Violencia electoral

Jesús Elorza

El sector deportivo venezolano fue estremecido al conocerse la noticia del atentado contra un dirigente deportivo. Entrenadores, atletas y dirigentes se preguntaban sobre las causas que pudieron dar origen a ese lamentable hecho. 

Unos llegaron a pensar que lo acontecido no pasaba de ser un atraco al que nos tiene acostumbrado el hampa. Otros pensaban que a lo mejor todo fue producto de una simple discusión y de allí pasaron a violentarse los participantes.

Pero al enterarse que el dirigente de la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos, Ender Luzardo, al salir de una reunión en el Instituto Nacional de Deporte, fue interceptado por un motociclista que pistola en mano lo encañonó y colocándole el arma en su cabeza, lo increpó diciéndole “Mira mama gue…te vamos a quebrar si sigues metido en las elecciones de la natación. Renuncia a la federación sino te partimos ese cu…Ya sabemos dónde tú te quedas aquí en Caracas y también tenemos precisados la dirección de tus pures. Mejor quédate en Barquisimeto porque si sigues echando vainas en las elecciones de la federación eres hombre muerto”.  

El pensamiento generalizado en todo el sector deportivo fue el de considerar que se estaba en presencia de una escalada de la violencia en el marco de las elecciones federativas. El escatológico lenguaje del sicario no dejaba lugar a dudas. El objetivo de la amenaza de muerte era electoral, para amedrentar al dirigente y lograr que se retirara del proceso eleccionario de la federación. Tocará a los organismos policiales la identificación plena del pistolero y del autor o los autores intelectuales de este acontecimiento criminal.

Anteriormente, en el calor de los procesos electorales federativos, las discusiones solo llegaban a alcanzar empujones o mentadas de madre, pero no se iba más allá. Pero con el tiempo, la violencia electoral fue elevando su intensidad y fuimos testigos de cercos presupuestarios, entrega discriminadas de providencias administrativas y maletinazos para la compra de apoyos y votos que hicieran posible alcanzar la presidencia de una federación o el Comité Olímpico. Mas adelante, se impuso un cerco jurídico para anular o intervenir a las federaciones que no estuviesen de acuerdo con el régimen. 

También en la escalada de la violencia electoral se hizo presente “el secuestro” y allí está el lamentable caso del dirigente deportivo Miguel Obando, a quien siendo aspirante a la Federación de Karate Do, el día 19 de septiembre de2021, le secuestraron su hijo y el mensaje de los malandros fue “dile a tú papá que se pire del país o lo chuleteamos. Policialmente el caso sigue sin resolverse.

Destaca también en este historial de violencia, las palabras de un dirigente olímpico que en una conversación dijo: “tengo una pistola en mi escritorio pa´ caerle a tiros a los que estén en contra nuestra”. Con razón este triste personaje es conocido en el medio deportivo como “el pistolero olímpico”.

En síntesis, se puede señalar que la violencia electoral en el sector deportivo es producto fundamentalmente del deseo de tener el control del sector federativo u olímpico y la confrontación se agudiza  porque los contendientes representan a instituciones como el Ministerio del Deporte, el IND y el Comité Olímpico Venezolano, quienes en su política de perpetuarse en el poder buscan tener el control  de los votos federativos. Por ello, se hace imperativo que se abra una averiguación policial sobre el sicariato, para erradicar este flagelo que  hoy afecta al sector deportivo.

El deporte en su conjunto demanda de la Fiscalía General de la República una investigación sobre estos hechos, para determinar las responsabilidades penales de los autores materiales e intelectuales.

  

Holocausto universitario

Jesús Elorza

Durante los 22 años del régimen, no se han escatimados esfuerzos en organizar y desarrollar una política hacia las universidades. Quizás inspirados en Adolfo Hitler, implementaron con afán desmedido, una serie progresiva de acciones basadas en  el desprecio al conocimiento científico, tecnológico y humanístico que producen las universidades y cuya finalidad, no es otra sino alcanzar “la solución final” de suprimir la autonomía universitaria, construyendo para las universidades un ordenamiento jurídico al servicio del gobierno y desconocer las autoridades universitarias para establecer el pensamiento único de la revolución.   

