Bono vacacional en clave de Fa

Jesús Elorza

En todos los niveles y modalidades del sistema educativo del país, el tema de conversación entre los obreros, empleados y docentes está relacionado con el pago de sus bonificaciones contractuales para el disfrute de sus vacaciones. Todos sin excepción, recuerdan el desagradable momento que vivieron cuando el régimen de Nicolás Maduro ordenó el año pasado en forma burlista que, el pago se hiciera en “clave de FA” lo que significaba “Fraccionado y Aplanado” y así se hizo, lo que desencadenó múltiples protestas a nivel nacional.

Para su irresponsable decisión el régimen puso en práctica una normativa especial que la bautizó como el “Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas”.

Esta norma creada en marzo pasado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), adscrita al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, especifica criterios para aplicar el incremento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro en el primer trimestre de 2022.desaplicando los contratos colectivos vigentes y estableciendo unilateralmente un tabulador de beneficios que reduce el salario integral de los trabajadores entre 40 y 70% violenta al menos media docena de disposiciones constitucionales.

Los sindicatos y gremios de educación denuncian que el instructivo viola acuerdos de las convenciones colectivas vigentes y disminuye los montos de las bonificaciones. Por ejemplo, no toma en cuenta la antigüedad del personal, recortó las primas, contravino los acuerdos de las convenciones colectivas en materias como bonos para uniformes y días festivos, modificó el criterio de las “interescalas” salariales, ignorando los distintos porcentajes de cálculos para salarios según el tipo de personal, grado y nivel, modificó unilateralmente la manera de calcular los beneficios, como las bonificaciones por antigüedad y las primas de especialización o profesionalización, por uniformes y por hijos, los docentes ya no recibirán un pago equivalente al 30% de su salario por tener una licenciatura, sino de 25%; quienes tenían maestrías ya no ganarán una asignación mensual equivalente a 50% de su sueldo, sino de 35%; y aquellos con doctorados pasaron de percibir 60% de bonificación a 40%.

Para cuidar sus espaldas y mantener las ilegales normativas el régimen procedió a tomar sus decisiones en reuniones solo con organizaciones afectas creadas bajo el concepto de paralelismo sindical y dejo por fuera a grupos gremiales legitimados para participar, representar y defender los derechos e intereses al menos de los profesores universitarios. Por ejemplo, a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) no se le permitió participar en esos espacios de discusiones y decisiones colectivas.

A un año y tres meses de esa arbitraria e ilegal imposición de una normativa por parte del régimen a través de la ONAPRE, los trabajadores del sector educativo nuevamente sufrirán en carne propia la reducción de sus beneficios laborales. Toca en el mes de julio de sta año 2023 el pago del bono vacacional que, al mantenerse congeladas las tablas salariales el cálculo de los montos del bono será similar al del año 2022. Pero de mantener el mismo pago se va a producir una pérdida económica superior al 85% con relación al año pasado. En aquel momento del 2022, el dólar tenía una cotización de 4,38 bolívares por unidad y ahora el dólar está en aproximadamente 30 bolívares por unidad lo que representa un incremento del 93% en el valor del dólar y un detrimento del valor del bolívar. Un ejemplo concreto, puede ayudar a la comprensión de los problemas que giran alrededor del bono vacacional: Un profesor titular que recibió (Fraccionado y Aplanado) en el 2022 aproximadamente 3.500 bolívares con un dólar cotizado en ese momento en 4.38 estaba recibiendo aproximadamente 800 dólares de bono vacacional. Ahora en el 2023, con la congelación de los contratos colectivos y la aplicación de la normativa ONAPRE va a recibir el mismo monto de 3.500 bolívares, pero ¡¡¡con un dólar a 30!!!lo que se traduce en que solo va a recibir 116 dólares de bono vacacional lo que representa una drástica reducción de sus beneficios en más del 85%.

