“Si San Juan lo tiene, Sanjuán no lo da”

Jesús Elorza

A una sola voz, obreros, empleados y profesores —tanto activos como jubilados— entonan en los pasillos universitarios una frase que trasciende la devoción popular del cada 24 de junio para convertirse en un reclamo categórico de dignidad. El tradicional lema popular reverbera hoy con un sesgo amargo y desgarrador para retratar la política salarial y de exclusión impuesta por la Ministra de Educación Superior, Ana María Sanjuán.

La comunidad universitaria, articulada a través de sus autoridades académicas y representaciones gremiales, ha alzado la voz para denunciar el atropello y la discriminación sistemática que ejerce el Ministerio de Educación Universitaria. El foco del conflicto se centra en la negativa del Ejecutivo a cancelar el “Bono de Responsabilidad Académica” (anteriormente denominado “Bono de Responsabilidad Profesional”) a la totalidad del personal docente, administrativo y obrero de las Universidades, extendiendo la afectación tanto a trabajadores activos como a jubilados.

Los hechos que sustentan esta grave denuncia revelan un patrón de desmantelamiento institucional. En primer lugar, la asignación de este beneficio obedece a una decisión unilateral del Ejecutivo Nacional, adoptada a espaldas de las instituciones superiores y sin consulta alguna con las autoridades universitarias. El pago ha sido procesado mediante la data del Sistema Patria, despojando a la universidad de sus competencias históricas de control y gestión de nómina. Aunque la institución elabora y envía rigurosamente las maquetas para el procesamiento de los salarios y el bono de alimentación, no tiene participación ni fiscalización sobre la entrega de bonificaciones adicionales. Se desconocen los criterios técnicos aplicados, los montos definitivos y la lista real de beneficiarios.

Esta discrecionalidad se agrava con la ausencia de canales formales de comunicación. El Ministerio ha sustituido las vías institucionales y resoluciones oficiales por la difusión informal de flyers digitales. En la práctica, el bono ha sido entregado de manera excluyente, opaca y caótica, sumiendo a las familias universitarias en la incertidumbre y profundizando los niveles de pobreza extrema a los que ha sido sometido el sector.

No existen fundamentos legales, contractuales, económicos ni sociales que justifiquen la exclusión del personal jubilado de estas bonificaciones. La actuación ministerial quiebra flagrantemente los principios constitutivos de igualdad, no discriminación y progresividad de los derechos laborales consagrados en las leyes venezolanas. Para colmo de la arbitrariedad, la gestión ministerial ha introducido un sesgo de discriminación interinstitucional al limitar el pago efectivo de dicho bono a los profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), dejando desamparados a los trabajadores del resto de las casas de estudio del país.

Ante la ola de reclamos, la respuesta de la cartera ministerial ha sido evadir su responsabilidad, argumentando falsamente que la omisión en el pago responde al supuesto incumplimiento de las universidades en la entrega de sus nóminas. Cabe preguntarse con indignación: ¿Cómo se le pretende decir al país que un ministerio ignora la nómina de las universidades bajo su tutela? ¿Se ejercen responsabilidades de Estado sin conocer a los trabajadores que integran el sector?

Frente a este descalabro laboral y administrativo, la respuesta ministerial ha pretendido desviar la atención planteando la reforma de la Ley de Universidades. La contestación de la comunidad universitaria ha sido inmediata y contundente: lo urgente y prioritario es frenar la violación sistemática de los derechos laborales, restituir salarios dignos, respetar la autonomía universitaria, levantar el asfixiante cerco presupuestario y atender integralmente a los estudiantes mediante el rescate de comedores, transporte, bibliotecas y becas.

En el contexto actual, cualquier discusión legislativa solo buscaría afianzar el autoritarismo y consolidar la eliminación de los derechos conquistados. La verdadera transformación solo será posible garantizando elecciones libres y democráticas para renovar las autoridades rectorales y decanales en un ambiente de pleno respeto a la institucionalidad.