¿Transición o retroceso?

Jesús Elorza

En el escenario político derivado de la captura de Nicolás Maduro, se observa que, la "transición" se convierte en una especie de protectorado administrativo bajo el mando de Washington y la ejecución de la estructura madurista remanente, plantea un dilema existencial para las fuerzas democráticas.

Al excluir al Prtesidente Electo el 28 de julio de 2024 Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado y suspender la vigencia de los plazos constitucionales (los 90 días del artículo 233) para la presidencia interina, el país entra en una zona de orfandad institucional.

En este contexto de exclusión, el papel de la sociedad civil, los partidos y los trabajadores debe mutar de la "participación" a la "resistencia y auditoría cívica”. Cuando las instituciones formales son cooptadas por una fuerza extranjera y un régimen usurpador, la sociedad civil se convierte en la única fuente de legitimidad interna. Sus acciones deberían estar orientadas a:

• Mantener viva la memoria del 28J. Si el gobierno de Trump y Delcy Rodríguez ignoran las actas y la voluntad popular, las ONG deben seguir proyectando esos resultados ante la ONU, la OEA y la UE, recordándole al mundo que la "paz" de Trump es una paz sin democracia.
• Auditoría de Recursos: Frente a una administración petrolera "absoluta" por parte de EE. UU., las organizaciones de transparencia deben denunciar el saqueo o la falta de rendición de cuentas, apelando a la soberanía nacional sobre los recursos.

Al ser ignorados por el nuevo eje Trump-Rodríguez, los partidos de la Plataforma Unitaria Democratica (PUD) enfrentan el riesgo de la irrelevancia. Sus acciones deberían centrarse en:

• Ratificar a Edmundo González como el Presidente Electo en el exilio o en la clandestinidad, creando un contraste ético frente a la "Presidencia Designada" de Delcy.
• Exigir sin descanso el cumplimiento de los 90 días constitucionales para convocar a elecciones. Señalando que el gobierno actual es una "junta de facto",

En una economía donde el petróleo pasa a manos extranjeras y la burocracia sigue en manos del madurismo, los trabajadores son el único factor que puede encarecer la operatividad del acuerdo:

• Resistencia en el Sector Público: Los trabajadores no deben convalidar órdenes que violen el ordenamiento legal. Exigir la libertad de los presos políticos.
•  Articular un discurso de defensa del patrimonio nacional frente a la entrega del petróleo a cambio de la supervivencia de la cúpula madurista.

Estamos en presencia de un choque entre ¿Protectorado o República?  En el primero, se ve claramente que la autoridad de gobierno es administrada por los Estados Unidos contrario al modelo republicano donde la autoridad es representativa de la soberanía popular, Igual, situación podemos distinguir con el control de los recursos que pasan de la Propiedad del Estado al control directo norteamericano. En lo referente a los plazos para la transición podemos ver el choque de ambas concepciones: En el modelo de protectorado el tiempo es indefinido y en el modelo de república se establece un periodo constitucional de 90 días.

La paradoja de la Libertad

Resulta irónico que la "libertad" se plantee mediante la captura de un dictador para ser sustituido por su mano derecha, bajo la tutela de un país que históricamente ha criticado el intervencionismo cuando no le favorece. El mayor riesgo aquí es que la estabilidad económica (petróleo) se compre al precio de la dignidad política venezolana. Este escenario deja a la oposición en una posición de "Tercera Vía": ni con el régimen que queda, ni con la intervención que los ignora.

En este contexto de "protectorado petrolero" que se ha configurado en los primeros días de enero de 2026, la comunidad internacional se encuentra ante un dilema histórico: aceptar el hecho consumado de la fuerza norteamericana o defender los principios de soberanía popular que el propio Trump está ignorando al pactar con el madurismo residual.

La Unión Europea se niega a: Reconocer a Delcy Rodríguez como "Presidenta de Transición", exigiendo que cualquier autoridad transitoria deba emanar de un acuerdo nacional con la oposición ganadora del 28J. A permitir el acceso de este nuevo protectorado a sistemas financieros europeos o fondos de reconstrucción si no se garantiza un cronograma electoral de 90 días y la libertad de los presos políticos.

El foro de la ONU puede emitir resoluciones que declaren el gobierno de transición como ilegal. El hecho de que Maduro esté preso en EE. UU. no anula la cadena de mando. La Corte Penal Internacional (CPI) puede seguir emitiendo órdenes de captura contra otros miembros de la estructura que hoy Trump pretende mantener en el poder (incluyendo figuras clave del madurismo). Esto serviría para recordar a Washington que no puede haber "paz" pactando con presuntos criminales de lesa humanidad.

La tragedia actual es que Venezuela parece haber pasado de un conflicto entre "dictadura y democracia" a uno de "imperialismo vs. soberanía", donde el gran perdedor es el voto ciudadano.