Rechaza el leonino “Acuerdo petrolero del siglo”

Atletas, entrenadores, dirigentes, médicos, periodistas, empleados y obreros del sector deportivo miembros de la organización Gente del Deporte nos pronunciamos ante la firma de lo que el ilegitimo gobierno de la usurpadora Delcy Rodríguez y la administración Trump denominan "el acuerdo del siglo"

De entrada, no hay ninguna duda de que el desarrollo de nuestras potencialidades energéticas es fundamental para proporcionar la base económica a fin de sacar al país de la profunda crisis en que lo ha sumergido estas más de dos décadas de gobiernos nefastos.
Igualmente, el desarrollo de dichas potencialidades amerita llegar a acuerdos comerciales con empresas extranjeras poseedoras del capital y la tecnología necesaria.
Sin embargo, es inaceptable que, bajo estas premisas, se someta al país a la firma de convenios petroleros en condiciones de total desequilibrio contra los intereses de la Nación y bajo una opacidad casi absoluta.

Estos acuerdos, en particular el establecido con la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), cuyo titular es el “Bolichico” Alejandro Betancourt, vulneran el marco constitucional e, incluso, se hacen en condiciones más desfavorables para la República que las ya de por sí retrógradas de la nueva ley de hidrocarburos, recientemente impuesta por el actual régimen político venezolano.

Convenios resaltantes, como el establecido con NABEP o el más reciente con la empresa Primavera infinita, liderada por otro de los chicos preferidos Manuel Ignacio Iribarren, tienen como contraparte a empresas de reciente creación con poca o ninguna experiencia petrolera o, en el caso de NABEP, encabezadas por empresarios acusados de financiamiento ilícito y corrupción. Por cierto, en la empresa Primavera infinita se señala al magnate Fred Ehrsam (Bolichico norteamericano) estrechamente vinculado a Donald Trump.

Tampoco están claras las condiciones de dichos convenios y de lo poco que sale a la luz se desprenden condiciones desfavorables para Venezuela.
En el llamado "acuerdo del siglo", Venezuela entrega 65000 millones de barriles de sus reservas petroleras por un período de 25 años, extensible hasta 100 años de explotación, con una dudosa ganancia para la República que, en el mejor de los casos, alcanzaría los $19/barril, aunque, probablemente, sea mucho menor. Adicionalmente, el Gobierno de EE. UU. se garantiza una jugosa participación del 35% en las acciones de NABEP, la opción a acceder al 20% del petróleo producido a precio de costo, prioridad en opción de compra del resto y dirimir cualquier reclamo en tribunales estadounidenses.

Lo concreto, más allá de toda consideración, es que hoy nuestro país está atrapado en un acuerdo político económico entre la administración Trump y el Gobierno ilegítimo y autoritario encabezado por Delcy Rodríguez. Sin que esto signifique, hasta ahora, avances significativos en la transición democrática, ni mejoras en la situación económica y social de la gran mayoría de los venezolanos.

En este oscuro proceso se insertan, también, otras negociaciones y consideraciones que pueden afectar dramáticamente el presente y futuro de nuestro país, de acuerdo a la información disponible de fuentes de EEUU en las primeras operaciones de venta de crudo venezolano se recaudó más de 500 millones de dólares los cuales fueron depositados en bancos de Qatar bajo la supervisión del EEUU, y luego han sido desembolsados por etapas, todo esto es por concepto de la exportación de 15,7 millones de barriles de petróleo según información suministrada por el Secretario de Estado de los EEUU, Marco Rubio, en tal sentido es prioridad en el marco de reinstitucionalización y transparencia necesaria en un proceso de transición que se informe a la ciudadanía y se busquen los mecanismos que permitan la inversión necesaria para recuperar la economía, infraestructura y los salarios y gastos para la salud y la educación, por otra parte se encuentra el proceso de renegociación de la deuda, acuerdos de importación de productos norteamericanos con bajos aranceles y la posible dolarización de nuestra economía.

Ante este panorama no podemos caer en la trampa de la inmediatez. Ciertamente, la urgencia es económica, pero, la salida realmente sostenible es política. Para que los acuerdos comerciales, financieros y políticas económicas tengan un impacto real favorable a los intereses de la mayoría de los venezolanos, se deben desarrollar en el marco de un régimen democrático, cuya institucionalidad y división de poderes permita aspirar alcanzar situaciones que apunten efectivamente a nuestro desarrollo nacional en beneficio de todos los venezolanos. Tanto en términos de los beneficios a obtener en los acuerdos comerciales, como en relación al manejo transparente y soberano de los recursos en lo que al presupuesto de la Nación se refiere.

Rechazamos que la crisis humanitaria que padecen los adultos mayores y los trabajadores siga ausente de las prioridades de quienes hoy ejercen poder e influencia sobre el futuro de Venezuela. Mientras se anuncian millonarios ingresos y se habla de una supuesta recuperación económica, los pensionados, jubilados y trabajadores venezolanos continúan condenados a sobrevivir con una pensión y un salario mínimo de 130 bolívares mensuales, congelados desde marzo de 2022 y reducidos, por efecto de la devaluación, a un ingreso incapaz de garantizar siquiera la alimentación o la compra de medicinas.

En este sentido, rechazamos los acuerdos establecidos por el actual gobierno y exigimos se establezca un cronograma claro para llegar a un proceso electoral que permita elegir un presidente legítimo e igualmente los distintos poderes republicanos en un régimen democrático.
Únicamente en este contexto, será posible avanzar, realmente, en salir de la profunda crisis en que han sumido al país quienes hoy detentan el poder.