POLITICA Y DEPORTE
TRATA SOBRE TEMAS DEL ACONTECER POLITICO Y DEPORTIVO EN VENEZUELA Y EL MUNDO.
lunes, 26 de octubre de 2026
viernes, 23 de octubre de 2026
- Costo estimado inicial: $2.700 millones de dólares (proyecto de ingeniería similar al de la Central Hidroeléctrica Caruachi, finalizada en 2005).
- Costo sobrevaluado acumulado: Más de $12.000 millones de dólares.
- Promesa de entrega: Prevista originalmente para el período 2012-2014, proyectando la puesta en funcionamiento gradual de 10 turbinas.
- Resultado: Sucesivos diferimientos, atrasos multimillonarios, devaluaciones y parálisis que convirtieron a Tocoma en un monumento a la ineficiencia presupuestaria.
- Contexto: Fue el primer ministro de Energía Eléctrica tras la creación de la cartera en 2009 por Hugo Chávez.
- Señalamientos: Implementó un severo plan de racionamiento eléctrico nacional para contener la primera gran crisis del sector. El plan generó fuertes protestas y falló críticamente al aplicarse en Caracas, lo que motivó su destitución fulminante por parte de Chávez pocos meses después de asumir.
- Contexto: Hermano del fallecido presidente Hugo Chávez. Ejerció brevemente como viceministro, ministro y presidente de Corpoelec.
- Señalamientos: Organizaciones sindicales y auditorías independientes señalaron su gestión por presuntas irregularidades administrativas en la asignación de recursos para el mantenimiento de plantas, calculando pérdidas millonarias destinadas al sector. También fue cuestionado por la extensión irregular de contratos de mantenimiento tecnológico.
- Contexto: Ejerció al inicio del mandato de Nicolás Maduro. Al asumir el cargo, prometió públicamente renunciar en 90 días si no lograba estabilizar el sistema eléctrico nacional.
- Señalamientos: Bajo su administración continuaron los racionamientos crónicos a nivel nacional. Se le cuestiona el manejo financiero de megaproyectos inconclusos o con severos retrasos, entre ellos la Central Hidroeléctrica Tocoma, que acumuló sobrecostos milmillonarios sin entrar en funcionamiento comercial óptimo.
- Contexto: General de la Guardia Nacional Bolivariana. Estuvo al frente del ministerio durante el histórico apagón nacional de marzo de 2019, que dejó a más del 90% de Venezuela a oscuras durante varios días.
- Señalamientos: Su gestión estuvo marcada por atribuir sistemáticamente las fallas al "sabotaje" (la tesis de la guerra eléctrica) y a fenómenos climáticos como El Niño. Fue destituido tras la parálisis nacional de 2019. Posteriormente, fue objeto de sanciones internacionales y acusaciones por parte de la justicia de Estados Unidos debido a presuntos esquemas de lavado de dinero y recepción de sobornos vinculados a la adjudicación de contratos de Corpoelec.
- Militar y político que asumió el cargo tras los breves pasos de los ingenieros Igor Gavidia y Freddy Brito. Durante su periodo se consolidó el esquema de racionamiento prolongado (denominado formalmente "Plan de Administración de Cargas"), afectando de manera crítica a los estados occidentales del país (especialmente Zulia, Táchira y Mérida). Al igual que sus predecesores, justificó las interrupciones del servicio mediante denuncias de ataques físicos y cibernéticos al sistema central del Guri.
- Jorge Márquez Monsalve (2024–2026): General de la GNB que asumió con la tarea prioritaria de estabilizar el flujo en las regiones con mayores protestas por cortes prolongados. Fue relevado del cargo en marzo de 2026.
- Rolando Alcalá (2026–presente): Ingeniero eléctrico designado por el Ejecutivo con el objetivo técnico de recuperar la capacidad termoeléctrica e incorporar megavatios adicionales para mitigar los racionamientos crónicos en el interior de la república.
viernes, 16 de octubre de 2026
viernes, 9 de octubre de 2026
- El Emperador Americano: Magnate y soberano con peinado inamovible y traje impecable.
- El Capitán General Rubio: Enviado imperial de mirada severa, carpeta bajo el brazo y diplomacia implacable.
- La Presidenta Usurpadora (exvicepresidenta): Ataviada con banda presidencial improvisada.
