VIOLENCIA ALIMENTARÍA

Jesús Elorza

Aunque los Comités Locales de Abastecimiento y Producción fueron lanzados, en principio, como canales que darían fuerza al poder comunal, lo cierto es que en la práctica las comunidades no han manejado ni los recursos económicos, ni se han encargado de la selección de los productos, ni han tenido un papel en la frecuencia de distribución, señala el más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela de la ONG Provea.

"La militarización en el terreno de los CLAP generó una estructura con instancias llamadas 'Centro de Mando' y 'Estado Mayor de los CLAP', lo cual da cuenta de una jerarquía y una línea de mando que pone en duda que este sistema de distribución sea una gestión verdaderamente autónoma de las comunidades", apunta el documento.

 Los CLAP fueron un mecanismo que se creó al margen de lo establecido en la Constitución y no obedecieron a una ley dictada por la Asamblea Nacional, como lo indican los artículos 137 y 156 de la Carta Magna. El decreto que rige su instalación no indica cómo se constituyen ni quiénes lo integran y les da competencias públicas inconstitucionales, como las del mantenimiento del orden público, sin establecer para ello regulación ni límites; no forman parte de la administración pública y están integrados por "grupos paraestatales de claro corte partidista".

Otro de los graves cuestionamientos es que se promovió con ellos "un monopolio de lo alimentario manejado por un grupo de ciudadanos con más poder que otros, solo por razones de ideología política". Paradójicamente, además, "al ir progresivamente subiendo el costo de las bolsas de alimentos e incluir en ellos productos importados en dólares, el manejo de los CLAP violaba la Ley de Precios Justos y dio paso a una corrupción generalizada.

El tejido que somete el acceso a los alimentos a un control político y militar del país no es gratuito, sino que obedece a un síntoma de un proceso que los expertos han bautizado como violencia alimentaria. Cuya expresión fundamental es “el sometimiento de una sociedad a partir del hambre de las personas, de la coerción de su libertad de elección en materia alimentaria y de la manipulación de toda la cadena socio productiva de los alimentos con un fin ideológico o político. Las denuncias de discriminación por razones políticas, de las que han sido objeto los CLAP, vulneran la Observación General N° 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, que señala que no se debe negar el acceso a los alimentos a determinados individuos o grupos, "y que establece como falta del Estado no controlar las actividades de individuos o grupos para evitar que violen el derecho a la alimentación de otras personas”.

Esta violencia alimentaria tiene que ver con lo que significa hacer la cola para comprar alimentos, que tengas que identificarte con un capta huellas, que tengas

que sustituir la alimentación tradicional por productos extraños a tu cultura, la absoluta sensación de impotencia que sufres por no poder contrarrestar lo que está ocurriendo.  Además, se caracteriza por la escasez, por la inflación y la pulverización del poder adquisitivo, por la pérdida de calidad de la alimentación hasta en su contenido simbólico, por el hambre que empujó a muchas personas a los basureros y por el daño ya evidente sobre el estado nutricional de niños y adultos, sobre la educación y sobre la violencia que el hambre y la escasez detonaron.

Todo esto es producto de una política hambreadora que el régimen ha ido desarrollando paulatinamente desde al año 2001  con la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario  y continuó “a paso de vencedores” con el Plan Especial de Seguridad y Soberanía Alimentaria e inauguración del primer Mercal (2003), Misión Mercal y Casas de Alimentación ( 2004),  Misión Alimentación (2007),  Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (2008), Creación de Pdval (2008),  Expropiación de Agroisleña (2010),  Expropiación Hacienda Bolívar (2011), Gran Misión Abastecimiento Seguro y Soberano (2016) y los CLAP (2016).

Se puede afirmar, sin temor alguno, que el régimen ha hecho de la distribución de alimentos un mecanismo perverso de dominación política e ideológica. Ofrecieron fraudulentamente vender alimentos a precios justos y terminaron distribuyendo comida dolarizada y ajena a la cultura venezolana; los CLAP fueron promocionados como una medida temporal debido a la emergencia alimentaria, cuando en realidad solo buscaban dar forma de organización e instalar las bases de defensa de la revolución, la compra de votos para los procesos electorales y un multimillonario proceso de corrupción.