08 de Mayo

 "Día Nacional del  Entrenador Deportivo”              

      XLIII Aniversario  1975-2018

   Jesús Elorza

 Durante la primera semana del mes de mayo en 1975, la Huelga de los Entrenadores, marcó un hito en la historia deportiva no solamente nacional sino internacional porque era la primera manifestación, de ese tipo, que se daba en el sector de los trabajadores del deporte a nivel mundial.

Además, debemos destacar que la referida acción, en procura de reivindicaciones laborales contó con el apoyo solidario de las distintas organizaciones gremiales y sindicales que hacían vida en la Venezuela de ese momento, así como también  la de padres, representantes, atletas y docentes de todo el territorio nacional.

Es loable mencionar en este momento la presencia de Isaac Olivera como presidente de la Federación Venezolana de Maestros, los periodistas deportivos que unidos todos en su organización gremial Colegio Nacional de Periodistas, Círculo de Periodistas Deportivos y  el Sindicato de Trabajadores de la Prensa brindaron un apoyo irrestricto a la huelga de los entrenadores, así como las distintas organizaciones gremiales y sindicales de los distintos sectores laborales del país representados por la Confederación Venezolana de Trabajadores C.T.V.

El 8 de mayo quedó establecido oficialmente como el “Día del Entrenador Deportivo” en reconocimiento a la gesta que se había librado durante toda esa semana y en esa fecha alcanzó la solución a las demandas laborales requeridas por los entrenadores en ese momento.

Los logros gremiales alcanzados quedaron plasmados en el contrato colectivo denominado  “Las Bases Normativas”.  Las cláusulas de importancia contenidas en ese documento laboral fueron múltiples y variadas. En primer lugar, el reconocimiento del derecho a de los entrenadores a tener una contratación colectiva con el patrón Instituto Nacional de Deportes, la indexación salarial en base a los índices inflacionarios que mostrara el Banco Central de Venezuela, es decir, anualmente el salario de los trabajadores del instituto se iba a mover de acuerdo a las escalas inflacionarias señaladas por el mencionado banco, pasando esta cláusula a ser un punto de referencia obligatorio en los contratos colectivos de Venezuela.

También se contempla la clasificación del personal, en unas escalas previamente señaladas, en un Manual de Clasificación de Cargos de los Entrenadores Deportivos que se desempeñan en la Administración Pública Nacional. Este manual es un elemento de vital importancia porque le dio jerarquía a este sector laboral con una fisonomía propia dentro de la administración pública venezolana.

La seguridad social de los trabajadores se vio fortalecida con el establecimiento de los seguros HCM, el establecimiento de las cajas de ahorro con el aporte del  10% y el aporte patronal del 10%, la denominación del salario integral de los trabajadores, el establecimiento de comisiones bipartitas y tripartitas para conocer el caso de los despidos que se presentara en el Instituto Nacional de Deportes

Pero, no todo fue una ganancia para el gremio, el gobierno nacional en una clara conducta retaliativa  ordenó el cierre de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos alegando que en ese centro de formación de docentes deportivos se estaban formando los guerrilleros del deporte venezolano, provocando con esa descabellada acción, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de los entrenadores requeridos por el país. Todos los programas sustitutivos, tales como Monitores Deportivos  y el Bachillerato Deportivo no pasaron de ser falsas ilusiones y de una efímera duración.

A 43 años de esa gesta gremial, los problemas laborales que dieron origen a la huelga, lejos de resolverse, se han agravado: Los entrenadores venezolanos han sido sustituidos por 10.000 “entrenadores” cubanos, la seguridad social de los trabajadores ha empeorado, los contratos colectivos están congelados desde el año 2000, no se les reconoce la homologación de las pensiones a los trabajadores jubilados, se mantiene cerrada la Escuela de Entrenadores, los seguros HCM son manejados unilateralmente por el patrón, los manuales clasificadores de cargos no son aplicados y los pasivos laborales duermen el sueño del burócrata, en la larga espera de su cancelación.