- Su Combo (Coro de Diputados): Asistentes con chalecos rojos descoloridos y aplaudidores automáticos.
viernes, 2 de octubre de 2026
“Si a San Juan le toca el bono,
la ministra Sanjuán
no se lo da”
Jesús Elorza
A una sola voz, obreros,
empleados y profesores —tanto activos como jubilados— entonan en los pasillos
universitarios una frase que trasciende la devoción popular del cada 24 de
junio para convertirse en un reclamo categórico de dignidad. El tradicional
lema popular reverbera hoy con un sesgo amargo y desgarrador para retratar la
política salarial y de exclusión impuesta por la Ministra de Educación
Superior, Ana María Sanjuán.
La comunidad
universitaria, articulada a través de sus autoridades académicas y
representaciones gremiales, ha alzado la voz para denunciar el atropello y la
discriminación sistemática que ejerce el Ministerio de Educación Universitaria.
El foco del conflicto se centra en la negativa del Ejecutivo a cancelar el
“Bono de Responsabilidad Académica” (anteriormente denominado “Bono de
Responsabilidad Profesional”) a la totalidad del personal docente,
administrativo y obrero de las Universidades, extendiendo la afectación tanto a
trabajadores activos como a jubilados.
Los hechos que sustentan
esta grave denuncia revelan un patrón de desmantelamiento institucional. En
primer lugar, la asignación de este beneficio obedece a una decisión unilateral
del Ejecutivo Nacional, adoptada a espaldas de las instituciones superiores y
sin consulta alguna con las autoridades universitarias. El pago ha sido
procesado mediante la data del Sistema Patria, despojando a la universidad de
sus competencias históricas de control y gestión de nómina. Aunque la institución
elabora y envía rigurosamente las maquetas para el procesamiento de los
salarios y el bono de alimentación, no tiene participación ni fiscalización
sobre la entrega de bonificaciones adicionales. Se desconocen los criterios
técnicos aplicados, los montos definitivos y la lista real de beneficiarios.
Esta
discrecionalidad se agrava con la ausencia de canales formales de comunicación.
El Ministerio ha sustituido las vías institucionales y resoluciones oficiales
por la difusión informal de flyers digitales. En la práctica, el bono ha
sido entregado de manera excluyente, opaca y caótica, sumiendo a las familias
universitarias en la incertidumbre y profundizando los niveles de pobreza
extrema a los que ha sido sometido el sector.
No existen fundamentos
legales, contractuales, económicos ni sociales que justifiquen la exclusión del
personal jubilado de estas bonificaciones. La actuación ministerial quiebra
flagrantemente los principios constitutivos de igualdad, no discriminación y
progresividad de los derechos laborales consagrados en las leyes venezolanas. Para colmo de la arbitrariedad, la gestión
ministerial ha introducido un sesgo de discriminación interinstitucional al
limitar el pago efectivo de dicho bono a los profesores de la Universidad
Central de Venezuela (UCV), dejando desamparados a los trabajadores del resto
de las casas de estudio del país.
Ante la ola de reclamos,
la respuesta de la cartera ministerial ha sido evadir su responsabilidad,
argumentando falsamente que la omisión en el pago responde al supuesto
incumplimiento de las universidades en la entrega de sus nóminas. Cabe preguntarse con indignación: ¿Cómo se
le pretende decir al país que un ministerio ignora la nómina de las
universidades bajo su tutela? ¿Se ejercen responsabilidades de Estado sin
conocer a los trabajadores que integran el sector?
Frente a este descalabro
laboral y administrativo, la respuesta ministerial ha pretendido desviar la
atención planteando la reforma de la Ley de Universidades. La contestación de
la comunidad universitaria ha sido inmediata y contundente: lo urgente y
prioritario es frenar la violación sistemática de los derechos laborales,
restituir salarios dignos, respetar la autonomía universitaria, levantar el
asfixiante cerco presupuestario y atender integralmente a los estudiantes
mediante el rescate de comedores, transporte, bibliotecas y becas.
En el contexto actual,
cualquier discusión legislativa solo buscaría afianzar el autoritarismo y
consolidar la eliminación de los derechos conquistados. La verdadera
transformación solo será posible garantizando elecciones libres y democráticas
para renovar las autoridades rectorales y decanales en un ambiente de pleno
respeto a la institucionalidad.







