A trece años de su partida, su ejemplo como atleta, entrenador, dirigente, docente, abogado, amigo, esposo y padre de familia esta por siempre grabado en los corazones y pensamientos de los que como él luchan por un deporte mejor en una sociedad mejor. Seguimos pensando en él como sin duda él lo quería, con el júbilo inmenso de que haya existido, con la alegría entrañable de haberlo conocido, y la gratitud de que nos haya dejado una obra tal vez inconclusa pero profunda e indestructible como su recuerdo.

Como un sencillo pero sentido homenaje a su memoria, en un trabajo realizado a dos manos, con el amigo Miguel Ángel Paz, presentamos una semblanza poética, que recoge todo el acontecer atlético, laboral, gremial dirigencial, académico, legislativo y familiar de nuestro por siempre solidario amigo. ​

 

               NELSON​

“UN LUCHADOR INSIGNE”​

 

Cargado de ilusiones marinas, / partiste de la Vetusta ciudad/ a cumplir tus sueños de atleta insigne/ la capital nacional/ te abrió sus brazos/ como hijo prodigioso, / ante tus zancadas ansiosas de triunfos/ en el óvalo de cuatro hectómetros, / con espigada figura y genio, / cual símil de cerilla,/ asumido como nombre de pila/ impuesto por la Unión de tu equipo.​

 

Propósito logrado​

 

-en el deporte rey -​

 

Esencia de tu existencia. ​

 

Avanzastes a semifinales/ en la formación docente en el exigente rol/ de convertirte en guía y formador exigente. ​

 

Lograstes conquistar la final/ convertido en líder gremial, luchador infatigable, / participante en luchas victoriosas, /​

 

solidario y consecuente con externas. ​

 

 descentralizadora. ​

 

Amigo excepcional, / honroso y testimonial presencia, / vida familiar ejemplar, / entrega decorosa/​

 

Con presea dorada/en la búsqueda definitiva / de la excelencia deportiva/ para una mejor sociedad. ​

 

Permanecerás presente, / con huella indeleble/ en las páginas/ históricas deportivas del país. ​

                                                                                                                                                                  Te recordamos como un activista de la sencillez / sembrador del fruto indoblegable/ de la solidaridad y la amistad / guía referencial / de los Entrenadores Deportivos / en búsqueda de la verdad. 

 

                                                                                                          Miguel Ángel Paz / Jesús Elorza

 

UPEL vs SPARTANS

Juego bajo protesta

Jesús Elorza

El pasado 17/04/2023 el Rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL decidió suspender las actividades en el gimnasio “Manuel Gallegos Carratu” del Instituto Pedagógico de Caracas IPC, pues la instalación no estaba en condiciones para seguir siendo usada hasta que no se lograra su reparación. Esta decisión fue reclamada por los socios del Club de Baloncesto “Spartan” quienes alegan tener un contrato firmado con las autoridades del IPC para el uso de la referida instalación, en la cual, según sus palabras ya han invertido más de 25.000 dólares en reparaciones. Esta situación, motivó una reunión entre las partes (Rectoría/representantes del club) en la cual salieron a relucir los elementos jurídicos que rodeaban ese supuesto convenio mal llamado “contrato” por algunos:

-En primer lugar, es importante precisar que el Director Decano del IPC firmó un documento pasando por encima de las normas establecidas en el Reglamento General de la UPEL que faculta solamente al Rector como el único ente que puede comprometer a la universidad. En consecuencia, si el documento presentado no tiene la firma del Rector de la UPEL lo firmado es nulo de toda nulidad. Es bueno recordar que, la nulidad de un contrato se da por existir algún vicio en el mismo por parte de alguno de los contratantes.

-El gimnasio “Manuel Gallegos Carratu”es un aula de clases que solo se puede utilizar en otras actividades complementarias una vez que se hayan cumplido las actividades docentes pautadas en él. No puede pretender un club privado o externo a la universidad transformarse en el usuario exclusivo de la instalación en detrimento de la actividad académica establecida en esa instalación.

-Si se ha invertido una cantidad de dinero en supuestas reparaciones lo más importante en este momento es presentar todos los soportes relacionados con este hecho para la respectiva rendición y aprobación de cuentas por los organismos administrativos y contralores de la universidad.

