sábado, 27 de agosto de 2022

 

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DESCARO PATRONAL

Jesús Elorza

Los dirigentes sindicales, que asistieron a la reunión con la presidente del Instituto Nacional de Deporte, en representación de los Entrenadores Deportivos, no podían creer lo que manifestaba la funcionaria como respuesta a los problemas que afectaban a los agremiados activos, jubilados y pensionados con respecto a la violación de sus Derechos Laborales contenidos en los contratos colectivos como eran los relacionados con los aportes a la Caja de Ahorros, Seguros HCM, Bono Vacacional, Bono Recreacional, aplicación del Escalafón, Homologación Salarial, Pago de Prestaciones y el Ajuste de las Pensiones al costo de la Cesta Básica Alimentaria como lo establece la Constitución. Frente a esos justos reclamos, la respuesta patronal de la presidenta, fue decir, con su cara muy lavada, “No sé de qué me están hablando”, “Contrato Colectivo, ¿Qué es eso? Yo no tengo deuda con nadie menos con la Caja De Ahorro, de dónde sacan que no se les ha entregado los aportes ¿Cuáles aportes? Yo no he firmado ningún contrato por lo tanto vuelvo a repetirles, amigos dirigentes sindicales que, lo mejor para resolver este punto es que, me reúna con el Ministro del Deporte para que me diga que es lo debo hacer.

Presidenta, dijo uno de los representantes sindicales, con una arrechera que no podía ocultar, déjeme ilustrar su profunda ignorancia con respecto a los derechos laborales de los Entrenadores Deportivos para que, pueda superar el triste papel de un funcionario títere que colocado en un cargo diga lo que usted dijo “no sé de qué me están hablando”. En primer lugar, debo señalarle que todo lo que hoy hemos venido a denunciarle es producto de la política económica del régimen que usted representa en estos momentos y que se traduce en el desconocimiento de todos aquellos beneficios que han logrado los trabajadores a través de sus luchas y que, en estos 22 años, sistemáticamente han establecido autocráticamente normas para desmejorar el salario, las jubilaciones y las pensiones de los trabajadores. Han utilizado, como instrumentos interventores al Ministerio del Trabajo, la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), al Ministerio del Deporte y al IND.

En el caso específico de los entrenadores, debo señalarle que fue en el año 1973 cuando se logró romper con los contratos individuales de corte esclavista, donde el trabajador solo tenía deberes, pero no derechos logrando alcanzar La Resolución 86 del Directorio del IND en donde se consagraba el derecho a discutir y convenir la contratación colectiva cada dos años a partir de esa fecha. Durante 27 años consecutivos con los diferentes presidentes del IND, los entrenadores fueron consolidando sus derechos y beneficios laborales a través del principio de intangibilidad y progresividad. Entre las clausulas convenidas puedo citar entre otras: la indexación salarial, el aporte del 12 % a la Caja de Ahorro, la Seguridad Social, el Manual Clasificador de Cargos, uniformes, vacaciones, derecho a la jubilación homologada con la remuneración de los activos, el Escalafón de los Entrenadores para toda la administración pública que contempla la definición de este trabajador como “Docente Deportivo”.

Con la llegada del Socialismo siglo XXI, comienza la paulatina pero progresiva agresión contra los derechos laborales al iniciarse el desconocimiento o congelación de la discusión de los contratos colectivos hasta llegar hoy en día a la instrumentalización del desconocimiento total de las contrataciones colectivas con el Memorándum del Ministerio del Trabajo y el Instructivo de la ONAPRE   que desaplica los contratos colectivos vigentes y pretende imponer un tabulador de beneficios que reduce el salario integral de los trabajadores entre 40 y 70% violenta al menos media docena de disposiciones constitucionales. El texto en cuestión obvia las tablas salariales establecidas en el Escalafón de los Entrenadores y modifica unilateralmente, hacia abajo, la manera de calcular los beneficios, como las bonificaciones por antigüedad y las primas de especialización o profesionalización, por uniformes y por hijos.

