El bono
vacacional de la infamia:
La demolición
del salario universitario en Venezuela
Jesús
Elorza
El personal docente,
administrativo y obrero de las universidades públicas venezolanas enfrenta la
agresión laboral más severa de su historia contemporánea. Bajo la gestión del
Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez, la política hacia el sector de la
educación superior se ha consolidado como una estrategia sistemática de asfixia
económica, precarización y discriminación que violenta de forma flagrante los
derechos contractuales y constitucionales de los trabajadores.
La farsa de la
"bonificación" y el congelamiento salarial
Desde marzo de 2022, el salario mínimo y las tablas salariales de la administración pública permanecen rígidamente congelados. Para evadir los compromisos legales, el régimen ha implementado una agresiva política de bonificación del ingreso, disfrazando los ajustes mediante figuras como el "Bono de Guerra Económica" y los bonos de alimentación.
Esta práctica carece
deliberadamente de incidencia salarial. Al no formar parte del salario
básico, estos montos quedan excluidos del cálculo de beneficios históricos
fundamentales:
- Prestaciones sociales:
El patrimonio acumulado de los trabajadores por años de servicio se
devalúa hasta desaparecer.
- Primas de antigüedad y geográficas:
Los méritos y años de servicio quedan anulados.
- Escalas e intercategorías:
Se aplana la estructura laboral; un profesor titular con doctorado percibe
un ingreso base prácticamente idéntico al de un instructor novel.
El atropello del bono
vacacional: Una burla de 65 dólares
La más reciente estocada
contra el gremio universitario se ejecuta bajo la figura de un pretendido
"Bono Especial de Vacaciones". El Ejecutivo ha pretendido saldar este
derecho contractual con un monto fijo de 65 dólares, una cifra que
representa una burla descarada frente a las realidades contractuales del
sector.
Para el caso de los
profesores universitarios, las convenciones colectivas históricas y los
acuerdos federativos establecen que el emolumento vacacional equivale a 115
días de salario integral (es decir, 3.83 meses).
El cálculo de la
vulneración
Si el régimen pretende
fijar el valor de la bonificación mensual en una base de 65 dólares, para
respetar mínimamente el derecho contractual de los docentes, dicho monto debería
multiplicarse por 3.83 meses, lo que resultaría en un pago base de 248.95
dólares. Pagar únicamente la tarifa plana de 65 dólares constituye un
despojo flagrante de más del 70% del beneficio real que por ley corresponde a
los académicos.
Mantener el beneficio
limitado a una bonificación lineal de 65 dólares representa, a juicio de las
federaciones de trabajadores y asociaciones de profesores (FAPUV), una
vulneración directa de la progresividad laboral y un desconocimiento de los
acuerdos bilaterales firmados entre el Estado y los trabajadores de la
educación superior.
Exclusión y segregación:
El ensañamiento contra los jubilados
La política del sector
laboral de la administración de Rodríguez no solo es precarizadora, sino
abiertamente discriminatoria. Los trabajadores jubilados, quienes dedicaron su
vida a la construcción de la academia venezolana, son tratados como ciudadanos
de tercera categoría mediante dos mecanismos de exclusión explícita:
- Exclusión del Bono de
Profesionalización: Se les priva del reconocimiento
económico a sus títulos de cuarto y quinto nivel (maestrías y doctorados),
un beneficio que legalmente les corresponde de por vida.
- Cronogramas de pago segregados:
El anuncio oficial del bono vacacional establece una fecha de cobro
inmediata para el personal activo, relegando al personal jubilado a una
fecha posterior indeterminada. Esta diferenciación temporal no posee
justificación técnica ni administrativa; responde únicamente a una
política de segregación.
La destrucción del
salario no es un error de cálculo ni una consecuencia inevitable de la crisis;
es una política de Estado orientada a quebrar, por la vía del hambre, la moral
de la universidad venezolana. Al violar las cláusulas contractuales, congelar
los sueldos y sustituirlos por bonos de miseria, el Ejecutivo atenta de forma
directa contra el derecho a la educación y destruye el sustento de miles de
familias. La exigencia académica y sindical se mantiene firme: el ingreso debe
ser solarizado, indexado y ajustado estrictamente a los 115 días que la ley y
la dignidad del profesorado exigen.
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