Lejos de llegar a un acuerdo en esa reunión, los representantes del club “Spartan” se retiraron de la misma y procedieron a introducir en los tribunales una demanda contra la UPEL-IPC por el supuesto delito de “Haber dejado a 460 niños, niñas y adolescentes sin sus entrenamientos deportivos, al proceder a cerrar el gimnasio cubierto “Manuel Gallegos Carratu”

El martes 31 se cumplió lo que pudiéramos llamar “El show de la Audiencia Express” con la presencia de más de 40 niños con sus representantes, un fiscal del Ministerio Publico, un fiscal de la LOPNA y un fiscal del Pueblo. Después de nueve horas y media de audiencia, durante las cuales la juez desestimó todas la pruebas y alegatos presentadas por los representantes de la UPEL; el tribunal en una sola jornada admitió y sentenció el recurso a favor del Club Spartan bajo los siguientes dispositivos:

1) se declara con lugar el amparo

2) en términos de 12 horas, se ordena retirar los candados de la puerta del gimnasio

3) en compensación y para restablecer las actividades deportivas tendrán 16 sábados continuos a partir de las 8 am para entrenar, sin límites de horario

4) el club hará las reparaciones necesarias “dependiendo de su alcance presupuestario y dejó en claro la juez que tampoco es que van a reparar todo el gimnasio”

La juez en su “imparcial” decisión dejo de lado que la referida instalación es un aula universitaria, dejo de lado el principio de la autonomía universitaria, dejo de lado a los estudiantes de Educación Física que tendrán 16 semanas sin poder usar el gimnasio y dejo de lado la inexistencia de contrato alguno por la ilegalidad del documento presentado al no tener el mismo la firma del Rector única persona autorizada para comprometer los bienes de la universidad.

Igualmente hay que señalar que la referida sentencia es a todas luces inaplicable. No puede quedar sin clases los estudiantes de Educación Física durante el lapso de 16 semanas. Este hecho vendría a representar una intromisión inaceptable de un sector privado en el desarrollo académico autonómico de la universidad.

Toca ahora a los distintos sectores de la comunidad universitaria (obreros, empleados, estudiantes y docentes) fijar posición ante este intervencionismo judicial de la autonomía universitaria. El Consejo Universitario debe fijar posición al respecto y en primer lugar proceder de inmediato a apelar la decisión del tribunal. Las organizaciones estudiantiles acompañados por sus profesores realizar clases magistrales en el Gimnasio “Manuel Gallegos Carratu” .

También, es de importancia capital que el Consejo Universitario elabore una clara normativa que regule la firma de alianzas o convencimientos con terceros para el uso de las instalaciones universitarias. No puede seguir permitiéndose la firma oculta de contratos que lesionen la autonomía universitaria o que propendan al manejo particular no transparente de los recursos provenientes de esos contratos. La Oficina Nacional de Convenios de la UPEL debe en lo inmediato presentar un Informe sobre los contratos, alianzas o convenios firmados en los distintos núcleos de la universidad y la distribución de los recursos económicos producidos.

EXTERMINIO BOLIVARIANO SIGLO XXI

Jesús Elorza

El pasado 29 de mayo, las calles y avenidas principales de todos los estados del país se vieron colmadas por concentraciones y marchas de los adultos mayores en condiciones de pensionados y jubilados que convirtieron la celebración de su día en una jornada de protesta nacional ante la grave situación que viven los trabajadores producto de los rigores de las políticas económicas aplicadas por el régimen de Nicolás Maduro.

Llamó poderosamente la atención de todos los ciudadanos la consigna central de esta jornada “No al exterminio del adulto mayor” que dejaba al descubierto las verdaderas y macabras intenciones del régimen con sus arbitrarias y totalitarias decisiones en materia económica en contra de los trabajadores.

La pérdida progresiva del poder adquisitivo de las pensiones en los últimos años, mantiene a los pensionados en un estado de zozobra permanente, agobiados con un cúmulo de necesidades que debemos  enfrentar, especialmente las referidas a la alimentación y las medicinas; las cuales, por los bajos montos de las pensiones en relación con el alza indetenible de los precios de estos rubros, lo que  nos imposibilita  su adquisición por lo que estamos sub-alimentados y sin poder controlar nuestras enfermedades.

