XLIII ANIVERSARIO 1975-2018
Jesús
Elorza
Durante la primera semana del mes de Mayo
en 1975, la Huelga
de los Entrenadores, marcó un hito en la historia deportiva no solamente
nacional sino internacional porque era la primera manifestación, de ese tipo, que
se daba en el sector de los trabajadores del deporte a nivel mundial. Además,
debemos destacar que la referida acción, en procura de reivindicaciones
laborales contó con el apoyo solidario de las distintas organizaciones
gremiales y sindicales que hacían vida en la Venezuela de ese
momento, así como también la de padres, representantes, atletas y docentes de
todo el territorio nacional. Es loable mencionar en este momento la presencia
de Isaac Olivera como presidente de la Federación Venezolana
de Maestros, los periodistas deportivos
que unidos todos en su organización gremial Colegio Nacional de Periodistas,
Círculo de Periodistas Deportivos y el
Sindicato de Trabajadores de la
Prensa brindaron un apoyo irrestricto a la huelga de los
entrenadores. Así como las distintas organizaciones gremiales y sindicales de
los distintos sectores laborales del país representados por la Confederación Venezolana
de Trabajadores C.T.V.
El 8 de Mayo
quedó establecido oficialmente como el “Día del Entrenador Deportivo” en
reconocimiento a la gesta que se había librado durante toda esa semana y en esa
fecha alcanzó la solución a las demandas laborales requeridas por los entrenadores en ese
momento.
Los logros gremiales alcanzados quedaron
plasmados en el contrato colectivo denominado
“Las Bases Normativas” Las
cláusulas de importancia contenidas en ese documento laboral fueron múltiples y
variadas. En primer lugar, el reconocimiento del derecho a de los entrenadores
a tener una
contratación colectiva con el patrón del Instituto Nacional de Deportes, la
indexación salarial en base a los índices inflacionarios que mostrara el Banco
Central de Venezuela, es decir, anualmente el salario de los trabajadores del
Instituto se iba a mover de acuerdo a las escalas inflacionarias señaladas por
el mencionado Banco, esta cláusula pasó a ser un punto de referencia
obligatorio en los contratos colectivos de Venezuela.
También se contempla la clasificación del
personal, en unas escalas previamente señaladas, en un Manual de Clasificación
de Cargos de los Entrenadores Deportivos que se desempeñan en la Administración
Pública Nacional. Este manual es un elemento de vital
importancia porque le dio jerarquía a este sector laboral con una fisonomía
propia dentro de la administración pública venezolana.
La seguridad social de los trabajadores
se vio fortalecida con el establecimiento de los seguros HCM, el establecimiento
de las cajas de ahorro con el aporte del 10% y el aporte patronal del 10%, la
denominación del salario integral de los trabajadores, el establecimiento de
comisiones bipartitas y tripartitas para conocer el caso de los despidos que se
presentara en el Instituto Nacional de Deportes
Pero, no todo fue una ganancia para el
gremio, el gobierno nacional en una clara conducta retaliativa ordenó el cierre de la Escuela Nacional de
Entrenadores Deportivos alegando que en ese centro de formación de docentes
deportivos se estaban formando los guerrilleros del deporte venezolano,
provocando con esa descabellada acción, el desequilibrio entre la oferta y la
demanda de los entrenadores requeridos por el país. Todos los programas
sustitutivos, tales como Monitores Deportivos
y el Bachillerato Deportivo no pasaron de ser falsas ilusiones y de una
efímera duración.
A 43 años de esa gesta gremial, los
problemas laborales que dieron origen a la huelga, lejos de resolverse, se han
agravado: Los entrenadores venezolanos han sido sustituidos por 10.000
“entrenadores” cubanos, la seguridad social de los trabajadores ha empeorado,
los contratos colectivos están congelados desde el año 2000, no se les reconoce
la homologación de las pensiones a los trabajadores jubilados, se mantiene
cerrada la Escuela
de Entrenadores, los seguros HCM son manejados unilateralmente por el patrón,
los manuales clasificadores de cargos no son aplicados y los pasivos laborales
duermen el sueño del burócrata, en la larga espera de su cancelación.