Este hecho, arbitrario e ilegal, vulnera disposiciones constitucionales como el derecho al trabajo, el principio de progresividad de los derechos humanos, la reserva legal, la suficiencia del salario y la libertad sindical, entre otros. Asimismo, la naturaleza del acto es de dudosa legalidad, pues la resolución de la Onapre es un acto administrativo dictado por un organismo que tiene como competencia elaborar el presupuesto nacional y ayudar a la Oficina Nacional del Tesoro a ejecutarlo, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. La Onapre no está facultada en ningún caso para decidir temas como las remuneraciones del personal de la administración pública; eso es potestad de los departamentos de personal y recursos humanos de los distintos organismos.

Además, el momento requiere una posición clara y determinante de los directores de escuelas y liceos, de los rectores rectores y consejos universitarios y de las organizaciones gremiales estudiantiles, obreros, empleados y docentes en la denuncia y reclamo de este nuevo robo de los derechos laborales de los trabajadores. Pudiéramos comenzar, solicitando que en la elaboración de las nóminas se incorpore en los cálculos de la Bonificación Vacacional 2023 la incidencia del Bono de Guerra Económica. El Bono de Alimentación (Cesta Ticket) o Bono de la Salud en el caso del personal jubilado y pensionado. Y continuar nuestra protesta en las calles del país hasta lograr un cambio de gobierno que se desempeñe en el marco de la Constitución y las Leyes y el respeto a los Derechos Laborales de los Trabajadores.

 

24 años de saqueo

Jesús Elorza ​

Una de las más importantes características de los venticuatro años del gobierno “Revolucionario del Siglo XXI” es, sin lugar a dudas, el elevado nivel de corrupción. Esa grave desviación de la ética pública tuvo su origen en el inmenso desorden administrativo que se impuso en dicho gobierno por expresa voluntad del presidente de la República y líder fundamental de la mal llamada revolución bolivariana. Desde su propio inicio, se observó que existía un marcado interés en destruir todos los elementos de control que exige obligatoriamente el manejo de las finanzas públicas, para de esa manera lograr comprometer a los funcionarios, por encima de la lealtad normal que debe existir con un gobierno, y al mismo tiempo permitir que los dineros públicos se manejaran, sin ninguna supervisión, para poder ser utilizados con absoluta libertad por el régimen en sus objetivos políticos. 

En el sector deportivo, quienes han pasado por los cargos administrativos superiores del Ministerio del Deporte, Instituto Nacional de Deporte y Comité Olímpico Venezolano han implantado y desarrollado una política que bien podemos caracterizarla como de “el saqueo de los recursos presupuestarios y el control totalitario del sector deportivo”. 

A manera de síntesis, pudiera decirse que los 24 años del régimen chavista (1999-2023), se han caracterizado por una constante violación de la autonomía de las Federaciones Deportivas y del Comité Olímpico, el encubrimiento de los ilícitos ocurridos con todo lo relacionado con el transporte, alimentación y viáticos de las delegaciones que representan al país en eventos internacionales, la "naturalización express" de atletas extranjeros, la falta de transparencia en el manejo de los cuantiosos recursos económicos del Fondo Nacional del Deporte, la estafa continuada con la solicitud de divisas a Cadivi, el encubrimiento de los ilícitos ocurridos con la construcción de las instalaciones deportivas para los Juegos Nacionales o para eventos internacionales como lo fue el caso del Estadio Iberoamericano de Atletismo en Maracay y el grave y progresivo deterioro, y abandono, en que se encuentra más del 80% de nuestras instalaciones deportivas, lo cual ha generado el alejamiento de las comunidades y población en general de las mismas, consolidándose además, serias restricciones para el desarrollo del deporte de rendimiento por carecerse de instalaciones adecuadas.

La seguridad social de los trabajadores del sector deportivo obreros, empleados y entrenadores activos y jubilados ha empeorado progresivamente, los contratos colectivos están congelados desde el año 2000, salarios de hambre, no se les reconoce la homologación de las pensiones y jubilaciones, se mantiene cerrada la Escuela de Entrenadores, los seguros HCM que por sus pírricas coberturas, prácticamente los mantienen en condiciones de  "condenados a muerte", los manuales clasificadores de cargos no son aplicados y los pasivos laborales duermen el sueño del burócrata, en la larga espera de su cancelación y salarialmente son discriminados frente a los chulos entrenadores cubanos.