El incremento de la pensión para el 15 marzo del año 2022,  de 7 Bs que se percibían desde mayo del 2021 a 130 Bs que representaban 30 $ para aquella  fecha, hoy equivalen a 5 $, los cuales en pocas semanas serán 0 $ por efectos de la inflación que padecemos, condenando a más de 5 millones de adultos mayores a la pobreza más extrema jamás padecida,  al hambre,  a la desnutrición y a muerte adelantada por carencias alimentarias y medicinales al no incrementarse este año el salario mínimo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 6746, emitido en Gaceta Oficial el 1° de Mayo del 2023. Al no haber incremento del salario mínimo no hay incremento de las pensiones por cuanto a este salario se ancló ilegalmente el monto de las pensiones del IVSS.

 Hambre, desnutrición y pobreza extrema sostenida como política gubernamental acompañada de la inexistencia de programas de protección social, hospitales en total abandono, salarios-jubilaciones y pensiones congelados en el tiempo y destruidos por la hiperinflación deja en claro las verdaderas intenciones del régimen de conducir a los adultos mayores hacia un holocausto de exterminio parecido, en sus intenciones, a los campos de concentración del fascismo alemán. Que otra cosa pudiera pensarse cuando un trabajador no recibe suficiente salario, jubilación o pensión para la compra de sus alimentos (ingresos 5 $ y el costo de la cesta alimentaria es de 500$), cuando tiene que enfrentar un problema de salud y no puede acudir a una clínica por carecer de recursos y en los hospitales le piden una lista de insumos que supera en más de 20.000% sus ingresos mensuales, de lograr ser atendido viene el vía crucis de poder comprar las medicinas, algo imposible con un salario básico de 130 bolívares, si por simple casualidad logra tener un seguro HCM le exigen que pague y luego reclame el reembolso que nunca llegará, si acude a su Caja de Ahorro se conseguirá que el régimen tiene más de tres años sin entregar los aportes correspondientes por los descuentos (apropiación indebida) y finalmente si aparece la muerte carece de un seguro funerario y debe enterrar a sus deudos o a la inversa mediante la ayuda solidaria. Todo esto ocurre con la anuencia intencional de un régimen autoritario que solo busca mantenerse en el poder a costa de lo que sea sin tener el más mínimo interés en solventar la compleja crisis humanitaria por la cual atraviesa la población venezolana.

El falso argumento de responsabilizar a el bloqueo y mirar para otro lado mientras los escándalos de corrupción dejan desnudo al régimen en su política de saqueo de los recursos y bienes nacionales.

La lucha es por la vida contra el exterminio. Nuevas condiciones de vida y trabajo requieren necesariamente un cambio de gobierno. Es obligatorio superar este holocausto bolivariano siglo XXI.

 

FIN DE MUNDO

HOSPITALES SIN MÉDICOS

Jesús Elorza

Durante todo el mes de mayo, las calles y avenidas de Maracay han sido el escenario principal de las marchas y concentraciones de los Trabajadores de la Salud que de manera sostenida han mantenido sus denuncias y reclamos por la violación de sus derechos laborales. Los traslados inconsultos de los médicos y enfermeras que laboraban en los ministerios de salud y defensa al organismo regional de Corposalud, configuran medidas de despido indirecto y de arbitraria reducción de los salarios que afectaron, de una u otra manera, a más de 2.500 trabajadores del sector.

En el caso concreto del programa “Misión Barrio Adentro”, los médicos, enfermeras, empleados y obreros de manera unificada, llevaron sus reclamos a la Inspectoría del Trabajo en donde introdujeron un pliego con una solicitud de amparo, para todos y cada uno de los trabajadores afectados por las medidas anti obreras de los patronos. Hasta el presente no se conoce aún la respuesta gubernamental frente a este reclamo y los trabajadores se mantienen atentos a los acontecimientos, fortaleciendo su unidad y acción de lucha en sus justos reclamos.