Caso específico, de estas arbitrariedades es lo relacionado con la Caja de Ahorros del IND. Por norma contractual el entrenador aporte mensualmente 12% de su salario, jubilación o pensión y el Instituto como patrón también aporta igual cantidad 12% es decir, que el trabajador dispone de un ahorro del 24 % mensual en su caja. Pero lo insólito del caso, ciudadana presidente del IND es que, ¡¡¡esos aportes desde el mes de junio del 2020 no han ingresado a la Caja de Ahorro!!! Cabe preguntarse ¿Dónde están los reales? Pero seguro que su respuesta señora presidente será ¡¡¡Ay, Yo no sé!!!

En fin, expresó el dirigente sindical representante de los entrenadores, quiero terminar señalándole que, no tiene sentido alguno seguir conversando con una persona que no tiene la más mínima idea de cómo gerenciar el cargo que ocupa. Pondremos nuestro esfuerzo en lograr conversar con el Ministro del Deporte para ratificarle que los Derechos Laborales de los Entrenadores son intangibles, que no pueden ser anulados arbitrariamente por un patrón o un gobierno y están amparados bajo el principio de progresividad, es decir que,  ningún cambio se puede realizar en el marco del contrato de trabajo que implique una disminución o pérdida de un derecho, y en su caso, los cambios o modificaciones son sólo admisibles si son más beneficiosas para el trabajador.

Los entrenadores, que esperaban a las afueras de la reunión, al ser informados comenzaron a vocear su consigna de lucha:

DERECHO QUE NO SE DEFIENDE, DERECHO QUE SE PIERDE.

sábado, 20 de agosto de 2022

 






El fútbol profesional es como el crimen, “No paga”

Jesús Elorza

En los primeros días de agosto, se celebró un partido de fútbol en el estadio “Hermanos Ghersi” de Maracay, entre las ocenas del Aragua FC y el Deportivo La Guaira. Lo sorprendente de este partido fue que al escucharse el silbato del árbitro para dar inicio al juego ¡¡¡los jugadores del equipo local se quedaron parados durante dos minutos!!!. Todos los presentes en el estadio, comenzando por los integrantes del equipo contrario, los árbitros, el público presente en las gradas y todos aquellos que seguían el partido por las trasmisiones radiales y televisivas no salían de su asombro y una pregunta recorría todo el escenario ¿Qué está pasando?, ¿Por qué los jugadores no se mueven?

El árbitro principal, en lugar de indagar las causas que dieron lugar a esa situación, quizás producto del nerviosismo se apresuró a sacarle tarjeta amarilla a los jugadores del Aragua FC. El equipo contrario, quizás por conocer las dificultades de sus compañeros, se solidarizaron con ellos y no se aprovecharon de la situación al ver que no se movían para marcarles un gol. Al pasar 120 segundos, el capitán del equipo aragüeño, gritó a todo pulmón que, la conducta asumida era un acto de protesta contra la directiva del equipo porque ¡¡¡les adeudaban cinco meses de salarios!!!

Sustentaban su protesta, en que no habían sido atendidos sus numerosos reclamos formulados a los dueños del equipo y a la gobernación del estado. Nadie les daba respuesta a sus justos reclamos y la situación personal o familiar se hacía cada día más complicada. También, se hacía evidente y lamentable la conducta de mirar hacia otro lado, asumida por los dirigentes de la Federación Venezolana de Fútbol y los de la Liga profesional Futve quienes se lavaban las manos, como Pilatos, al decir de manera irresponsable que lo ocurrido con la falta de pago a los jugadores no era su problema sino de los dueños de equipos.

Las autoridades federativas o gubernamentales, no deben ni pueden desatenderse de los problemas derivados por incumplimientos de pagos de honorarios profesionales o de violación a los contratos de los jugadores ya que la legislación sobre esos temas está contemplada en la Constitución Nacional, La Ley del Trabajo, La Ley del Deporte, los Estatutos y Reglamentos de la Federación Nacional e Internacional. Escurrir el bulto, como pretenden los dirigentes y dueños de equipos solo representa una conducta cómplice con los atropellos y violaciones de los Derechos Laborales de los jugadores.