Una de las más
importantes características de los 19 años del gobierno “Revolucionario del
Siglo XXI” es, sin lugar a dudas, el
elevado nivel de corrupción. Esa grave desviación de la ética pública tuvo su
origen en el inmenso desorden administrativo que se impuso en dicho gobierno
por expresa voluntad del presidente de la República y líder fundamental de la mal llamada
Revolución bolivariana. Desde su propio inicio, se observó que existía un
marcado interés en destruir todos los elementos de control que exigen
obligatoriamente las Finanzas Públicas, para de esa manera lograr comprometer a
los funcionarios públicos, por encima de la lealtad normal que debe
existir con un gobierno, y al mismo tiempo permitir que los dineros públicos se
manejaran, sin ningún control, para poder ser utilizados con absoluta libertad
por el régimen en sus objetivos
políticos.
En el sector deportivo, quienes han pasado
por los cargos administrativos: Ministerio del Deporte y Presidencia del
Instituto Nacional de Deporte han implantado y desarrollado una política que
bien podemos caracterizarla como “El saqueo de los recursos presupuestarios”.
Diferentes encargados de los puestos burocráticos, han permitido en sus
gestiones que los dineros del deporte hayan sido malversados o apropiados
indebidamente a favor de una minoría corrupta.
Bajo sus mandatos como gerentes de
gobierno permitieron, de la manera más descarada, la firma de un leonino
convenio con Cuba para la traída de 10.000 “Entrenadores” al país, que solo ha
servido como una fuente inagotable de entrega de divisas al régimen dictatorial
de los hermanos Castro.
El trato discriminatorio de los
entrenadores deportivos activos, pensionados y jubilados al desconocerles su
derecho a la homologación salarial y la aplicación de las normas establecidas
en su contratación colectiva. Destaca el hecho de la remuneración en dólares
para los cubanos y en bolívares devaluados para los entrenadores criollos.
La eliminación de los procesos de
licitaciones para dar paso a la asignación directa de contratos para los
servicios de alojamiento, alimentación, dotación de uniformes y transporte.
Igualmente, vieron en la asignación de contratos para la construcción y
reparación de las instalaciones deportivas una de las principales fuentes de
enriquecimiento ilícito. Ejemplo de ello, entre otros, lo constituyen los
Juegos Deportivos Nacionales, el Estadio Iberoamericano de Maracay, el Estadio
de Softbol en Fuerte Tiuna y los Estadios construidos para la Copa America de Futbol.
Al mejor estilo de la mafia siciliana o la
“Cosa Nostra”, transformaron el proceso
de tramitación de divisas a Cadivi, en un mecanismo de estafa con la
falsificación de expedientes y el cobro de peajes a los dirigentes deportivos
para acelerar la entrega de recursos.
No podían, estos corruptos gerentes, dejar
por fuera la compra de conciencias o silencios cómplices, y para ello, como
unos Antonini Wilson cualesquiera implementaron los maletinzazos cargados de
dólares para tales operaciones en el marco de los eventos internacionales.
Establecieron una política de persecución y
cerco presupuestario contra las federaciones deportivas, con la finalidad de
silenciar cualquier intento de protesta o reclamo. Además, mantienen en el
limbo la legalidad del sector deportivo federado al no entregarles las
Providencias Administrativas una vez culminado sus procesos electorales. La
utilización del TSJ y el CNE para intervenir la autonomía del sector deportivo
federado para nombrar una dirigencia complaciente con el regimen.
La inseguridad del deporte se profundiza
cuando las autoridades niegan o no responden a la presentación de los Programas
Operativos Anuales de las federaciones.