De manera casi simultánea, en el Hospital Militar de Maracay, sesenta médicos residentes fueron transferidos, de forma inconsulta, del Ministerio de la Defensa al ya nombrado organismo regional de Corposalud. Esta arbitraria e ilegal medida fue protestada por el personal afectado. Además, dieron a conocer que, a pesar de haber firmado un contrato en diciembre del año pasado, no les habían cancelado ni un solo mes de trabajo.

Ante la protesta sostenida por los médicos, el gobierno se vio en la obligación de dar marcha atrás en su política de transferencia inconsulta del personal de una dependencia a otra, prometiendo la cancelación de los meses trabajados. Pero, de la manera más draconiana, les anunció a los médicos que a partir del próximo año ¡¡¡las residencias serían autofinanciadas!!! Esta medida colocaría al personal médico en una situación de esclavitud a todas luces inaceptable.

El médico residente es un profesional en formación que ha completado sus estudios universitarios de medicina y que se encuentra en la fase práctica de su formación especializada.

Una vez que se ha completado la carrera universitaria de medicina, el siguiente paso es especializarse en una rama concreta, como pueden ser la pediatría, la dermatología o la cardiología, entre otras. Para ello, es necesario realizar un período de formación especializada, que se conoce como residencia.

Durante este periodo, los médicos residentes tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad a situaciones reales en hospitales y centros de salud, y de aprender de forma práctica las habilidades necesarias para ejercer su especialidad. Todo ello bajo la supervisión de médicos especialistas que les guían y les enseñan las técnicas y procedimientos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de pacientes. La duración del programa de formación depende de la especialidad, que oscila entre dos y cinco años. Durante ese periodo de estudio o especialización, el médico recibe una remuneración o pago por su trabajo.

Ahora, el régimen pretende imponer a los médicos una situación de esclavitud al proponerles que ¡¡¡las próximas residencias serán autofinanciadas!!!, es decir, cada médico residente tendrá que trabajar gratis en el centro de salud asignado para sus estudios de especialización, en jornadas laborales de ocho o más horas diarias y guardias de 12 o 24 horas, cada dos semanas, sin devengar salario alguno.

Este régimen laboral propuesto por el régimen revolucionario del Siglo XXI deja ver a las claras su esencia dictatorial, en la cual el trabajador queda reducido a ser un simple esclavo, sin ningún derecho, lo que sin lugar a duda se traducirá a corto plazo, en que nuestros hospitales se queden sin médicos y los ciudadanos condenados a muerte.

 

Tarjeta de racionamiento revolucionaria

Jesús Elorza

En diferentes agrupaciones de personas, luego de los anuncios económicos formulados por Maduro, comenzaron a presentarse discusiones sobre los alcances que iban a tener los mismos sobre la difícil situación económica-social que hoy se vive en el país.

-Esos bonos no tienen ningún impacto sobre el salario mínimo de los trabajadores, sostenían algunos. La bonificación solo busca evadir los derechos contractuales que han logrado conquistar los trabajadores a lo largo de sus luchas y el régimen, al no modificar el salario mínimo, tiende o solo busca eliminar o reducir progresivamente el pago de las utilidades, el pago de las vacaciones, aguinaldos o las prestaciones sociales.

-Otras personas expresaban que, el régimen quedó al descubierto en lo relacionado con la Cesta Ticket ya que la misma según lo establecido en la ley se calcula en base a 15 Unidades Tributarias UT por día y si elevaron el costo de la UT de 0.4 a 9 bolívares entonces le corresponden a cada trabajador por ese concepto un pago mensual de 450 UT es decir 4.050 bolívares y no los 1000 bolívares que les acaban de pagar.

-Los anuncios del régimen no resuelven la precaria situación económica de los trabajadores, señalaban algunos. Según la OIT el umbral de la pobreza extrema se considera cuando un trabajador genera ingresos diarios inferiores a 1,90 dólares diarios. En este momento con el dólar cercano a los 30 bolívares por unidad el salario mínimo se ubica en alrededor de 4 dólares mensuales lo que significa un ingreso diario de¡¡¡ 0.13 centavos!!!