La solicitud irresponsable de sedes de eventos deportivos internacionales con el solo propósito de continuar con la apropiación indebida de los recursos económicos destinados para tal fin; ejemplos de ello lo ocurrido con la Copa América de Futbol, Juegos Bolivarianos de Playa, Iberoamericano de Atletismo, Mundial de Softbol femenino entre otros. La inasistencia a eventos internacionales programados, por incapacidad gerencial que pretenden esconderlas con señalamientos contra el imperio norteamericano y la guerra económica. La entrega de divisas a la dictadura cubana a través de leoninos convenios de contratación de “entrenadores” y los juegos del “Alba”. La permanente suspensión de los Juegos Nacionales.

En el marco de este trágico y perverso cuadro, destaca la perdida de nuestra hegemonía deportiva en los Juegos Deportivos Bolivarianos frente a Colombia. 

Esta situación de regresión institucional solo busca imponer un régimen totalitario que acabe con la descentralización, con los derechos a la libre asociación, la libertad de empresa, la autonomía de las entidades deportivas y genera una situación de incertidumbre e inseguridad laboral para miles de venezolanos que trabajan como obreros, empleados, entrenadores activos y jubilados en las diferentes instituciones nacionales, regionales o municipales encargadas de desarrollar las actividades deportivas en todo el territorio nacional.

En fin, el tiempo presente es duro y difícil. Nada que celebrar en este nuevo aniversario del Día Nacional del Deporte, y sí, mucho porque luchar.

 

El tobogán del desastre: un fracaso más

Jesús Elorza

Como ha sido una reiterada costumbre, cada vez que finaliza un evento deportivo, nacional o internacional, la tertulia entre los entrenadores, atletas y dirigentes siempre gira en torno a ese acontecimiento. En esta oportunidad, el tema de conversación era los recién finalizados “Juegos Parapanamericanos de la Juventud” celebrados en la ciudad de Bogotá, Colombia, del 2 al 12 de junio del presente año.

Lamentablemente la historia del fracaso reiterado se hace presente nuevamente. Colombia, punto referencial para el análisis de nuestros resultados deportivos a nivel del ciclo olímpico, nos volvió a superar en esta oportunidad, como lo viene haciendo desde el año 2013, cuando logró desplazarnos del primer lugar en los Juegos Bolivarianos, luego de 48 años seguidos de supremacía venezolana en dicho evento deportivo.

En esta oportunidad, Parapanamericanos Juveniles de Bogotá 2023, Colombia, con su destacada actuación, agranda el abismo con respecto a nuestro país al ocupar el primer lugar del medallero con un total de 85 medallas, de las cuales 36 fueron de Oro, 26 de Plata y 23 de Bronce. Venezuela pasó a ocupar un sexto lugar, alcanzando solo 34 medallas, separados de Colombia en 51 medallas. En Oro la diferencia fue de 24, en Plata 7 y en Bronce 13. En el cuadro final, Venezuela quedó en el 6º lugar, que en la práctica ha podido ser el 9º lugar, si hubiesen participado los Estados Unidos, Canadá y Cuba, por solo citar a algunos de los países ausentes. En el tobogán del fracaso nos hemos desplazado del primer lugar en el 2005 al sexto lugar en el 2023. El deporte, en la revolución bolivariana del siglo XXI, va en caída libre.

Más allá del cuadro de medallas, se hace necesario considerar los diferentes aspectos que han incidido en esta cadena de desastres o fracasos deportivos. En cuanto a la conformación de la delegación que nos representó en los referidos juegos, hay que destacar que la misma estuvo conformada por 61 atletas y ¡¡¡78 acompañantes!!! O sea que el turismo de enchufados acompañantes superó a los atletas.