Militarizaron, la organización de los Juegos
Universitarios y procedieron a la asignación de sedes en base a criterios de
identificación ideológica interviniendo de manera descarada la autonomía de FEVEDES,
Los eventos deportivos internacionales, se
transformaron en una mina de oro, por las divisas que emplean en su
organización y posterior desarrollo, lo que motivó a las autoridades a
solicitar cualquier cantidad de eventos. Mientras más grande sea mucho mejor
será. No fue gratuita, la solicitud de la sede de los Juegos Panamericanos para
Ciudad Bolívar o los Bolivarianos de Playa para el Estado Vargas o la Copa America de Futbol…..pidan
que algo queda, era la consigna.
Pero, la joya de la corona fue el manejo de
los recursos del Fondo Nacional del Deporte. Allí, el corrupto gerente,
procedió a eliminar las reuniones del Directorio del IND para así tener plena y
absoluta libertad en la administración
de los dineros del fondo. En consecuencia, los 325.143.361 millones de bolívares
aportados por las empresas al Fondo fueron dilapidados “discrecionalmente” sin
que hasta el momento el ministro o quienes lo sucedieron en el cargo hayan
presentado las cuentas correspondientes a los organismos contralores del Estado.
Lejos, de aplicar los mecanismos que garantizaran la transparencia en el manejo
de los recursos del Fondo, el Ejecutivo Nacional, lo transfirió a la Tesorería Nacional ,
dejando al deporte sin posibilidad alguna de acceder a estos recursos.
Después de ese festín de millones, al final
nos conseguimos con la insólita suspensión de los Juegos Deportivos Nacionales
2015 ¡¡¡¡Por falta de recursos presupuestarios!!!! Y lo más sorprendente es la
cadena de “Forfaits” o ausencia en eventos deportivos internacionales producto
de la incompetencia del Ministerio del Deporte y el IND.
Todo este andamiaje contó y sigue contando
con la complicidad de los organismos Contralores del Estado que se han hecho la
vista gorda frente a los desmanes de las corruptelas enquistadas en los
organismos gubernamentales y olímpicos del sector deportivo venezolano.
A manera de conclusión, en este expediente
rojo, los hechos demuestran
fehacientemente la concurrencia de hechos punibles tales como: Peculado de Uso,
estafa, extorsión, chantaje, malversación, hurto, blanqueo de capitales,
compras con sobreprecio, violación a la
Ley de Licitaciones, ilícitos cambiarios, convenios leoninos
etc. etc. Situación tipificada por el Código Penal como “El Concurso Real de Delitos”, que tiene
lugar cuando el mismo agente o funcionario realiza uno o varios actos
encaminados a fines distintos y ocasionan diversas infracciones, independientes
las unas de las otras. Queda claro, que para la dirigencia corrupta del sector
“Hacer deporte es…Hacer dinero.”
El Deporte merece dejar de ser un antro de
corrupción. No solo lo merece, lo demanda. Por eso, se impone que atletas, entrenadores,
dirigentes, obreros, empleados del sector, padres y representantes tomen el
protagonismo de su destino. Nos toca escribir nuestra propia historia. Pacifica
y democráticamente, nos incorporamos al llamado ciudadano para buscar una
salida a la crisis económica, política y social en la cual estamos inmersos por
la manifiesta incapacidad gubernamental. Solo con la salida de este régimen
autocrático, corrupto y totalitario se podrá lograr un cambio para el país.
Hoy,
más que nunca tiene plena vigencia el pensamiento de Carlos Sánchez, como una
expresión de compromiso social en las luchas gremiales:
“El Entrenador Deportivo debe ocupar permanentemente su puesto de lucha por Un
Deporte Mejor y no doblegarse ante ningún burócrata civil o militar que
pretenda usarlo con fines politiqueros o de enriquecimiento ilícito.
Solo la Unidad Gremial nos hará fuerte en la búsqueda y defensa de
nuestros Derechos Sociales”
La historia, nos permite recordar que el
pasado no esta nunca terminado sino que permanece abierto y que en él reposan
aún las semillas de otro presente y otro porvenir….la lucha continúa.
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