-En este debate, no podemos dejar de señalar lo relacionado con el salario y el costo de la Cesta Básica Alimentaria que según lo establecido en la constitución deberían ser iguales. Pero, la realidad es otra, el costo de la Cesta Básica alcanza ya los 500 dólares y el salario sigue en su progresiva caída y anda por el orden de los 4 dólares. O sea, un trabajador requiere en este momento 125 salarios mínimos para poder cubrir la cesta básica de alimentos para su familia.

-La burla más grande entre los anuncios formulados es el del Bono por el Día de las Madres cuyo risible monto fue de 12,5 bolívares que ni siquiera alcanza para un pasaje en autobús. Mayor irrespeto fue esta agresión burlesca contra los trabajadores.

-Lo que sí dejó claro este régimen en su Gaceta Oficial es que las bonificaciones no tendrán incidencias en los derechos adquiridos en las contrataciones colectivas. En otras palabras, el régimen avanza en su pretensión autoritaria de desconocer los derechos laborales y pretender la desaparición que le corresponde a los trabajadores para los cálculos de sus vacaciones, antigüedad, utilidades, aguinaldo y prestaciones. Extendiendo este robo de los derechos laborales a los pensionados y jubilados.

En lo que todas las apreciaciones de las personas coincidieron fue en señalar el camino seguro e irreversible del régimen hacia el modelo de la dictadura cubana. Si los tiranos hermanos Castro y ahora su títere Díaz Canel implementaron la “Libreta de Racionamiento” para tener el control social de la población y los Comités de Defensa de la Revolución CDR  para el control policial –represivo de la población, en la copia de ese modelo dictatorial, en estos 23 años de la revolución del siglo XXI, se impusieron en el país las políticas de Barrio Adentro, El Carnet de la Patria, las Bolsas CLAP, las Unidades de Batalla Hugo Chávez, los Bonos y el Sistema Patria para instaurar un control dictatorial sobre la población.

Las palabras de Jorge Giordani ministro de planificación de Chávez, describen la orientación primaria del régimen en cuanto al sostenimiento de la pobreza:

 “Los pobres tendrán que seguir siendo pobres, los necesitamos así, hay que mantenerlos pobres y con esperanza”.

Posteriormente Héctor Rodríguez actual gobernador del estado Miranda expresa el mismo concepto del régimen en torno a el mantenimiento de la pobreza:

“No vamos a sacarlos de la pobreza para que se vuelvan escuálidos”.

El Sistema Patria es ahora el arma principal dictatorial para el control social, es la nueva Tarjeta de Racionamiento Revolucionaria; quien no esté registrado allí y quien vote en contra nuestra, no tendrá derecho a los bonos que dadivosamente otorgará Maduro cuando le dé la gana… y sin incidencia salarial. Progresivamente también se ira implementando la eliminación de los contratos colectivos hasta llegar a un Contrato Marco Único para todos los trabajadores que será firmado sólo con las Federaciones Bolivarianas y Revolucionarias del Siglo XXI.

En fin, todos los participantes en estas conversaciones coinciden en que solo con un cambio de gobierno se podrá avanzar hacia una alternativa gubernamental que haga posible la superación de la pobreza en el país.

 

MISIÓN “DESPIDOS MASIVOS”

Jesús Elorza

A finales de la primera semana de este mes, los habitantes del estado Aragua se sintieron sorprendidos al ver en las redes sociales una convocatoria a concentrarse en el cruce de la avenida Ayacucho con la avenida Bolívar, en Maracay, para desde allí marchar hasta la Plaza Bolívar. Lo sorprendente de esta convocatoria era que la hacían los trabajadores de los “Centros de Diagnóstico Integral CDI” de la Misión Barrio Adentro. Muchas personas pensaban que eso era una marcha más del régimen para hacer propaganda sobre el apoyo de los trabajadores a las medidas económicas anunciadas el primero de mayo.

Pero, no fue así sino todo lo contrario. Para sorpresa de todos, los obreros, empleados, enfermeras y médicos integrales se concentraron y marcharon para protestar contra la política de despidos masivos que estaba aplicando el régimen de Maduro contra los trabajadores de los CDI del estado. En sus reclamos, dieron a conocer que, de la noche a la mañana, sin anuncio o consulta previa, fueron pasados de las nóminas del Ministerio de Salud a la cuál estaban asignados, a Corposalud organismo de la gobernación. A partir del 28 de febrero de este año los trabajadores comenzaron a aparecer en las páginas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales IVSS como ¡¡¡Cesantes!!! y fueron excluidos de las nóminas del Ministerio de la Salud.