Quizás los hechos más relevantes que han incidido en nuestro retroceso deportivo tengan que ver en primera instancia con, la suspensión de los Juegos Deportivos Nacionales por diez años consecutivos. Hecho este que coincide plenamente con el desplazamiento de nuestro país del primer lugar en los Juegos Bolivarianos. Los Nacionales fueron suspendidos en el 2013 y ese año perdimos la supremacía en los Bolivarianos. Volvimos a perder en el 2017 y para esa fecha los Juegos Nacionales seguían suspendidos y en el año 2021, Colombia nos volvió a joder y los juegos siguen suspendidos.

Algunos dirán que este año 2023 se realizaron los nacionales, lo cual es cierto, pero hay que decir que lo ocurrido fue una “parodia” o un engaño populista para tratar de tapar la incapacidad e incompetencia de las autoridades deportivas del régimen: Ninguna de las Direcciones de Deporte del país contaban con recursos presupuestarios para la preparación y participación de los atletas representativos de sus estados en la parodia gubernamental. Sumado a esto, la multiplicación de las sedes (7) ocasionó insuperables gastos para las delegaciones, los equipos que lograron clasificar en los eventos zonales, posteriormente fueron informados que estaban eliminados y en los deportes individuales les comunicaban que por órdenes del IND debían reducir sus delegaciones.

En segunda instancia hay que señalar a la corrupción en los manejos de los dineros públicos asignados al deporte. Todas las Federaciones Deportivas nunca recibieron los presupuestos necesarios para el desarrollo de sus Programas Operativos Anuales (POA), El destino de los recursos del Fondo Nacional del Deporte hasta este momento es desconocido, nadie entrega cuentas del manejo de esa cifra millonaria de bolívares. Las Selecciones Nacionales no tienen el apoyo necesario para sus concentraciones o intercambios ni en materia de pasaportes o reserva de vuelos. La incompetencia de las autoridades deportivas es manifiesta: atletas y delegaciones se han quedado varadas porque estos detalles no fueron resueltos. Quedan para la historia de la corrupción en el sector deportes la Copa América de Futbol, el Estadio Iberoamericano de Atletismo, los Expedientes de CADIVI y los escándalos del despilfarro en los Juegos del Alba.

En tercera instancia, la inexistencia de un programa de Asistencia Social Integral al Atleta que pueda garantizarles el pago oportuno de las becas, asistencia médica, estudios, transporte, alimentación y dotación de equipos a los atletas que conforman nuestras delegaciones representativas. Igualmente, con mucha indignación y dolor, hay que señalar que la seguridad social de los trabajadores del sector deportivo obreros, empleados y entrenadores activos y jubilados ha empeorado progresivamente; los contratos colectivos están congelados desde el año 2000, salarios de hambre, no se les reconoce la homologación de las pensiones y jubilaciones, se mantiene cerrada la Escuela de Entrenadores, los seguros HCM por sus pírricas coberturas prácticamente los mantienen en condiciones de  "condenados a muerte", los manuales clasificadores de cargos no son aplicados y los pasivos laborales duermen el sueño del burócrata, en la larga espera de su cancelación. Salarialmente son discriminados frente a los chulos entrenadores cubanos.

La diáspora de atletas y entrenadores generada por la crisis que hoy vive el país y que han conseguido poder trabajar y competir en otras latitudes, es otro de los factores que hoy afectan negativamente al deporte. Varios atletas y entrenadores paralímpicos han emigrado y hoy entrenan y representan a otros países como Chile, Colombia, España, Ecuador y Perú.

Frente a todo esto, las autoridades deportivas del régimen (Ministerio del Deporte, IND y Comité Olímpico Venezolano) pretenden tapar sus errores, falta de programas y su desconocimiento de la materia deportiva solo con consignas demagógicas o populistas tales como: “Generación de Oro”, “Somos Potencia Deportiva” o “Venezuela se arregló”. Es el caso típico de los ineptos en el poder.