Es importante señalar, que lo denunciado por los jugadores aragüeños no se limita a ese equipo en particular. La historia del fútbol profesional está llena de capítulos como este: Los jugadores del club Deportivo Táchira, actual campeón del torneo, denunciaron que no han recibido sus salarios desde hace más de tres meses. Además, el conjunto andino exige los pagos de las premiaciones que consiguieron en 2021 tras ser campeones de la Liga Futve y clasificar a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Los integrantes del plantel de Estudiantes de Mérida tienen cuatro meses sin recibir sus sueldos. Entre la grave situación del club, algunos jugadores han tenido que hacer rifas para poder pagar los tratamientos médicos de las lesiones que sufrieron durante los partidos. Parte del conjunto de Zulia FC tiene tres meses sin recibir sus salarios. Mientras, en el equipo de la UCV FC llevan dos meses sin poder cobrar. Eduardo Saragó director técnico del Deportivo Lara, renunció a su cargo después del primer partido que le tocó dirigir porque los dueños del equipo no cumplieron su promesa de pagarle la deuda de tres meses de salarios que tenían con los jugadores.

Llama poderosamente la atención el hecho de presentarse regularmente este incumplimiento de pago o violación de los derechos laborales de los jugadores puesto que, en el negocio del fútbol profesional se destaca que la mayoría de los equipos tienen relación directa con las autoridades de gobierno municipal, regional y nacional, el mantenimiento de los estadios corresponde a las autoridades regionales o nacionales y para solventar los gastos de nómina y logística se crean fundaciones para apoyar a los equipos. Entonces, no se justifica la supuesta crisis económica para incumplir con los pagos a los jugadores. En el caso particular del Aragua FC, es importante señalar que en el Presupuesto 2022 para el Desarrollo Social y Participación, se le asignó al equipo de fútbol un monto de 742. 399,48 bolivares monto ese similar al asignado para el Instituto Regional de Deporte 743.075,73. Como explicar que a un solo deporte le asignen una cantidad similar a la de un instituto que tiene que manejar múltiples disciplinas deportivas. Da la impresión que el futbol profesional es pagado con dinero público sin que nadie entregue cuentas.

Con razón, la expresión popular de los aficionados, para referirse al incumplimiento de pago a los jugadores hace honor al por siempre recordado José Campos Suárez “El futbol profesional es como el crimen, NO PAGA”


lunes, 15 de agosto de 2022

 






Federación de Traidores Universitarios

Jesús Elorza

Uno a uno fueron llegando a la sede del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (M.P.P. PS.T), los directivos de la FTUV Carlos López, Orlando Zambrano, Reinaldo Matos, César Radas, Lina Pérez, Luis Brito, Nahum Salazar Benítez, Yoneida Medina y Josué Rodríguez para resolver todo lo relacionado con el Bono Vacacional y el Bono Recreativo de los trabajadores universitarios activos y jubilados.

Al comenzar la reunión, los “directivos” sindicales, sintieron un profundo alivio cuando el ministro les presento el acta con los acuerdos que deberían ser firmados. La razón, de sentirse aliviados, era porque ellos (los “directivos”) no tenían ninguna propuesta y querían salir rápido del asunto. Al escuchar al ministro diciendo que el Bono Vacacional y el Recreativo, correspondiente a 105 de salarios, se pagaría de la siguiente forma: «10 días de Bono en agosto, 10 en septiembre, 20 en octubre y 75 en el 2023». Todos los “directivos” levantaron las dos manos en señal de aprobación colectiva y felicitaban al Ministro del Trabajo y a la Ministra de Educación Universitaria por su loable esfuerzo por alcanzar una salida honorable para el pago de lo correspondiente a las vacaciones de los trabajadores.

Seguidamente, Carlos López, en su condición de Coordinador general de la Federación de Traidores, toma la palabra para decir que, la oferta gubernamental permite romper el cerco imperialista contra el país y a su vez representa, al ser fraccionado el pago, una forma de ahorro porque así los trabajadores no lo gastan en un solo día. Con su permiso Ministra Camarada Tibisay, voy a utilizar su famosa frase para decirle a los trabajadores que este extraordinario acuerdo “¡¡¡es irreversible!!!" Todo el país está a la espera de este acuerdo y tengan la seguridad, camaradas ministros que, el mismo será de absoluta aceptación. Y de inmediato, comenzaremos a ver a miles de trabajadores en el pleno disfrute de sus vacaciones.

Acto seguido, el típico brindis revolucionario con whisky 18 años y la respectiva llamada a Nicolás para informarle que el sindicato aceptó sin chistar su propuesta gubernamental para el pago aplanado y fraccionado del bono vacacional-recreativo.