Sin embargo, hay que destacar que en sus inicios el régimen optó por presentar una imagen de cordero para cautivar a inocentes creyentes e incorporarlos a su “revolución socialista y bolivariana del siglo XXI”. Armando su trampa caza bobos, procedió a anunciar y aprobar en el proceso constituyente de 1999, el rango constitucional a la autonomía universitaria (Art 109 de la CRBV).

Acto seguido, designaron, a profesores identificados con el régimen, como autoridades  encargadas de las políticas públicas para la educación universitaria, destacándose entre ellas el Proyecto Alma Mater para el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación universitaria en Venezuela (OPSU, 2001) que entre otros aspectos contemplaba:  elevación de la calidad académica, garantizar la equidad en el ingreso estudiantil, financiamiento oficial de las universidades, construcción de nueva planta física, conclusión de obras paralizadas por años, reparación y remodelación de edificios, laboratorios y aulas de docencia e investigación en todas las universidades autónomas y experimentales y el mejoramiento del transporte, comedor y  becas estudiantiles.

Pero, como dice el refrán popular “el camino al infierno está lleno de buenas intenciones” y las ilusiones se fueron evaporando, dando paso a que el régimen dejara de lado su piel de cordero y asomara sus colmillos de autoritarismo represivo, al propiciar que los colectivos armados, bajo el argumento del impulso de un proceso de constituyente universitario tomaron violentamente en marzo del año 2001 parte del edificio sede del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) durante 32 días. Su objetivo, era desconocer a las autoridades recién electas para permitir así la intervención gubernamental. Lo relevante de esta acción de los colectivos armados fue la total impunidad con que actuaron protegidos por la policía política del régimen.

A partir de ese hecho, las universidades y su comunidad fueron protagonistas de una sistemática y desmedida acción de grupos que, actuaban como organizaciones paramilitares al servicio del gobierno. Entre el año 2008 y 2012, las universidades presentaron a la Fiscalía General de la República 52 denuncias de agresiones a personas y bienes de la comunidad. Las motivaciones principales de esas acciones fueron reprimir manifestaciones y procesos electorales estudiantiles a través del lanzamiento de bombas lacrimógenas, uso de artefactos explosivos y armas de fuego, quema de instalaciones y vehículos, así como agresiones físicas a profesores, estudiantes, empleados, obreros y autoridades universitarias.

Otra modalidad empleada por el régimen contra las universidades fue “el cerco jurídico” para imponer, arbitraria e ilegalmente, la suspensión de todas las elecciones de autoridades universitarias en las universidades nacionales.  La imposición a través de la Ley Orgánica de Educación de condiciones electorales que contrarían lo establecido en la Ley de Universidades vigente y el artículo 109 de la Constitución Nacional y el intento de imponer una Ley de Universidades en el 2010 que generó el rechazo mayoritario de los universitarios, y condujo a que el presidente Chávez la vetara en enero 2011.

Otro cerco contra las universidades, fue el presupuestario, que comenzó con la reconducción de los presupuestos universitarios, imponiendo de esa manera, la política según la cual,  para el  año siguiente debe mantenerse el mismo presupuesto del año anterior generando un estancamiento en el funcionamiento universitario.

Mas adelante, el régimen dio otro paso de avance en su política intervencionista, al colocar el pago de las nóminas en el Sistema Patria y cerró el circulo, al aprobar en el CNU, una normativa para dejar en manos del régimen e manejo de los recursos propios de las universidades que producen por sus programas de extensión y post grado.

En lo referente a las relaciones laborales, el régimen no descansa en su agresión. Comenzó desconociendo la aplicación de las Normas de Homologación y progresivamente ha ido imponiendo condiciones laborales que condenan a los obreros, empleados y docentes a la pobreza extrema. 

Prácticamente, las acciones del régimen en su afán por destruir la autonomía del sector universitario condenan a muerte a todos los miembros de la comunidad universitaria, al carecer de programas de seguridad social y eliminar los seguros HCM.  El desafío por sobrevivir es mayor por la precariedad del sistema de salud público, la eliminación de los institutos de previsión social y la desvalorización de las cajas de ahorro por la hiperinflación. Cierra este dantesco cuadro, el congelamiento de la discusión de los contratos colectivos para imponer falsas y unilaterales contrataciones, avaladas solo por federaciones y sindicatos fantasmas.