Una de las más importantes características de los diecinueve años del gobierno “Revolucionario del Siglo XXI”  es, sin lugar a dudas, el elevado nivel de corrupción. Esa grave desviación de la ética pública tuvo su origen en el inmenso desorden administrativo que se impuso en dicho gobierno por expresa voluntad del presidente de la República y líder fundamental de la mal llamada Revolución Bolivariana. Desde su propio inicio, se observó que existía un marcado interés en destruir todos los elementos de control que exigen obligatoriamente las Finanzas Públicas, para de esa manera lograr comprometer a los funcionarios públicos,  por encima  de la lealtad normal que debe existir con un gobierno, y al mismo tiempo permitir que los dineros públicos se manejaran, sin ningún control, para poder ser utilizados con absoluta libertad por el régimen  en sus objetivos políticos.

En el sector deportivo, quienes han pasado por los cargos administrativos: Ministerio del Deporte y Presidencia del Instituto Nacional de Deporte han implantado y desarrollado una política que bien podemos caracterizarla como “el saqueo de los recursos presupuestarios”. Diferentes encargados de los puestos burocráticos, han permitido en sus gestiones que los dineros del deporte hayan sido malversados o apropiados indebidamente a favor de una minoría corrupta.

Bajo sus mandatos como gerentes de gobierno permitieron, de la manera más descarada, la firma de un leonino convenio con Cuba para la traída de 10.000 “entrenadores” al país, que solo ha servido como una fuente inagotable de entrega de divisas al régimen dictatorial de los hermanos Castro, acentuándose el trato discriminatorio a los entrenadores deportivos nacionales activos, pensionados y jubilados al desconocerles su derecho a la homologación salarial y a la aplicación de las normas establecidas en su contratación colectiva, dado que los cubanos son remunerados dólares y los entrenadores criollos en bolívares cada vez más devaluados.

La eliminación de los procesos de licitaciones para dar paso a la asignación directa de contratos por servicios de alojamiento, alimentación, dotación de uniformes y transporte. Igualmente, vieron en la asignación de contratos para la construcción y reparación de las instalaciones deportivas una de las principales fuentes de enriquecimiento ilícito. Ejemplo de ello, entre otros, lo constituyen los Juegos Deportivos Nacionales, el Estadio Iberoamericano de Maracay, el Estadio de Softbol en Fuerte Tiuna y los Estadios construidos para la Copa América de Fútbol.

Al mejor estilo de la mafia siciliana o la “Cosa Nostra”,  transformaron el proceso de tramitación de divisas a Cadivi, en un mecanismo de estafa con la falsificación de expedientes y el cobro de peajes a los dirigentes deportivos para acelerar la entrega de recursos.

No podían, estos corruptos gerentes, dejar por fuera la compra de conciencias o silencios cómplices, y para ello, como unos Antonini Wilson cualesquiera implementaron los “maletinazos” cargados de dólares para tales operaciones en el marco de los eventos internacionales.

Establecieron una política de persecución y cerco presupuestario contra las federaciones deportivas, con la finalidad de silenciar cualquier intento de protesta o reclamo. Además, mantienen en el limbo la legalidad del sector deportivo federado al no entregarles las Providencias Administrativas una vez culminado sus procesos electorales. La inseguridad del deporte se profundiza cuando las autoridades niegan o no responden a la presentación de los Programas Operativos Anuales de las federaciones. Ahora, de la manera más descarada, pretenden las autoridades del IND ser electos en los cargos directivos de las Federaciones Deportivas violentando la autonomía del sector y transformándose de manera arbitraria e ilegal, en “Juez y Parte” de los procesos electorales.