Superar el deslizamiento del deporte en el tobogán del fracaso producido por esta tormenta perfecta de  problemas requiere un cambio de gobierno, planes y programas para restituir integralmente los Juegos Nacionales, un programa de Asistencia Social para los atletas y entrenadores, acabar el flagelo de la corrupción, fortalecer la autonomía del sector deportivo federado, recuperar nuestras instalaciones deportivas, una ley de deporte que limite la dualidad de cargos en las organizaciones, que elimine la reelección indefinida, que prohíba la elección de funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción en la dirigencia deportiva, un acuerdo con el sector universitario para la formación de entrenadores, el manejo transparente del Fondo Nacional del Deporte, la descentralización del programa Deporte para Todos y un presupuesto acorde con las necesidades del sector.

 

A trece años de su partida, su ejemplo como atleta, entrenador, dirigente, docente, abogado, amigo, esposo y padre de familia esta por siempre grabado en los corazones y pensamientos de los que como él luchan por un deporte mejor en una sociedad mejor. Seguimos pensando en él como sin duda él lo quería, con el júbilo inmenso de que haya existido, con la alegría entrañable de haberlo conocido, y la gratitud de que nos haya dejado una obra tal vez inconclusa pero profunda e indestructible como su recuerdo.

Como un sencillo pero sentido homenaje a su memoria, en un trabajo realizado a dos manos, con el amigo Miguel Ángel Paz, presentamos una semblanza poética, que recoge todo el acontecer atlético, laboral, gremial dirigencial, académico, legislativo y familiar de nuestro por siempre solidario amigo. ​

 

               NELSON​

“UN LUCHADOR INSIGNE”​

 

Cargado de ilusiones marinas, / partiste de la Vetusta ciudad/ a cumplir tus sueños de atleta insigne/ la capital nacional/ te abrió sus brazos/ como hijo prodigioso, / ante tus zancadas ansiosas de triunfos/ en el óvalo de cuatro hectómetros, / con espigada figura y genio, / cual símil de cerilla,/ asumido como nombre de pila/ impuesto por la Unión de tu equipo.​

 

Propósito logrado​

 

-en el deporte rey -​

 

Esencia de tu existencia. ​

 

Avanzastes a semifinales/ en la formación docente en el exigente rol/ de convertirte en guía y formador exigente. ​

 

Lograstes conquistar la final/ convertido en líder gremial, luchador infatigable, / participante en luchas victoriosas, /​

 

solidario y consecuente con externas. ​

 

 descentralizadora. ​

 

Amigo excepcional, / honroso y testimonial presencia, / vida familiar ejemplar, / entrega decorosa/​

 

Con presea dorada/en la búsqueda definitiva / de la excelencia deportiva/ para una mejor sociedad. ​

 

Permanecerás presente, / con huella indeleble/ en las páginas/ históricas deportivas del país. ​

                                                                                                                                                                  Te recordamos como un activista de la sencillez / sembrador del fruto indoblegable/ de la solidaridad y la amistad / guía referencial / de los Entrenadores Deportivos / en búsqueda de la verdad. 

 

                                                                                                          Miguel Ángel Paz / Jesús Elorza

 

UPEL vs SPARTANS

Juego bajo protesta

Jesús Elorza

El pasado 17/04/2023 el Rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL decidió suspender las actividades en el gimnasio “Manuel Gallegos Carratu” del Instituto Pedagógico de Caracas IPC, pues la instalación no estaba en condiciones para seguir siendo usada hasta que no se lograra su reparación. Esta decisión fue reclamada por los socios del Club de Baloncesto “Spartan” quienes alegan tener un contrato firmado con las autoridades del IPC para el uso de la referida instalación, en la cual, según sus palabras ya han invertido más de 25.000 dólares en reparaciones. Esta situación, motivó una reunión entre las partes (Rectoría/representantes del club) en la cual salieron a relucir los elementos jurídicos que rodeaban ese supuesto convenio mal llamado “contrato” por algunos:

-En primer lugar, es importante precisar que el Director Decano del IPC firmó un documento pasando por encima de las normas establecidas en el Reglamento General de la UPEL que faculta solamente al Rector como el único ente que puede comprometer a la universidad. En consecuencia, si el documento presentado no tiene la firma del Rector de la UPEL lo firmado es nulo de toda nulidad. Es bueno recordar que, la nulidad de un contrato se da por existir algún vicio en el mismo por parte de alguno de los contratantes.