Finalmente, el régimen se acerca a su objetivo principal con respecto a las universidades, en lo que representa la solución final, el holocausto universitario creado por ellos, al convertir el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria en el “órgano del Estado Socialista” que debe orientar el modelo educativo revolucionario hacia la formación ética y a la producción socialista, al asumir el gobierno el control directo del ingreso y distribución de la matrícula estudiantil, y regular las condiciones de trabajo de todo el personal que labora en las universidades oficiales y privadas

Ante ello, obreros, estudiantes, empleados y docentes siguen en su lucha por superar las políticas de hambre, represión y muerte impuesta por este régimen fascista. 

  

Plan pesadilla olímpica

            Paris 2024

Jesús Elorza

A un mes del anuncio hecho por Maduro, en el acto de recibimiento a los atletas participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio, el tema de conversación en el sector deportivo estaba referido a los avances de lo anunciado en ese acto. Muchos, por no decir la gran mayoría de los atletas, entrenadores, dirigentes, padres, representantes y periodistas dudaban de las promesas ofrecidas, pero, le daban el beneficio de la duda y esperaban a ver para creer que no era un engaño más. 

La realidad, no se hizo esperar y en el transcurso de treinta días el “Plan Sueño Olímpico Paris 2024” progresivamente se fue transformando en una pesadilla continúa. Todos veían y sentían como día a día Maduro quedaba al desnudo con el incumplimiento progresivo de lo rimbombantemente ofrecido como la ruta a seguir para la próxima cita olímpica. Un simple análisis, de cada una de las promesas, en lo relacionado con la oferta y lo cumplido nos permite dejar en evidencia la nueva farsa gubernamental de sus planes para, ahora si, atender el deporte: 

     -Promesa # 1: “Ordenó a la vicepresidente ejecutiva, Delcy Rodríguez convocar a los integrantes del sector deportivo de Venezuela, a mesas de trabajo, para en un lapso no mayor de 15 días, presentar el Plan Sueño Olímpico Paris 2024”

El sueño, ya presenta una pesadilla de retraso mayor a una quincena. El plan no aparece por ningún lado. Se repite la historia, de la traída de los 10.000 “entrenadores” cubanos a partir del año 2002, con la finalidad de hacer un diagnóstico del deporte en el país y a 19 años de ese hecho, todavía no se conoce ni siquiera un párrafo de ese famoso diagnóstico.

    -Promesa # 2: “Traer a Venezuela los mejores entrenadores de Asia, Europa, África, los mejores del mundo, de acuerdo a la especialidad”.

La pesadilla sigue con el correr de los días. Con la experiencia del atraso en los pagos, vivida por los entrenadores polacos y eslovenos, hasta ahora ningún entrenador ha firmado contrato para venir al país. La pesadilla alcanzó niveles de terror con lo sucedido al entrenador de la Vinotinto de Futbol ¡¡¡catorce meses sin cobrar su sueldo!!!

     -Promesa # 3: “En un lapso de 30 días ya deberíamos saber quiénes son las promesas olímpicas rumbo a Paris 2024 y darle todo el apoyo psicológico, financiero, de entrenamiento, técnico, logístico y científico”.

En este punto, Maduro entró en un proceso de alucinación, al pretender hacernos creer que como el mago Merlín, tenía una bola de cristal para desde ya ver quiénes son las promesas olímpicas, pasando por alto, que solo en las competencias y no en alucinaciones es que se ganan los derechos a formar parte de una selección nacional deportiva.

      -Promesa # 4: “Durante el mes de diciembre, de este año, se retomará todo el Sistema de los Juegos Deportivos Nacionales”.

Diez años consecutivos de suspensión de los juegos nacionales 2011-2021, han sido la peor pesadilla que ha tenido el deporte venezolano. Ahora, el delirio gubernamental, pretende hacer creer que lo no resuelto en una década va a resolverse en tres meses. En este momento ¡¡¡ningún estado del país tiene recursos económicos para asistir a unos juegos. Los entrenadores tienen salarios de hambre. Las instalaciones están deterioradas. Los atletas carecen de asistencia social. A todo esto, hay que sumarle la crisis de combustible, transporte, alimentación, salud e hiperinflación.

Se hace evidente por demás, que el sueño de los deportistas venezolanos por alcanzar niveles de superación y representar al país en eventos internacionales, se transforma en una pesadilla por la incapacidad gubernamental para resolver los problemas que afectan al deporte.