EL AUMENTO SALARIAL ES UN PROBLEMA POLITICO

Jesús Elorza

En Venezuela, el aumento salarial es un problema político de primer orden debido a que el salario ha dejado de ser solo una compensación económica para convertirse en un mecanismo de supervivencia y control estatal.

Bajo la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el panorama se resume en los siguientes argumentos:

1. La "Bonificación" del Ingreso como Estrategia Fiscal

El gobierno ha optado por aumentar el Ingreso Mínimo Integral (que alcanzó los $240 en mayo de 2026) a través de bonos (Bono de Guerra Económica y Cestaticket) en lugar de aumentar el salario mínimo base, que permaneció congelado en 130 bolívares desde 2022. 

• Implicación política: Esto permite al Estado aumentar el dinero circulante sin incrementar sus pasivos laborales (prestaciones, vacaciones, pensiones), lo que técnicamente se conoce como "desalarización" del trabajo. 

2. Control Social y Dependencia Estatal

El uso de bonos distribuidos a través de plataformas gubernamentales (como el Sistema Patria) refuerza la dependencia del ciudadano hacia el Estado. 

• Argumento político: El salario ya no depende del mercado ni del contrato colectivo, sino de la voluntad discrecional del Ejecutivo. Esto debilita la autonomía de los trabajadores y los sindicatos, convirtiendo el ingreso en una herramienta de subyugación política. 

3. El Salario como Termómetro de Legitimidad

Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 y la transición liderada por Rodríguez, el aumento salarial ha sido utilizado para intentar calmar el creciente malestar social y las protestas, que aumentaron significativamente durante el primer trimestre de 2026. 

• Conflicto: Aunque se anunció un alza del 26% respecto a los montos previos, sectores laborales lo califican de insuficiente o "burla", dado que la canasta alimentaria supera los $600. 

4. Uso de las Sanciones como Justificación Política

El discurso oficial vincula directamente la incapacidad de decretar aumentos mayores con las sanciones internacionales.

• Argumento: Al condicionar la mejora salarial al levantamiento total de sanciones, el gobierno traslada la responsabilidad política del bajo poder adquisitivo a actores externos (como Estados Unidos), utilizándolo como moneda de cambio en negociaciones diplomáticas. 

5. Erosión de los Derechos Constitucionales

El artículo 91 de la Constitución venezolana establece que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir sus necesidades básicas. 

Al mantener un salario base de apenas centavos de dólar y compensar con bonos que no computan para beneficios legales, el Estado incurre en una violación sistemática de la norma constitucional, generando un conflicto político de legalidad y justicia social.