-El gimnasio “Manuel Gallegos Carratu”es un aula de clases que solo se puede utilizar en otras actividades complementarias una vez que se hayan cumplido las actividades docentes pautadas en él. No puede pretender un club privado o externo a la universidad transformarse en el usuario exclusivo de la instalación en detrimento de la actividad académica establecida en esa instalación.

-Si se ha invertido una cantidad de dinero en supuestas reparaciones lo más importante en este momento es presentar todos los soportes relacionados con este hecho para la respectiva rendición y aprobación de cuentas por los organismos administrativos y contralores de la universidad.

Lejos de llegar a un acuerdo en esa reunión, los representantes del club “Spartan” se retiraron de la misma y procedieron a introducir en los tribunales una demanda contra la UPEL-IPC por el supuesto delito de “Haber dejado a 460 niños, niñas y adolescentes sin sus entrenamientos deportivos, al proceder a cerrar el gimnasio cubierto “Manuel Gallegos Carratu”

El martes 31 se cumplió lo que pudiéramos llamar “El show de la Audiencia Express” con la presencia de más de 40 niños con sus representantes, un fiscal del Ministerio Publico, un fiscal de la LOPNA y un fiscal del Pueblo. Después de nueve horas y media de audiencia, durante las cuales la juez desestimó todas la pruebas y alegatos presentadas por los representantes de la UPEL; el tribunal en una sola jornada admitió y sentenció el recurso a favor del Club Spartan bajo los siguientes dispositivos:

1) se declara con lugar el amparo

2) en términos de 12 horas, se ordena retirar los candados de la puerta del gimnasio

3) en compensación y para restablecer las actividades deportivas tendrán 16 sábados continuos a partir de las 8 am para entrenar, sin límites de horario

4) el club hará las reparaciones necesarias “dependiendo de su alcance presupuestario y dejó en claro la juez que tampoco es que van a reparar todo el gimnasio”

La juez en su “imparcial” decisión dejo de lado que la referida instalación es un aula universitaria, dejo de lado el principio de la autonomía universitaria, dejo de lado a los estudiantes de Educación Física que tendrán 16 semanas sin poder usar el gimnasio y dejo de lado la inexistencia de contrato alguno por la ilegalidad del documento presentado al no tener el mismo la firma del Rector única persona autorizada para comprometer los bienes de la universidad.

Igualmente hay que señalar que la referida sentencia es a todas luces inaplicable. No puede quedar sin clases los estudiantes de Educación Física durante el lapso de 16 semanas. Este hecho vendría a representar una intromisión inaceptable de un sector privado en el desarrollo académico autonómico de la universidad.

Toca ahora a los distintos sectores de la comunidad universitaria (obreros, empleados, estudiantes y docentes) fijar posición ante este intervencionismo judicial de la autonomía universitaria. El Consejo Universitario debe fijar posición al respecto y en primer lugar proceder de inmediato a apelar la decisión del tribunal. Las organizaciones estudiantiles acompañados por sus profesores realizar clases magistrales en el Gimnasio “Manuel Gallegos Carratu” .

También, es de importancia capital que el Consejo Universitario elabore una clara normativa que regule la firma de alianzas o convencimientos con terceros para el uso de las instalaciones universitarias. No puede seguir permitiéndose la firma oculta de contratos que lesionen la autonomía universitaria o que propendan al manejo particular no transparente de los recursos provenientes de esos contratos. La Oficina Nacional de Convenios de la UPEL debe en lo inmediato presentar un Informe sobre los contratos, alianzas o convenios firmados en los distintos núcleos de la universidad y la distribución de los recursos económicos producidos.