Pero, la respuesta nacional de los trabajadores no fue la esperada por el régimen y sus serviles acólitos. Los trabajadores, no solo del sector universitario sino también los del sector de empleados públicos, salud, educación, deporte, alcaldías y gobernaciones salieron a la calle a reclamar sus derechos laborales y rechazar esa farsa de la ahora llamada Federación de Traidores Universitarios. Ese acuerdo firmado a espalda de los trabajadores es un irrespeto a la contratación colectiva y al principio de «progresividad e intangibilidad» de las reivindicaciones conquistadas. Ese irrespeto se expresa en la aplicación del Memorando 2792 del Ministerio del Trabajo y sus subsecuentes tablas salariales provenientes de la Onapre. Estos decretos violan flagrantemente el artículo 89 de la Constitución y el convenio número 98 de la OIT, que nos hablan del derecho a la sindicalización y contratación colectiva.

Carlos López, al recibir la información de la protesta generalizada, le hizo un llamado a la calma a sus colegas traidores de la FUTV, diciéndoles, tengan calma que todo está controlado, esas escuálidas protestas no pasaran más allá de 24 horas y nosotros salimos buchones con ese acuerdo.

¿Cómo así? preguntaron los otros directivos traidores.

No pasen por alto la cláusula # 60 de la IVCCU que nos garantiza nuestra seguridad y jubilación como dirigentes. Para que entiendan mejor, se las voy a transcribir:

           ….el MPPE acuerda mantener como aporte federativo el cinco por ciento 5%del presupuesto total anual de los salarios básicos de los trabajadores universitarios y será entregado a la FTUV, quien la administrará y estará orientado para cubrir actividades de índole social y los gastos administrativos de la federación….

Bueno camaradas traidores, ese descuento es una Boloña de real. De allí que, quienes nos vamos de vacaciones con la cartera full somos nosotros. Recuerden, no olvidar nuestro papel directivo sindical “Traidores siempre, luchadores por la defensa de los derechos laborales nunca”

Una consigna recorre al país para denunciar a la Federación de Traidores Universitarios: “Allí están esos son los serviles del patrón”


 








SOCIALISMO MILITAR

Jesús Elorza

A raíz de la designación de dos Generales de División, por parte del régimen para integrar al Tribunal Supremo de Justicia, los comentarios entre los milicianos de las diferentes brigadas comunales no se hicieron esperar. Algunos se preguntaban, sobre cuáles serían los argumentos para incorporar militares al máximo tribunal si ya ese sector tiene su propia justicia y su Corte Marcial.  Eso es incongruente y anticonstitucional, pensaban otros milicianos.

-Camaradas, dijo uno de la UBCH, yo me pregunto si esos recién nombrados tienen títulos de abogados, de no ser así, esa designación tendrá una justificación política mas no jurídica.

- Quiero expresar, que durante mucho tiempo me ha llamado la atención, la deriva militarista de nuestro gobierno. El camarada presidente, siempre ha manifestado una preferencia por los representantes de las Fuerzas Armadas dejando de lado a los civiles que formamos parte activa de las organizaciones revolucionarias, señaló enfáticamente un representante del Partido Comunista. Esto es una nueva versión del pensamiento marxista que pretende establecer que “De cada uno según su capacidad, a cada uno según su rango”

-Un estudiante de la comuna universitaria intervino para manifestar sus inquietudes con respecto al tema. Déjenme leerles un párrafo de un escrito hecho por un profesor de Derecho Constitucional de la UCV que por casualidad llegó a mis manos:

…El creciente papel de los militares en la economía, justicia y política venezolana ha ido a contracorriente de los objetivos de un mayor control democrático sobre los sectores de seguridad y defensa. Su creciente participación política y partidista –que incluye su desempeño como represores de protestas sociales y sus labores en el sector de inteligencia– y sus actividades empresariales han potenciado el auge del militarismo. El resultado es la desinstitucionalización, la desprofesionalización y la desconfianza social respecto de las Fuerzas Armadas y la constitución de una suerte de “socialismo militar”

 

