FASCISMO JUDICIAL

Jesús Elorza

Desde el mismo momento en que fueron conocidos los resultados electorales del 28 de julio, el régimen no ha descansado en ningún momento en aplicar una serie de medidas orientadas a tratar de legitimar, ante la opinión pública nacional e internacional, que Nicolás Maduro fue el candidato ganador, tal cual como lo proclamo el presidente del CNE. La base del problema estriba en que tal anuncio gubernamental no ha podido ni podrá ser demostrado con las actas electorales puesto que, lo contenido en las mismas dan ganador por amplio margen, al candidato de la oposición.

En su huida hacia adelante, el gobierno mediante medidas coercitivas y represivas pretenden generar un miedo colectivo para que la población no se haga eco del triunfo opositor. En la medida que los autoritarismos competitivos pierden la competitividad que les permitió alcanzar y mantener el poder por la vía electoral, se vuelven más autoritarios en el ejercicio de un control creciente sobre la legalidad, financiamiento y actividades de los partidos políticos de oposición y de los medios de comunicación. También, mediante la implementación de medidas represivas orientadas hacia un mayor control de la sociedad, en especial aquellas orientadas al establecimiento de restricciones a la creación, financiamiento y actuación de organizaciones no gubernamentales.

De la misma manera, se observa una creciente manipulación y endurecimiento de las reglas electorales a los fines de circunscribir la competencia política a términos y condiciones que garanticen la estabilidad y permanencia del gobierno. Por eso, no resulta extraño, la cantaleta del presidente de la asamblea nacional proponiendo todos los días un conjunto de proyectos de leyes orientados fundamentalmente a modificar todo aquello que tenga relación con los procesos electorales, todo con la finalidad de distraer la atención sobre el problema central del reconocimiento al triunfo de la oposición democrática con la presentación de las actas electorales y lograr que su camarada Maduro se juramente, ilegal y inconstitucionalmente, el 10 de enero 2025.

En su descabellado propósito de reforma electoral, el presidente de la asamblea nacional convocó a los miembros de la Plataforma Unitaria a que se incorporaran a este propósito, propuesta que fue inmediatamente rechazada:

     “El diálogo propuesto por Jorge Rodríguez es solo un ejercicio de propaganda sin que exista participación previamente acordada con nosotros, sin agenda, sin reglas, sin locación segura para que todos los participantes estemos exentos de amenazas y presiones por parte del régimen, y sin un mediador imparcial que lo acompañe. Todas estas son condiciones indispensables para garantizar la integridad y la seriedad del proceso. El régimen pretende imponer una estructura en las negociaciones que no está acordada con nosotros, las legítimas fuerzas democráticas vencedoras de la elección presidencial; y esto no lo aceptamos. La revisión de las normas electorales no es el centro del problema, ya que el mismo radica en el cumplimiento y acatamiento de las mismas, comenzando por lo establecido en el artículo 5 de nuestra Carta Fundamental, que señala que la soberanía reside en el pueblo y la ejerce a través del sufragio”.

Rodríguez, al verse rechazado, convocó a los representantes de los partidos conocidos como “Los Alacranes” quienes de manera complacientes aceptaron la invitación.

En síntesis, la propuesta de Rodríguez está dirigida a revisar Ley Orgánica de Partidos Políticos, Ley de Procesos Electorales y Ley del Poder Electoral las cuales en su opinión han quedado obsoletas y es necesario crear nuevas. Y en esa “original y bolivariana propuesta” se contempla:

-Propiciar el establecimiento de elecciones de segundo grado pesar de que la Constitución, en sus artículos 6 y 62, establece claramente que “el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”; y que las elecciones deben ser “libres, universales, directas y secretas”, respectivamente.

-Eliminar la participación de Observadores Internacionales que provengan de países imperialistas.

-No permitir a perpetuidad la participación de candidatos con ideologías fascistas o hayan sido acusados de terroristas o traidores.

-La confiscación de todos sus bienes materiales y económicos.

-La selección de candidatos a cuerpos legislativos, gobernaciones, alcaldías y Jueces de Paz corresponderá a los Consejos Comunales.

-Los activistas expulsados de un partido no puedan militar en otra organización

-Retirar la nacionalidad venezolana a aquellas personas que incurran en «delitos contra la patria».

- No deben participar en futuros comicios quienes hayan desconocido los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ese compendio, de propuestas autocráticas, complementado con la Ley de los Jueces de Paz, la Ley contra el Fascismo y Neofascismo, la Ley contra el Odio y la Ley de Fiscalización, Regularización y Financiamiento de las ONG nos lleva a pensar que el paso siguiente sería el de la imposición de un articulado que permita el establecimiento del Partido Único. 

Finalmente, frente a ese marco jurídico fascista que pretenden utilizar para sustentar el gobierno de facto que debe juramentarse el próximo 10 de enero, cobra fuerza y relevancia mantener en alto y defender el principio democrático que dice “La soberanía reside en el pueblo y este la ejerce a través del voto”, lo contrario, simple y llanamente, es dictadura.