DECLARACIÓN DE ARAGUA

Una de las más importantes características de los diecisiete años del gobierno “Revolucionario del Siglo XXI”  es, sin lugar a dudas, el elevado nivel de corrupción. Esa grave desviación de la ética pública tuvo su origen en el inmenso desorden administrativo que se impuso en dicho gobierno por expresa voluntad del presidente de la República y líder fundamental de la mal llamada Revolución bolivariana. Desde su propio inicio, se observó que existía un marcado interés en destruir todos los elementos de control que exigen obligatoriamente las Finanzas Públicas, para de esa manera lograr comprometer a los funcionarios públicos,  por encima  de la lealtad normal que debe existir con un gobierno, y al mismo tiempo permitir que los dineros públicos se manejaran, sin ningún control, para poder ser utilizados con absoluta libertad por el régimen  en sus objetivos políticos.

En el sector deportivo, quienes han pasado por los cargos administrativos: Ministerio del Deporte y Presidencia del Instituto Nacional de Deporte han implantado y desarrollado una política que bien podemos caracterizarla como “El saqueo de los recursos presupuestarios”. Diferentes encargados de los puestos burocráticos, han permitido en sus gestiones que los dineros del deporte hayan sido malversados o apropiados indebidamente a favor de una minoría corrupta.

Hoy en día, el reconocimiento de la existencia de una grave crisis generalizada en nuestro país es prácticamente unánime; independientemente de la diversidad de interpretaciones que se hacen sobre sus causas, responsabilidades y maneras de enfrentarla. Por otra parte, dicha crisis ha sido utilizada como justificativo para implementar medidas que, lejos de resolver el problema, han terminado afectando a sus principales, aunque no exclusivas, víctimas; que no son otras que los distintos estratos sociales que constituyen el pueblo venezolano. Por cierto, que las inclinaciones políticas particulares no han servido para evitar sus perniciosos efectos; los cuales sufrimos colectiva e independientemente de ellas.

Son muchas y variadas las razones por las que, en las actuales circunstancias, los sectores populares se han visto nuevamente obligados a lanzarse a la lucha. A todo lo largo y ancho de nuestro país se producen diariamente distintas formas de protesta; reclamos que además no reciben, en su mayoría, efectiva respuesta por parte de las autoridades encargadas de prestar sus servicios, sin distinciones de ningún tipo, a todos los ciudadanos. A este tipo de luchas y a esta problemática nos referiremos utilizando el término de LUCHA SOCIAL; lo que no implica que dejemos de reconocer que, como todo tipo de conflicto que se desarrolla en una sociedad, estas también tienen un carácter político. 

La lucha social ha sido hasta ahora predominantemente espontánea, inmediatista y dispersa; características que se presentan incluso en las acciones planteadas por sectores laborales y estudiantiles con mayores niveles de organización y experiencia en tal sentido. Estas condiciones han permitido al Estado venezolano y a sus instituciones, responsables de garantizar los derechos humanos y constitucionales de todos los venezolanos, enfrentar los reclamos al detal, por separado; y responder según sus propios criterios y conveniencias. Es así, por citar algunos casos destacados, como han actuado ante los padecimientos de la gente a causa de la expresión que adquiere la crisis en la prestación de todos y cada uno de los servicios públicos (salud, educación, agua potable y drenajes, electricidad, vivienda, aseo urbano, transporte); es así como han respondido a las necesidades de producción y abastecimiento de alimentos y medicinas para la población; es así como han escamoteado los derechos de los trabajadores a disfrutar de salarios ajustados a la realidad económica, a contrataciones colectivas que expresen sus aspiraciones de mejores reivindicaciones, al pago de las deudas contraídas y a un sistema de seguridad social que cumpla a cabalidad con los objetivos que le corresponden;  es así como niega el financiamiento requerido para el cabal funcionamiento de las universidades autónomas; es así como se practica y se promueve de diferentes maneras la censura y la autocensura en los medios de comunicación; es así como se ha permitido que vivamos permanentemente aterrados por el clima de violencia e inseguridad que ha generado el desborde y la impunidad de la delincuencia, la diaria y creciente cuota de asaltos, robos, violaciones, muertos y heridos (jóvenes en su mayoría) por estas causas, y el peligroso incremento de los casos de “ajustes de cuentas” y linchamientos que hoy vemos en nuestras calles.

Mientras tanto, podemos apreciar cómo se destinan importantes cantidades de dinero del presupuesto nacional, entre otras cosas, a la compra de armamentos bélicos, al pago puntual a la banca internacional por concepto de deuda externa, al financiamiento de un descomunal aparato propagandístico para el desarrollo de costosísimas campañas publicitarias a nivel nacional e internacional; cómo se ha permitido el crecimiento desmesurado, burocrático, ineficiente y clientelar de las instituciones del gobierno y se consumen cuantiosos recursos en gastos suntuosos y superfluos de estos organismos y sus altos funcionarios; en tanto que la corrupción ha alcanzado niveles de tal profundidad y extensión que ha dejado de ser solo un problema ético, para convertirse en un hecho económico que merma la capacidad financiera del Estado.

Simultáneamente, se criminaliza y judicializa la protesta, se practica el paralelismo gremial y sindical, se hostiga, se encarcela y se utiliza el sicariato contra los dirigentes populares y los defensores de los derechos humanos; se militarizan casi todos los aspectos de la vida del país; y se entronizan, oficial y extraoficialmente, los llamados “estados de excepción” y demás formas de represión y control social. 

Es con estas luchas que libra el pueblo venezolano; que hoy, 19 de abril de 2016, a 206 años de la gesta independista del 19 de abril de 1810, firmemente convencidos de que sin participación popular no habrán cambios verdaderos ni favorables en nuestro país, a través de esta DECLARACIÓN DE ARAGUA, Gente Del Deporte, expresa públicamente su disposición y compromiso para trabajar por el fortalecimiento y correcta orientación de las LUCHAS SOCIALES; con el objetivo de transformarlas en una fuerza unitaria, organizada, democrática y combativa; en capacidad de defender nuestros derechos y de ocupar el papel protagónico que nos corresponde en la búsqueda de salidas a la crisis que no signifiquen el sacrificio de nuestros hijos, ni la entrega de nuestras riquezas naturales y soberanía nacional a ninguna potencia extranjera; en capacidad de convertirse en una fuerza social autónoma e independiente de cualquier tutelaje político o económico, respetuosa de la pluralidad y de la disidencia; y dispuesta al diálogo, a los entendimientos y a los acuerdos para que dicha salida pueda ser pacífica, democrática y constitucional; lo cual, plantea como requisito indispensable, la necesidad de la reconciliación nacional y el desarrollo de la justicia social. 

 Gente del Deporte Aragua

 Coordinadores Regionales

 Jesús Elorza     Iván Briceño     Wuaxiomar Aponte     David Herrera     Rosa Gonzalez   

                                                                                          Maracay, 19 de abril 2016