Militarizaron la organización de los Juegos Universitarios, y procedieron a la asignación de sedes en base a criterios de identificación ideológica, interviniendo de manera descarada la autonomía  de FEVEDES,

Los eventos deportivos internacionales, se transformaron en una mina de oro, por las divisas que emplean en su organización y posterior desarrollo, lo que motivó a las autoridades a solicitar cualquier cantidad de eventos. Mientras más grande sea mucho mejor será. No fue gratuita, la solicitud de la sede de los Juegos Panamericanos para Ciudad Bolívar o los Bolivarianos de Playa para el Estado Vargas o la Copa América de Futbol, o los Juegos Universitarios Centroamericanos…..pidan que algo queda, era la consigna.

Pero, la joya de la corona fue el manejo de los recursos del Fondo Nacional del Deporte. Allí, la gerencia corrupta de las autoridades deportivas, procedieron a eliminar las reuniones del Directorio del IND para así tener plena y absoluta libertad en la administración de los dineros del fondo. En consecuencia, los 325.143.361 millones de bolívares aportados por las empresas al Fondo, fueron dilapidados “discrecionalmente” sin que hasta el momento el ministro o quienes lo sucedieron en el cargo hayan presentado las cuentas correspondientes a los organismos contralores del Estado. Lejos de aplicar los mecanismos que garantizaran la transparencia en el manejo de los recursos del Fondo, el Ejecutivo Nacional lo transfirió a la Tesorería Nacional, dejando al deporte sin posibilidad alguna de acceder a estos recursos.

Después de ese festín de millones, al final nos conseguimos con la insólita suspensión de los Juegos Deportivos Nacionales desde el año 2015 ¡¡¡¡Por falta de recursos presupuestarios!!!!

En los eventos internacionales, ahora nos califican como "La Delegación Forfait" por el incumplimiento de asistir a las competencias.

Todo este andamiaje contó y sigue contando con la complicidad de los organismos Contralores del Estado que se han hecho la vista gorda frente a los desmanes de las corruptelas enquistadas en los organismos gubernamentales y olímpicos  del sector deportivo venezolano. 

A manera de conclusión, en este expediente rojo, los hechos  demuestran fehacientemente la concurrencia de hechos punibles tales como: peculado de uso, estafa, extorsión, chantaje, malversación, hurto, blanqueo de capitales, compras con sobreprecio, violación a la Ley de Licitaciones, ilícitos cambiarios, convenios leoninos etc. etc.,  situación  tipificada por el Código Penal como  “El Concurso Real de Delitos”, que tiene lugar cuando el mismo agente o funcionario realiza uno o varios actos encaminados a fines distintos y ocasionan diversas infracciones, independientes las unas de las otras. Queda claro, que para la dirigencia corrupta del sector “Hacer deporte es…Hacer dinero.”

El Deporte merece dejar de ser un antro de corrupción. No solo lo merece, lo demanda. Por eso, se impone que atletas, entrenadores, dirigentes, obreros, empleados del sector, padres y representantes tomen el protagonismo de su destino. Nos toca escribir nuestra propia historia.

Pacífica y democrática mente nos incorporamos al llamado ciudadano para buscar una salida a la crisis económica, política y social en la cual estamos inmersos por la manifiesta incapacidad gubernamental. Solo con la salida de este régimen autocrático, corrupto y totalitario se podrá lograr un cambio para el país.

Hoy más que nunca tiene plena vigencia el pensamiento de Carlos Sánchez, como una expresión de compromiso social en las luchas gremiales:

“El Entrenador Deportivo debe ocupar permanentemente su puesto de lucha por un deporte mejor y no doblegarse ante ningún burócrata civil o militar que pretenda usarlo con fines politiqueros o de enriquecimiento ilícito. Solo la Unidad Gremial  nos hará fuertes en la búsqueda y defensa de nuestros Derechos Sociales”

La historia, nos permite recordar que el pasado no está nunca terminado sino que permanece abierto y que en él reposan aún las semillas de otro presente y otro porvenir….la lucha continúa.