Al solicitar información sobre estas medidas, recibieron la desagradable noticia de haber sido despedidos y que, por lo tanto, no estaban incluidos en la nómina de Corposalud y a los que lograron sobrevivir a esa razzia laboral les habían disminuido su salario en más del 80%. A los médicos integrales y las enfermeras que permanecieron contratados les bajaron sus salarios en montos que fluctuaban entre 200 y 900 bolívares mensuales. Iguales tratamientos les dieron a las enfermeras que laboraban en las Salas de Rehabilitación Integral SRI y en los Centros de Diagnóstico Integral; unas fueron botadas y a las que quedaron en nómina les redujeron el salario, lo que también representa un despido indirecto.

Al conocerse esa información, el respaldo de los aragüeños para con esos trabajadores no se hizo esperar y diferentes organizaciones gremiales y sindicales, al igual que sectores de la sociedad civil, se hicieron presentes en la marcha para acompañarlos.

En el recorrido de la marcha, todos los presentes se preguntaban sobre ¿cuál o cuáles fueron las causas de esos despidos masivos? si la Misión Barrio Adentro representa la joya de la corona de la revolución bolivariana del siglo XXI.

Algunos opinaban que esas medidas obedecían a una “purga” decretada por el régimen, al mejor estilo estalinista, para reducir costos operacionales debido a que los saqueos de los dineros públicos por los diferentes actos de corrupción habían agotado las reservas de dinero y ahora no tenían como pagarles a cientos de médicos y enfermeras.

Otras personas pensaban que el fracaso de la misión. ideada por Chávez y Fidel y continuada por Maduro, desde un comienzo estaba destinada al fracaso puesto que su papel era la penetración ideológica y no la atención primaria para la salud de la población. Insumos, locales, materiales y servicios progresivamente fueron decayendo porque la corrupción se fue adueñando de los presupuestos asignados y el papel destacado que juega en ese fracaso el convenio con Cuba para la traída de más de 30.000 “médicos” para el desarrollo de ese plan político ideológico llamado Misión Barrio Adentro. Los cubanos se chuparon todos los dólares y le dejaron los problemas a los venezolanos que ahora pagan los platos rotos.

Este régimen en su descarado servilismo con la dictadura de los hermanos Castro y su actual títere Miguel Díaz Canel, prefiere mantener la teta a la dictadura cubana que romper el leonino convenio para reorientar los recursos del programa hacia una atención médica integral a la población.

La marcha a su llegada a la Plaza Bolívar de Maracay designó a una comisión de nueve personas, para que hiciera entrega a la gobernadora del estado de un documento contentivo de las peticiones de los trabajadores de los CDI y SRI, en el cual se exigía el inmediato reenganche de los más de tres mil trabajadores afectados por la política de “despidos masivos y la arbitraria e ilegal reducción de los salarios”, puesta en práctica por este régimen violador de los derechos laborales de los trabajadores.

 

                       8 de mayo

       “Día del Entrenador Deportivo”

      El 1º de mayo “Día Internacional de los Trabajadores” guarda una particular significación para los Entrenadores Deportivos de Venezuela, puesto que, en esa fecha en el año 1975, se dio inicio a una huelga en procura de lograr una contratación colectiva que regulara la relación laboral con el Instituto Nacional de Deporte. Esta acción gremial marcó un hito en la historia deportiva, no solamente nacional sino internacional, porque era la primera manifestación de ese tipo, que se daba en el sector de los trabajadores del deporte a nivel mundial. Una semana después, el 8 de mayo, quedó establecido oficialmente como el “Día del Entrenador Deportivo” en reconocimiento a la gesta que se había librado durante toda esa semana y en esa fecha se alcanzó acuerdos en torno a las demandas laborales requeridas por los entrenadores en ese momento. 