EXTERMINIO BOLIVARIANO SIGLO XXI

Jesús Elorza

El pasado 29 de mayo, las calles y avenidas principales de todos los estados del país se vieron colmadas por concentraciones y marchas de los adultos mayores en condiciones de pensionados y jubilados que convirtieron la celebración de su día en una jornada de protesta nacional ante la grave situación que viven los trabajadores producto de los rigores de las políticas económicas aplicadas por el régimen de Nicolás Maduro.

Llamó poderosamente la atención de todos los ciudadanos la consigna central de esta jornada “No al exterminio del adulto mayor” que dejaba al descubierto las verdaderas y macabras intenciones del régimen con sus arbitrarias y totalitarias decisiones en materia económica en contra de los trabajadores.

La pérdida progresiva del poder adquisitivo de las pensiones en los últimos años, mantiene a los pensionados en un estado de zozobra permanente, agobiados con un cúmulo de necesidades que debemos  enfrentar, especialmente las referidas a la alimentación y las medicinas; las cuales, por los bajos montos de las pensiones en relación con el alza indetenible de los precios de estos rubros, lo que  nos imposibilita  su adquisición por lo que estamos sub-alimentados y sin poder controlar nuestras enfermedades.

El incremento de la pensión para el 15 marzo del año 2022,  de 7 Bs que se percibían desde mayo del 2021 a 130 Bs que representaban 30 $ para aquella  fecha, hoy equivalen a 5 $, los cuales en pocas semanas serán 0 $ por efectos de la inflación que padecemos, condenando a más de 5 millones de adultos mayores a la pobreza más extrema jamás padecida,  al hambre,  a la desnutrición y a muerte adelantada por carencias alimentarias y medicinales al no incrementarse este año el salario mínimo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 6746, emitido en Gaceta Oficial el 1° de Mayo del 2023. Al no haber incremento del salario mínimo no hay incremento de las pensiones por cuanto a este salario se ancló ilegalmente el monto de las pensiones del IVSS.

 Hambre, desnutrición y pobreza extrema sostenida como política gubernamental acompañada de la inexistencia de programas de protección social, hospitales en total abandono, salarios-jubilaciones y pensiones congelados en el tiempo y destruidos por la hiperinflación deja en claro las verdaderas intenciones del régimen de conducir a los adultos mayores hacia un holocausto de exterminio parecido, en sus intenciones, a los campos de concentración del fascismo alemán. Que otra cosa pudiera pensarse cuando un trabajador no recibe suficiente salario, jubilación o pensión para la compra de sus alimentos (ingresos 5 $ y el costo de la cesta alimentaria es de 500$), cuando tiene que enfrentar un problema de salud y no puede acudir a una clínica por carecer de recursos y en los hospitales le piden una lista de insumos que supera en más de 20.000% sus ingresos mensuales, de lograr ser atendido viene el vía crucis de poder comprar las medicinas, algo imposible con un salario básico de 130 bolívares, si por simple casualidad logra tener un seguro HCM le exigen que pague y luego reclame el reembolso que nunca llegará, si acude a su Caja de Ahorro se conseguirá que el régimen tiene más de tres años sin entregar los aportes correspondientes por los descuentos (apropiación indebida) y finalmente si aparece la muerte carece de un seguro funerario y debe enterrar a sus deudos o a la inversa mediante la ayuda solidaria. Todo esto ocurre con la anuencia intencional de un régimen autoritario que solo busca mantenerse en el poder a costa de lo que sea sin tener el más mínimo interés en solventar la compleja crisis humanitaria por la cual atraviesa la población venezolana.

El falso argumento de responsabilizar a el bloqueo y mirar para otro lado mientras los escándalos de corrupción dejan desnudo al régimen en su política de saqueo de los recursos y bienes nacionales.

La lucha es por la vida contra el exterminio. Nuevas condiciones de vida y trabajo requieren necesariamente un cambio de gobierno. Es obligatorio superar este holocausto bolivariano siglo XXI.