LA DOCTRINA “TRUMROE”

Jesús Elorza

La política exterior de Estados Unidos hacia América Latina atraviesa una redefinición doctrinaria que apela directamente a los fundamentos geopolíticos del siglo XIX. Bajo la denominada Doctrina Trumroe, la Administración del presidente Donald Trump ha reinterpretado la Doctrina Monroe de 1823 —resumida históricamente en la premisa «América para los americanos»— para moldear un esquema de intervención y dominio económico adaptado a las dinámicas globales del siglo XXI.

Si la Doctrina Monroe nació para disuadir la recolonización europea, su versión contemporánea busca expulsar la influencia de potencias extracontinentales como China y Rusia del hemisferio occidental, asegurando la hegemonía absoluta de Washington en lo que la Casa Blanca vuelve a calificar explícitamente como su «patio trasero»

La Casa Blanca ha confirmado oficialmente la “privatización” del sector de hidrocarburos de Venezuela, en un comunicado difundido a última hora del lunes en el que publica nuevos detalles del pacto por el que la Administración estadounidense pasa a controlar una quinta parte de las reservas de crudo del país sudamericano. Según esta versión, el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha concedido por un siglo entero 17 campos petroleros que acumulan cerca de 65.000 millones de barriles en reservas a la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP), propiedad del millonario venezolano Alejandro Betancourt, investigado por la Justicia. Esta empresa se ha asociado con el Gobierno estadounidense, según confirma la oficina presidencial.

La Administración republicana defiende que el pacto permitirá crear una nueva potencia petrolera en el continente, sin coste para el contribuyente estadounidense y en beneficio de la seguridad nacional del gigante norteamericano.

Como parte del plan, el pacto otorga al Pentágono, a través de su Oficina de Activos Estratégicos, la propiedad del 35% de la empresa matriz de NABEP. El Departamento de Estado tendrá garantías para adquirir el 20% de la producción de todos los pozos petroleros operados ahora y en el futuro por la compañía venezolana, a precio de coste. También tendrá derecho a la primera opción de compra del 80% restante, “lo que proporcionará una fuente de energía garantizada en nuestro hemisferio en situaciones de emergencia”.

Ese suministro permitirá reponer los depósitos de la reserva estratégica de petróleo estadounidense, ahora en su nivel más bajo en cuatro décadas, y se destinará también a usos “militares y otros fines sensibles”.

Derecho de veto

El Gobierno de Estados Unidos tendrá derecho de veto sobre el nombramiento de todos los miembros del consejo de administración de la nueva compañía. La Casa Blanca precisa que una mayoría de ellos debe tener nacionalidad estadounidense. La nueva entidad dispondrá de “auditores, abogados y consejeros de prestigio estadounidenses”. El acuerdo entre la Administración y NABEP estará sujeto a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses y de la ley de Estados Unidos. Las concesiones petroleras, bajo la nueva ley de hidrocarburos venezolana.

“NABEP ha desarrollado un ambicioso plan para ampliar la producción rápidamente, mediante la inversión de hasta 100.000 millones de dólares en nueva infraestructura petrolera en Venezuela. Eso ayudará a crear crecimiento económico, respaldará miles de trabajos bien pagados en Venezuela y generará cientos de miles de millones en actividad económica más amplia”, apunta la Casa Blanca en un comunicado. También confirma el cálculo por el que se espera que NABEP pagará cerca de 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años del pacto —Delcy Rodríguez habló de 209.000 millones—. Esos ingresos, sostiene, aportarán un apoyo “fundamental” para “el gobierno actual y los futuros en Venezuela para sufragar la reconstrucción y el desarrollo social”.

La oficina presidencial presenta el acuerdo como un triunfo de la llamada Doctrina Truroe —un juego de palabras con el nombre del presidente norteamericano y la doctrina Monroe que en el siglo XIX proclamó que América debía ser para los americanos—, la política de la Administración de Trump para América Latina. Esta nueva “Doctrina” defiende una intensificación de la influencia política y económica de Estados Unidos en la región en detrimento de sus rivales.

Así, puntualiza que las concesiones petroleras incluidas en el acuerdo —que Caracas había revelado que se encuentran en la Faja del Orinoco y el lago Maracaibo, y parte de ellas no han sido explotadas jamás aún— habían estado bajo el control de intereses de Rusia y de China, o de oligarcas corruptos asociados al chavismo, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. “Esos agentes extranjeros malignos saquearon los recursos de Venezuela en beneficio de adversarios estadounidenses como Cuba, Rusia y China”, apunta el comunicado. “El presidente Trump ha restablecido la Doctrina Monroe, para purgar la influencia extranjera maligna de nuestro patio trasero y garantizar que la dominación de Estados Unidos en nuestro hemisferio nunca vuelve a ponerse en duda”.

La Casa Blanca presenta la Doctrina Trumroe como una victoria estratégica destinada a purgar a los «agentes extranjeros malignos» que operaban en la región durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, desplazando los intereses de Moscú y Pekín. Asimismo, se defiende el pacto como un motor de estabilidad regional que impulsa reformas judiciales y la liberación de presos políticos en Venezuela sin coste para el contribuyente estadounidense.

En contraste, analistas y sectores críticos en Venezuela denuncian que la medida representa una forma de neocolonialismo anacrónico. Se señala que la entrega de recursos soberanos a tan largo plazo, sumada a la subordinación jurídica e institucional, compromete la independencia del país la vigencia de la Constitución y condiciona la viabilidad de procesos electorales verdaderamente autónomos, la Libertad Plena de los presos políticos y los Derechos Laborales de los trabajadores.