El joven estudiante tiene toda la razón, declaraban la mayoría de las personas que sentían en carne propia que la consigna chavista de la relación cívico-militar para gobernar el país devino en una gobernabilidad abiertamente autoritaria, que le otorgó al sector militar un papel central en la economía y la política. A partir de 1999, se avanzó paulatinamente en una militarización de la sociedad. En su primera etapa, el énfasis estuvo puesto en la identificación de la Fuerza Armada como «bolivariana». En 2007, después de su reelección, Chávez privilegió la revolución «socialista» y el papel militar en su defensa. Se introdujo el lema «Patria, socialismo o muerte. Venceremos», que vulnera el artículo 328 de la vigente Constitución de 1999, que señala que la Fuerza Armada es una institución profesional y sin militancia política.  El 22 de julio de 2008, por decreto, se promulgó la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esta norma, que fue reformada varias veces por decretos presidenciales, conllevó transformaciones no solamente en la estructura e institucionalidad, sino también en la doctrina militar. Fue en este momento cuando se incorporó el término «bolivariana», por entenderse que la Fuerza Armada pasaba a ser representante del proyecto político de una parte del país. Adicionalmente, se la definió como un cuerpo “patriótico, popular y antiimperialista”. Esa misma ley fue la que incorporó a la Milicia Nacional Bolivariana, definida en ese momento como un complemento de la Fuerza Armada. Esta milicia dependería directamente del presidente de la República y su actuación incluiría el mantenimiento del orden interno.

-No dejen por fuera la creación del el Comando Estratégico Operacional de la Fanb, presidido por el presidente de la República, señaló un militar jubilado, con lo cual el Ministerio para la Defensa quedaba reducido a funciones básicamente administrativas. Este cambio importante profundizaba así lo que se advertía desde hace varios años: el carácter pretoriano que se iba instaurando en el país y la cada vez más difusa separación entre las áreas de defensa y seguridad pública, en el marco de una creciente militarización de la sociedad. 

 

-Según especialistas en historia de la Fuerza Armada Nacional venezolana, se ha documentado que desde 1999 a la fecha de hoy, más de 2.500 militares de distintos rangos, entre activos y retirados, han desempeñado y/o ejercen cargos en la administración pública. Los uniformados están en gobernaciones, alcaldías, en los ministerios, en los viceministerios, en la Asamblea Nacional, en consulados y en embajadas. Adicionalmente, con la finalidad de restar poder a las autoridades civiles, el presidente Chávez creó las Zonas de Defensa Integral (zodi), así como las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (redi), bajo el mando de militares activos. Profundizando el control militar sobre los poderes descentralizados, el 22 de enero de 2018 el Comando de Abastecimiento Soberano emitió un decreto que prohibía a autoridades regionales y municipales llevar a cabo acciones relacionadas con el control y la distribución de alimentos.

-Los militares han desempeñado actividades en el sector económico, como por ejemplo el Plan Bolívar 2000 para la distribución de alimentos e inclusive la presidencia de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (pdvsa), el control del sector eléctrico, el metro de Caracas, las empresas de aluminio, hierro y acero en el sur del país, así como los puertos y las aduanas. A partir de 2013, se conformaron cuatro empresas militares: el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (banfanb), un canal de televisión (tvfanb), emiltra para transporte de carga por aire, mar y tierra y la empresa agrícola agrofanb. En 2016, ante la creciente crisis económica, el proceso de control del sector castrense se expandió a áreas estratégicas, como la alimentación y los recursos extractivos.

 

-Frente a los graves problemas de escasez de alimentos y medicinas, así como de otros servicios básicos de salud y educación, el régimen decidió establecer en agosto de 2016 la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, bajo el mando del ministro para la Defensa, un militar activo. El 10 de febrero de 2016 se estableció la Compañía Anónima Militar de Industrias Minera, Petrolífera y de Gas (camimpeg), la cual firmó varios memorandos de entendimiento con pdvsa. También se le otorgó un papel importante en el Arco Minero del Orinoco, que según el gobierno busca superar el «rentismo petrolero» y diversificar su actividad hacia la minería, entre otros, de oro, diamantes y coltán. Súmenle a todo esto las denuncias sobre narcotráfico, contrabando de gasolina y alimentos.

 

Todos los comentarios sobre la designación de militares en los sectores de la economía, justicia y política dejan en claro que, la militarización de los poderes solo es una expresión de un “Socialismo Militarista” o mejor dicho una “Dictadura Militar” al mejor estilo del régimen cubano.