudadanos. Notorios son sus
acercamientos con el régimen en la defensa de los fraudulentos resultados de
la elección presidencial el 28 de julio 2024.
Es imperativo denunciar
el papel colaboracionista de sectores que, bajo el nombre de "oposición",
sirvieron de fachada para legitimar esta farsa.
- Fuerza Vecinal y el factor Antonio
Ecarri: Actuaron como el "comodín"
necesario para simular una pluralidad inexistente. Al proponer y respaldar
nombres que terminaron favoreciendo la agenda del régimen, estas
organizaciones se convirtieron en la mampara política que permitió
proyectar una falsa imagen de consenso y diálogo ante la comunidad
internacional. Su participación no fue un ejercicio de política real, sino
un servicio de gestoría para el mantenimiento del statu quo.
Como han denunciado
organizaciones como Transparencia Venezuela y Justicia, Encuentro y
Perdón, el proceso careció de:
- Transparencia:
Evaluaciones realizadas en secreto, sin mecanismos de escrutinio público.
- Participación Ciudadana:
Se ignoraron las objeciones de la sociedad civil sobre la falta de
idoneidad de los postulados.
- Trayectoria Técnica:
Se privilegió la lealtad política sobre el conocimiento jurídico y el
compromiso con los derechos humanos.
Este nombramiento anula
cualquier esperanza de justicia interna tras los eventos electorales y las
sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales. Al colocar a un
"defensor del gobierno" como Fiscal y a una figura pactada como
Defensora, el Estado venezolano envía un mensaje claro: la impunidad es
política de Estado.
El país no asiste a una
renovación de poderes, sino a un perfeccionamiento de la hegemonía. El tiempo
de las "mesas de diálogo" y las "reformas estructurales"
cosméticas se ha agotado. Desde esta tribuna, desconocemos la legitimidad de
funcionarios cuya única credencial es la complicidad con el sistema que hundió
a Venezuela en su peor crisis institucional.
La justicia no es un
enroque de nombres; es un derecho del pueblo que hoy sigue siendo secuestrado.