Los logros gremiales alcanzados quedaron plasmados en el contrato colectivo denominado “Las Bases Normativas” Las cláusulas de importancia contenidas en ese documento laboral fueron múltiples y variadas. En primer lugar, el reconocimiento del derecho a de los entrenadores a tener una contratación colectiva con el patrón de entonces, el Instituto Nacional de Deportes, la indexación salarial en base a los índices inflacionarios que mostrara el Banco Central de Venezuela, es decir, anualmente el salario de los trabajadores del Instituto se iba a mover de acuerdo a las escalas inflacionarias señaladas por el mencionado Banco, cláusula esta que pasó a ser un punto de referencia obligatorio en los contratos colectivos de Venezuela.

También se contempla la clasificación del personal, en unas escalas previamente señaladas en un Manual de Clasificación de Cargos de los Entrenadores Deportivos que se desempeñan en la Administración Pública Nacional. Este manual es un elemento de vital importancia porque le dio jerarquía a este sector laboral con una fisonomía propia dentro de la administración pública venezolana. La seguridad social de los trabajadores se vio fortalecida con el establecimiento de los seguros HCM, el establecimiento de las cajas de ahorro con el aporte del 11% y el aporte patronal del 11%, la denominación del salario integral de los trabajadores y el establecimiento de comisiones bipartitas y tripartitas para conocer el caso de los despidos que se presentara en el Instituto Nacional de Deportes. 

Pero, a partir de 1999 y hasta el presente año 2023, los regímenes de Chávez-Maduro han impuesto arbitrariamente una sistemática y progresiva política de desconocimiento de los Derechos Laborales de los Entrenadores conseguidos en 1975. Esa política anti-trabajador se manifiesta de manera inequívoca en los siguientes hechos: 

          -Congelación de los contratos colectivos. A la fecha, son 23 años sin tener la posibilidad de presentar, discutir y aprobar con el IND un nuevo marco de relación laboral. 

            -Violación expresa de la Constitución y La Ley Orgánica del Trabajo al firmar un convenio con Cuba para la ilegal tarida de 10.000 “entrenadores” estableciendo una discriminación salarial, al remunerar a los extranjeros con pagos en divisas (1.500 $ mensuales) y en bolívares devaluados a los entrenadores criollos. Pisoteando así, el principio universal que establece “A igual trabajo igual salario”. 

             -Los seguros HCM que, por su inexistencia o sus pírricas coberturas, prácticamente mantienen "condenados a muerte" a los trabajadores que necesiten ser atendidos por problemas de salud. 

             -Negativa permanente para aplicar la homologación de salarios, pensiones y jubilaciones. 

            - Los manuales clasificadores de cargos no son aplicados y los pasivos laborales duermen el sueño del burócrata, en la larga espera de su cancelación. 

            -Apropiación indebida de los descuentos mensuales del 11% a los entrenadores como aporte a la Caja de Ahorros del IND así como el 11% del aporte patronal. Esos aportes son retenidos ilegalmente, desde hace dos años, por las autoridades del IND y hasta el momento se desconoce el destino de los mismos. 

           -Bonificación de los salarios, pensiones y jubilaciones de hambre, aprobados unilateralmente por el régimen. 

Veinte y tres años de intolerancia patronal, de autoritarismo gubernamental, de condiciones leoninas de trabajo, de salarios de hambre, de ausencia de programas de protección social hacen necesaria la unidad en la lucha de los trabajadores del deporte por el logro de sus derechos laborales.  Hoy, más que nunca tiene plena vigencia el pensamiento de Carlos Sánchez, como una expresión de compromiso social en las luchas gremiales: 

“El Entrenador Deportivo debe ocupar   permanentemente su puesto de lucha por Un Deporte Mejor y no doblegarse ante ningún burócrata civil o militar que pretenda usarlo con fines politiqueros o de enriquecimiento ilícito. Solo la Unidad Gremial nos hará fuerte en la búsqueda y defensa de nuestros Derechos Sociales” 

La historia, nos permite recordar que el pasado no está nunca terminado, sino que permanece abierto y que en él reposan aún las semillas de otro presente y otro porvenir…la lucha continúa.  

                                                            

                                                                                                              Jesús Elorza